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Likud denuncia presuntas irregularidades electorales en Israel y exige una investigación oficial

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Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel y Presidente de Likud

El partido de Benjamín Netanyahu afirma haber entregado testimonios y pruebas sobre supuestos delitos en centros de votación de comunidades árabes. La Comisión Electoral Central confirmó que examina la reclamación, mientras el escrutinio parcial mantiene a los principales bloques sin la mayoría necesaria para formar Gobierno.

Por La Redacción | guacin.com

JERUSALÉN. El partido Likud, encabezado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, solicitó este miércoles a la Policía, al servicio de seguridad interior Shin Bet y a la Comisión Electoral Central una investigación exhaustiva sobre presuntas irregularidades registradas durante las elecciones parlamentarias celebradas en Israel.

En una declaración difundida a través de la cuenta oficial de Benjamín Netanyahu en X, el Likud sostuvo que las elecciones fueron “robadas” por partidos árabes y atribuyó las supuestas anomalías a sobornos, amenazas, violencia, falsificaciones, votaciones múltiples y utilización de herramientas informáticas prohibidas para movilizar electores.

La formación aseguró haber remitido a las autoridades “cientos de testimonios y pruebas”, entre ellos denuncias relativas a sobres con dinero y papeletas de Ra’am, discrepancias entre el número de votantes y los sobres depositados, utilización de identidades duplicadas y presiones contra integrantes de mesas electorales. Estas afirmaciones corresponden a la versión del Likud y, por sí mismas, no constituyen una comprobación independiente de fraude electoral ni una determinación judicial.

La Comisión Electoral Central confirmó que recibió la solicitud del Likud y que la está examinando dentro de su operación habitual de supervisión de la integridad electoral. Un funcionario del organismo había rechazado previamente la existencia de un fraude generalizado, mientras que, hasta ese momento, las alegaciones presentadas por el partido de Netanyahu no habían sido acompañadas públicamente por pruebas verificables.

Un escrutinio todavía abierto

La denuncia se produce en un escenario político estrecho y con resultados aún incompletos. Con aproximadamente el 85 % de los votos escrutados, ninguna de las dos principales alianzas alcanzaba los 61 escaños necesarios para controlar la Knéset, el Parlamento israelí de 120 miembros. Las cifras provisionales situaban al bloque favorable a Netanyahu en torno a 53 escaños, mientras las fuerzas opositoras lideradas por Gadi Eisenkot permanecían también por debajo de la mayoría absoluta.

Las listas árabes, principalmente la Lista Conjunta y Ra’am, obtenían conjuntamente alrededor de 19 escaños en el recuento parcial, lo que las colocaba en una posición potencialmente decisiva para la conformación del próximo Gobierno. La mayoría parlamentaria exige 61 diputados y los resultados definitivos todavía dependen, entre otros componentes, del cómputo de votos emitidos mediante sobres dobles por soldados, diplomáticos, pacientes hospitalizados y otros colectivos.

El fuerte crecimiento de la participación en localidades árabes se convirtió rápidamente en uno de los ejes de la controversia poselectoral. El Likud relacionó ese aumento con sus sospechas de fraude, pero una participación elevada constituye, en sí misma, el ejercicio de un derecho democrático y no demuestra la existencia de irregularidades. Cualquier acusación deberá ser contrastada mediante auditorías documentales, revisión de actas, trazabilidad de papeletas, análisis técnico y procedimientos judiciales sujetos al debido proceso.

Denuncias procedentes de distintos partidos

La jornada electoral también estuvo marcada por reclamaciones de otras organizaciones políticas. Yashar, partido dirigido por Gadi Eisenkot, denunció la desaparición, alteración y deterioro de papeletas en varios centros; otra formación comunicó situaciones similares. La Comisión Electoral Central rechazó además informaciones según las cuales representantes del Likud habrían utilizado ilegalmente una aplicación para rastrear electores dentro de los colegios.

Estos antecedentes aconsejan que la investigación no se concentre exclusivamente en una comunidad o corriente política. La revisión debe abarcar todas las denuncias recibidas, aplicar criterios uniformes y garantizar tanto la persecución de eventuales delitos como la protección de los ciudadanos frente a acusaciones colectivas no demostradas.

La integridad electoral exige investigar con rapidez, pero también evitar que la imputación de responsabilidades preceda a la comprobación de los hechos. Las autoridades competentes deberán determinar si las pruebas anunciadas por el Likud sustentan casos individualizados, irregularidades capaces de alterar resultados o denuncias sin respaldo suficiente.

Transparencia para proteger la legitimidad democrática

Ante la gravedad de las acusaciones, una respuesta institucional sólida debería incluir la preservación inmediata del material electoral, la publicación periódica de información verificable, la identificación precisa de los centros cuestionados y la participación de observadores o especialistas independientes cuando lo permita la legislación israelí. También tendría que establecerse una diferenciación rigurosa entre errores administrativos, infracciones aisladas y un fraude organizado con capacidad real para modificar la asignación de escaños.

La investigación, además, debe respetar la presunción de inocencia y evitar generalizaciones contra la ciudadanía árabe israelí. Los delitos electorales, cuando se prueban, son responsabilidad de personas u organizaciones determinadas, no de comunidades enteras. Convertir una reclamación jurídica en una imputación colectiva agravaría las divisiones sociales y debilitaría la confianza en el sistema que se pretende proteger.

Israel atraviesa un momento decisivo. La legitimidad del próximo Gobierno dependerá no solo de las negociaciones parlamentarias, sino también de que el recuento sea verificable y las reclamaciones reciban respuestas institucionales fundamentadas. Investigar las denuncias es indispensable; presentar como definitivos hechos todavía no probados sería igualmente perjudicial para la democracia.

La Comisión Electoral Central, la Policía y los tribunales tienen ahora la responsabilidad de esclarecer los señalamientos con independencia, transparencia y celeridad. La prioridad debe ser doble: sancionar cualquier delito demostrado y preservar, sin discriminaciones, el valor de cada voto legítimamente emitido.

La Redacción
guacin.com

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Traducción:
.@netanyahu Las elecciones en el Estado de Israel fueron robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo y la eliminación del Estado judío mediante delitos penales graves de soborno, amenazas, violencia, falsificaciones y el uso de software prohibido para movilizar votantes.

El partido Likud remite a la policía, al Shin Bet y a la Comisión Electoral cientos de testimonios y pruebas sobre el robo de elecciones en numerosas urnas árabes: miles de sobres con dinero en efectivo y papeletas de Ra’am, amenazas y violencia contra los miembros de las mesas electorales, votaciones múltiples detrás del biombo, votos con identidades duplicadas, discrepancias entre el número de sobres y el número de votantes, uso de software de movilización prohibido y más.

Exigimos a la policía y al Shin Bet una investigación exhaustiva por el robo de elecciones perpetrado por los partidos árabes y el agotamiento de la acción penal contra los delincuentes.

Exigimos a la Comisión Electoral una respuesta inmediata para investigar estos delitos penales que han dañado de manera extrema la pureza de las elecciones en Israel y los resultados electorales.

Esta es una agresión grave a la democracia israelí y al derecho al voto de los ciudadanos de Israel. Los organismos de aplicación de la ley deben actuar con mano dura e inmediata. https://x.com/netanyahu/status/2115479434169868618?a=lu8dbvyO5HXN4nnJgl8&s=20

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