- La operación ordenada por Nayib Bukele para recuperar con vida a cuatro aerotécnicos salvadoreños proyecta firmeza frente a las bandas armadas, pero también plantea interrogantes sobre proporcionalidad, reglas de enfrentamiento y protección de civiles. El apoyo logístico y de inteligencia ofrecido por el presidente Luis Abinader exige un equilibrio diplomático aún más delicado: contribuir a la seguridad regional sin desplegar tropas dominicanas en Haití, exceder el mandato internacional, vulnerar la soberanía del país vecino ni deteriorar una relación bilateral marcada por la proximidad geográfica y la sensibilidad histórica.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
La historia comenzó en una carretera del sector de Santo, en la comuna haitiana de Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe. El 18 de octubre de 2026, cuatro aerotécnicos salvadoreños regresaban a su campamento en un vehículo blindado cuando fueron atacados con armas de fuego y artefactos explosivos. El vehículo se incendió; sus ocupantes lograron abandonarlo, pero posteriormente se perdió toda comunicación con ellos. Desde entonces, su paradero y estado permanecen sin confirmación pública. De los cuatro desaparecidos, solo ha trascendido la identidad de Edimar Rosales, de 23 años, quien consiguió enviar audios y vídeos a su familia mientras se producía la emboscada (Diario Libre, 2026a; Informe56, 2026). [diariolibre.com], [informe56.com]
Al otro lado del teléfono, la familia de Edimar Rosales escuchó cómo una misión internacional se transformaba en una pesadilla íntima. Aquellos mensajes fueron el último puente conocido entre los aerotécnicos y el país que los había enviado a Haití. Once días después del ataque, las autoridades todavía no habían identificado públicamente a sus presuntos captores ni confirmado si los cuatro continuaban con vida (Diario Libre, 2026a). [diariolibre.com]
La incertidumbre dejó de ser únicamente un drama familiar y un problema consular. Para El Salvador, se convirtió en una cuestión de Estado.
Desde la Casa Presidencial, Nayib Bukele pronunció una frase concebida para dominar los titulares: “Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas” (García, 2026, párr. 3). El mandatario delimitó públicamente el objetivo inmediato de la operación: recuperar con vida a los cuatro aerotécnicos. También sostuvo que sus fuerzas no pretendían desarrollar una ofensiva general contra las bandas haitianas, aunque actuarían contra los grupos que intentaran impedir el rescate (García, 2026; Rodas, 2026). [elsalvador.com], [infobae.com]
No fue una declaración neutral. Fue un ultimátum destinado a proyectar determinación, elevar el coste de la retención y trasladar a los captores la responsabilidad política por la duración de la operación. “Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde”, afirmó Nayib Bukele (García, 2026, párr. 8). Con esa promesa procuró fijar una estrategia de salida aparentemente sencilla: entrar, rescatar y retirarse. [infobae.com]
Sin embargo, entre la claridad de una consigna y la complejidad del terreno haitiano existe una distancia estratégica que no puede ignorarse.
La doctrina salvadoreña sale de sus fronteras
La movilización anunciada supera los 2.000 militares. Los cuatro desaparecidos pertenecen a la Fuerza Aérea de El Salvador y formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida como GSF por sus siglas en inglés. El Gobierno salvadoreño presentó el despliegue como una operación de búsqueda y rescate coordinada con las autoridades haitianas y respaldada por otros países y organismos internacionales (Cerón, 2026). [infobae.com]
La Fuerza de Supresión de Pandillas no es una coalición improvisada. La Resolución 2793 (2025) del Consejo de Seguridad autorizó a los Estados participantes a integrar esta fuerza por un periodo inicial de doce meses, en estrecha coordinación con el Gobierno haitiano. El mandato contempla operaciones selectivas basadas en inteligencia para neutralizar, aislar y disuadir a las bandas, proteger infraestructuras críticas y fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas haitianas. También exige respeto estricto al derecho internacional, los derechos humanos, la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la unidad de Haití (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2025). [digitallib…ary.un.org], [press.un.org], [documents.un.org], [mandates.un.org]
Este marco jurídico introduce una distinción decisiva. La operación salvadoreña no debe analizarse como una acción unilateral desligada de toda institucionalidad internacional, siempre que se mantenga dentro del mandato aprobado, de la coordinación con las autoridades haitianas y de las reglas aplicables a la fuerza. Pero tampoco puede entenderse como una autorización ilimitada. La legitimidad internacional no elimina las obligaciones de proporcionalidad, protección de civiles, rendición de cuentas y respeto de los objetivos específicos autorizados.
El operativo representa, además, la proyección exterior de la doctrina de seguridad con la que Nayib Bukele ha construido parte sustancial de su liderazgo: el Estado no debe negociar desde la debilidad, sino responder mediante una capacidad operativa visible frente a las organizaciones que desafían el orden legítimo.
El mandatario sostiene que El Salvador conoce el funcionamiento de esas estructuras porque las padeció durante décadas. Al comparar ambos escenarios, recordó los homicidios, las extorsiones, el reclutamiento de menores y el control territorial atribuidos a las pandillas salvadoreñas. Desde esa experiencia intentó establecer un paralelismo con las bandas que dominan amplias zonas de Haití (García, 2026). [infobae.com]
La comparación posee fuerza comunicativa, pero debe manejarse con cautela. Las pandillas salvadoreñas y las coaliciones armadas haitianas pueden compartir prácticas de intimidación, extorsión, secuestro y sometimiento de comunidades. No obstante, operan en escenarios políticos, geográficos, sociales e institucionales diferentes.
Una estrategia aplicada dentro del territorio salvadoreño no puede trasladarse mecánicamente a un país caracterizado por la fragmentación del poder, la debilidad de las instituciones, la circulación de armamento de alto calibre y la presencia de múltiples actores nacionales e internacionales. El mayor riesgo sería confundir experiencia con equivalencia. Conocer una manifestación de la criminalidad organizada no significa controlar automáticamente todas sus variantes.
El respaldo dominicano: cooperación sin intervención
En este escenario aparece la dimensión dominicana. El 24 de octubre de 2026, el presidente Luis Abinader confirmó que había conversado con Nayib Bukele sobre la colaboración logística y de inteligencia vinculada a las operaciones contra las bandas en Haití. También afirmó que ambos gobiernos mantenían seguimiento a la situación y subrayó que la responsabilidad primordial de su Administración consiste en proteger la frontera y a la población dominicana (Acento, 2026; Martínez, 2026). [acento.com.do], [elsalvador.com]
El respaldo dominicano no supone el ingreso de tropas de la República Dominicana en territorio haitiano ni su participación directa en los combates. Según las informaciones publicadas, la cooperación comprende apoyo logístico y de inteligencia, tránsito de contingentes y equipos, facilidades para operaciones aéreas y eventuales evacuaciones médicas. Las autoridades dominicanas han mantenido el límite de no intervenir directamente en las acciones armadas dentro de Haití (Diario Libre, 2026b, 2026c). [diariolibre.com], [diariolibre.com]
Esa delimitación no representa indiferencia. Constituye una decisión jurídicamente prudente y diplomáticamente necesaria. La Carta de las Naciones Unidas reconoce la igualdad soberana de los Estados y prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra su integridad territorial o independencia política. También exige que las controversias internacionales se resuelvan por medios pacíficos (Naciones Unidas, 1945, art. 2). [legal.un.org], [main.un.org], [un.org]
El sistema interamericano refuerza esa orientación. La Carta de la Organización de los Estados Americanos vincula la solidaridad regional con el respeto de la soberanía, la integridad territorial, la independencia, la democracia representativa y la no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros (Organización de los Estados Americanos, 1948). [oas.org], [oas.org], [cidh.oas.org]
Cooperar desde territorio dominicano, compartir información, facilitar tránsito logístico y apoyar evacuaciones es jurídica y políticamente distinto de introducir fuerzas dominicanas en un Estado vecino. Cualquier operación armada dentro de Haití debe descansar sobre una base jurídica reconocible, permanecer dentro del mandato internacional correspondiente y desarrollarse en coordinación con las autoridades haitianas competentes.
La posición dominicana debe sostenerse sobre cuatro principios complementarios: firmeza frente a las bandas, protección del territorio nacional, respeto al pueblo haitiano y reconocimiento de la soberanía del Estado vecino.
Esta diferenciación es esencial. Las organizaciones que secuestran, extorsionan, asesinan y someten comunidades no representan a la nación haitiana. Combatirlas no debe transformarse en una confrontación contra la sociedad ni en un discurso que lesione la dignidad de su pueblo.
Las relaciones entre los dos países están atravesadas por una historia compleja, episodios de desconfianza y sensibilidades acumuladas. Por ello, cualquier colaboración dominicana relacionada con operaciones en Haití debe explicarse con rigor jurídico, prudencia política y sensibilidad diplomática.
No corresponde presentar a la sociedad haitiana como un bloque homogéneo ni atribuirle una hostilidad colectiva contra los dominicanos. Lo responsable es reconocer que las tensiones históricas pueden ser instrumentalizadas por actores políticos, propagandísticos o criminales para exacerbar resentimientos. La cautela diplomática, en este contexto, no equivale a debilidad. Es una forma de protección estratégica.
Una política respaldada por cinco años de reclamos ante la ONU
El respaldo logístico y de inteligencia ofrecido por el Gobierno dominicano no constituye un giro improvisado. Se inscribe en una línea diplomática sostenida por Luis Abinader ante la Organización de las Naciones Unidas desde 2021: la crisis haitiana amenaza la seguridad regional, no admite una solución exclusivamente dominicana y requiere una respuesta multilateral que integre seguridad, institucionalidad, asistencia humanitaria y recuperación democrática.
En su intervención ante el 76.º periodo de sesiones de la Asamblea General, el 22 de septiembre de 2021, Luis Abinader exhortó a la comunidad internacional a no abandonar al pueblo haitiano en medio de la inseguridad, la división política y la expansión de las organizaciones criminales. Estableció entonces uno de los principios centrales de su política exterior: “no hay, ni habrá jamás, una solución dominicana a la crisis de Haití” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2021). [gadebate.un.org], [cdn.com.do]
El planteamiento vinculó seguridad y democracia. Sin condiciones mínimas de orden público, argumentó el mandatario, no sería posible celebrar elecciones libres y confiables ni conformar un Gobierno haitiano con legitimidad suficiente para encabezar un programa integral de desarrollo. Las acciones humanitarias, aunque indispensables, no bastaban frente a una crisis política, institucional y territorial (CDN, 2021). [cdn.com.do]
En 2022, Luis Abinader no intervino personalmente ante la Asamblea General debido a la emergencia causada por el huracán Fiona. Su ausencia no significó el abandono de la gestión diplomática sobre Haití (Vargas, 2026). [eldia.com.do]
En septiembre de 2023, durante el 78.º periodo de sesiones, respaldó expresamente el establecimiento de una fuerza multinacional que ayudara a las autoridades haitianas a recuperar el control territorial. Agradeció la disposición de Kenia para encabezar la misión y reiteró que la responsabilidad no podía recaer sobre la República Dominicana. Nuevamente presentó la seguridad como una condición para atender la emergencia humanitaria, recuperar las instituciones y abrir una vía democrática (Acento, 2023; Diario Libre, 2023). [diariolibre.com], [acento.com.do]
El 13 de febrero de 2024, ante el Consejo de Seguridad, el mandatario afirmó que había terminado el tiempo de las promesas y reclamó los recursos económicos, logísticos y operativos necesarios para poner en funcionamiento la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. También advirtió que el colapso haitiano constituiría una amenaza para la República Dominicana y para la región (Presidencia de la República Dominicana, 2024a). [presidencia.gob.do]
Su advertencia fue categórica: “¡O luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger a República Dominicana!” (Presidencia de la República Dominicana, 2024a, párr. 4). El mensaje no propuso una incursión unilateral dominicana. Exigió que la comunidad internacional cumpliera los compromisos asumidos y dotara de recursos a la misión autorizada. [presidencia.gob.do]
El 25 de septiembre de 2024, ante el 79.º periodo de sesiones, Luis Abinader definió la estabilización de Haití como una necesidad estratégica para la seguridad dominicana y caribeña. Solicitó una implicación internacional sostenida, advirtió sobre las consecuencias regionales de un posible colapso y presentó la misión multinacional como una esperanza para recuperar la normalidad (Presidencia de la República Dominicana, 2024b). [presidencia.gob.do], [mirex.gob.do]
El 24 de septiembre de 2025, ante la 80.ª Asamblea General, describió un escenario marcado por la violencia extrema, el debilitamiento institucional y el control territorial de las organizaciones criminales. Consideró insuficientes la escala y el financiamiento de la misión existente y respaldó una presencia internacional más robusta (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2025). [gadebate.un.org], [gadebate.un.org]
Tras la aprobación de la Resolución 2793 (2025), el presidente dominicano afirmó que su Gobierno trabajaría para acelerar la transición hacia la Fuerza de Supresión de Pandillas. El Consejo de Seguridad autorizó esa fuerza con un máximo de 5.550 integrantes, en coordinación con el Gobierno haitiano y bajo obligaciones expresas de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos (Presidencia de la República Dominicana, 2025; Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2025). [presidencia.gob.do], [press.un.org], [documents.un.org]
Finalmente, el 23 de septiembre de 2026, ante el 81.º periodo de sesiones, Luis Abinader reclamó pasar de las resoluciones a la ejecución. Solicitó completar el despliegue de la fuerza, aportar los recursos pendientes, hacer cumplir el embargo de armas, sancionar a quienes financian o protegen a las bandas y fortalecer la Policía, las Fuerzas Armadas y la justicia haitianas (Presidencia de la República Dominicana, 2026). [presidencia.gob.do], [gadebate.un.org]
La secuencia muestra una política reconocible: enfrentar a las organizaciones criminales, bloquear sus fuentes de armas y financiación, proteger a la población civil, fortalecer las instituciones haitianas y crear condiciones para el restablecimiento de la democracia. La seguridad aparece como un medio para reconstruir el Estado, no como un sustituto indefinido de la política.
Del rescate limitado al riesgo de escalada
El objetivo declarado por El Salvador es legítimo y humanamente comprensible: conseguir que cuatro compatriotas regresen con vida. Ningún Estado responsable puede permanecer indiferente ante la desaparición de sus ciudadanos en una misión internacional. Sin embargo, la magnitud del despliegue obliga a evaluar continuamente la proporcionalidad entre el objetivo anunciado y los medios movilizados.
Una operación respaldada por más de 2.000 efectivos, helicópteros, vehículos blindados y capacidad de combate puede aumentar la presión sobre los captores. También puede intensificar los enfrentamientos, elevar el peligro para los propios desaparecidos y producir consecuencias para la población civil.
Médicos Sin Fronteras advirtió sobre el aumento de la violencia en Puerto Príncipe y sobre la presencia de mujeres y niños entre las personas heridas atendidas en sus centros médicos, mientras se intensificaban los enfrentamientos posteriores a la desaparición de los salvadoreños (Radio Francia Internacional, 2026). [rfi.fr]
Aquí reside la contradicción central de toda operación de rescate: cuanto mayor sea la fuerza empleada para salvar a los retenidos, mayor puede ser también el riesgo de una reacción violenta de sus captores.
El éxito no debe medirse por la cantidad de soldados desplegados ni por la severidad de las declaraciones. Existirá una victoria verdadera si los cuatro aerotécnicos regresan con vida, si la población civil permanece protegida y si la misión no deriva en una intervención más extensa que su objetivo inicial.
La diplomacia detrás del lenguaje de fuerza
Nayib Bukele presentó el conflicto como una lucha entre el bien y el mal, recurrió al lenguaje religioso y aseguró confiar en la victoria de sus fuerzas. También atribuyó a algunas bandas haitianas prácticas satánicas y sacrificios humanos, acusaciones para las cuales no presentó pruebas durante su intervención pública (García, 2026). [infobae.com], [cibercuba.com]
Ese discurso puede fortalecer la cohesión interna y deslegitimar moralmente a los captores. Sin embargo, también puede reducir el espacio para la mediación humanitaria, la negociación indirecta o una salida que permita recuperar a los retenidos sin desencadenar una confrontación abierta.
La firmeza puede ser necesaria, pero la retórica no debe encerrar a un Gobierno dentro de una sola alternativa. La capacidad militar resulta más eficaz cuando está acompañada por inteligencia precisa, coordinación con las autoridades haitianas, comunicación reservada y opciones diplomáticas orientadas a preservar vidas.
Apoyar al Estado haitiano, no sustituirlo
La solución estructural no puede consistir en reemplazar indefinidamente al Estado haitiano mediante fuerzas extranjeras. La comunidad internacional debe contribuir a que Haití fortalezca su Policía Nacional, sus Fuerzas Armadas, su sistema de justicia y sus instituciones electorales, para que recupere el control legítimo del territorio y restablezca plenamente el orden democrático.
La expresión “eliminación de las pandillas” debe entenderse jurídicamente como la desarticulación de su capacidad operativa, financiera y territorial, el bloqueo de sus fuentes de armas y el sometimiento de sus responsables a la justicia. No puede significar ejecuciones extrajudiciales, castigos colectivos ni acciones contrarias a los derechos humanos. La Resolución 2793 exige precisamente que las operaciones se ejecuten dentro del derecho internacional y con respeto a la soberanía y a los derechos fundamentales (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2025). [documents.un.org], [mandates.un.org]
El objetivo regional debe ser un Estado haitiano capaz de ejercer autoridad, brindar seguridad a su población y mantener relaciones estables con sus vecinos. Para la República Dominicana, esa recuperación institucional resulta esencial. Un Haití gobernable, seguro y democrático constituye una condición favorable para la estabilidad de toda la isla.
La buena vecindad no significa renunciar a la defensa de los intereses dominicanos. Significa conducirlos mediante el diálogo, la reciprocidad, la legalidad y la cooperación. Ambos países poseen intereses comunes en el comercio bilateral, la salud pública, la seguridad fronteriza, la protección ambiental, la gestión de recursos compartidos y la lucha contra las actividades ilícitas transfronterizas.
La prueba más difícil
La operación ordenada por Nayib Bukele constituye una apuesta de alto riesgo. Puede demostrar la capacidad de un Estado para proteger a sus ciudadanos dentro de una misión internacional, pero también podría derivar en una intervención más amplia si los objetivos, las reglas operativas y la estrategia de salida no permanecen estrictamente delimitados.
El respaldo ofrecido por Luis Abinader incorpora una dimensión regional necesaria, pero debe conservar su naturaleza logística, humanitaria y de inteligencia. La República Dominicana tiene derecho a proteger su territorio y cooperar contra organizaciones que amenazan la estabilidad del Caribe. Al mismo tiempo, debe evitar cualquier acción que pueda interpretarse como una incursión unilateral, una ocupación o una política dirigida contra el pueblo haitiano.
En esta historia, el desenlace todavía no está escrito. Cuatro hombres permanecen en el centro de una crisis que ya trasciende sus vidas. Detrás de ellos avanza un contingente militar; frente a ellos opera un entramado criminal; alrededor, una población haitiana agotada contempla cómo otro episodio de su tragedia nacional adquiere dimensión internacional.
Nayib Bukele ha colocado sobre la mesa una promesa poderosa: traerlos de regreso. Cumplirla sin transformar el rescate en una intervención prolongada será una prueba decisiva para su liderazgo.
Para Luis Abinader, el desafío es diferente, pero igualmente complejo: cooperar con una operación internacional legítima sin comprometer la soberanía dominicana, vulnerar la haitiana ni alimentar resentimientos entre dos pueblos que la geografía obliga a convivir.
En Haití no bastará con demostrar quién dispone de mayor fuerza. La verdadera victoria consistirá en emplearla con legalidad, proporcionalidad y humanidad. Firmeza contra las bandas, respeto al pueblo haitiano, protección de la frontera dominicana y respaldo a la reconstrucción democrática del Estado vecino: ese debe ser el equilibrio./
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