La propuesta de imponer en California un gravamen extraordinario a las grandes fortunas ha producido una escena reveladora: el posible impuesto personal de Mark Zuckerberg terminó influyendo en decisiones estratégicas de Meta, la compañía que dirige y controla.
La Proposición 40, que será sometida a votación el 3 de noviembre, plantea cobrar por una sola vez un 5 % sobre el patrimonio de los residentes de California cuya riqueza supere los 1.000 millones de dólares. La mayor parte de lo recaudado estaría destinada a compensar recortes federales en sanidad, mientras un 10 % financiaría educación y asistencia alimentaria. [finance.yahoo.com], [apnews.com]
Ante una eventual obligación tributaria superior a 11.000 millones de dólares, Mark Zuckerberg comunicó que consideraba abandonar el estado. Posteriormente alcanzó un acuerdo con la junta de Meta: podrá vender acciones de una nueva clase sin derecho a voto para obtener liquidez sin perder el control mayoritario de la empresa. A cambio, se comprometió a permanecer en California durante ocho años, salvo circunstancias imprevistas relevantes. [apnews.com]
El episodio plantea una cuestión incómoda. ¿Hasta qué punto debe una empresa reorganizar su capital para proteger al patrimonio personal de su máximo ejecutivo? Aunque la operación pueda justificarse como una medida para preservar la continuidad administrativa, también expone la extraordinaria capacidad de los grandes accionistas para adaptar las estructuras corporativas a sus necesidades particulares.
Sin embargo, la justicia tributaria no puede construirse únicamente desde la indignación. Los opositores al impuesto advierten que podría provocar la salida de contribuyentes de enorme capacidad fiscal y reducir futuras recaudaciones por renta. Sus defensores sostienen que las mayores fortunas deben contribuir proporcionalmente al sostenimiento de servicios públicos esenciales. [apnews.com]
Ese es el verdadero debate. No se trata de castigar el éxito ni de otorgar privilegios a la riqueza, sino de diseñar un sistema fiscal justo, jurídicamente sólido y económicamente sostenible.
La democracia debe decidir quién paga, cuánto paga y para qué paga. Pero ninguna fortuna, por gigantesca que sea, debería adquirir el poder de convertir una obligación ciudadana en una emergencia corporativa.
