Las elecciones parlamentarias del martes 27 de octubre colocan a Israel ante una decisión que supera la competencia entre partidos. Los comicios son interpretados como un referéndum sobre el liderazgo del primer ministro Benjamin Netanyahu, la conducción de las guerras posteriores al 7 de octubre de 2023, la seguridad nacional y las divisiones internas en torno al servicio militar. Las encuestas anticipan una contienda estrecha, lo que eleva el peso político de cada voto. [yahoo.com], [al-monitor.com]
En ese contexto, más de 50.000 israelíes residentes en el extranjero podrían regresar para votar. La movilización resulta especialmente significativa porque Israel no permite, salvo excepciones limitadas, que la mayoría de sus ciudadanos vote desde el exterior. Quienes desean participar deben viajar físicamente al país, asumiendo costes económicos y logísticos considerables. [yahoo.com], [timesofisrael.com]
La influencia de los expatriados despierta un debate legítimo: ¿deben quienes viven fuera decidir sobre políticas cuyas consecuencias inmediatas recaen principalmente sobre quienes permanecen en el territorio? La objeción merece consideración, pero no invalida el derecho ciudadano. Si el Estado conserva el vínculo jurídico con sus nacionales y les exige regresar para votar, no puede cuestionar su participación únicamente porque sus preferencias podrían modificar el equilibrio electoral. La ciudadanía no pierde su valor al cruzar una frontera.
La democracia israelí enfrenta así una prueba decisiva. Los votantes deberán pronunciarse no solo sobre quién gobernará, sino sobre el modelo de Estado que desean reconstruir después de años de guerra, polarización y deterioro de la confianza pública. Ningún resultado resolverá por sí solo las fracturas acumuladas; pero una participación amplia, libre y legítima puede abrir el camino hacia la rendición de cuentas, la renovación institucional y una política capaz de reconciliar seguridad, legalidad y paz.
