Es correcto afirmar que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita no son responsables exclusivos del origen de las guerras de Sudán y Yemen. También es cierto que alrededor de ambos conflictos gravitan potencias regionales, gobiernos extranjeros, redes comerciales, contratistas militares y organizaciones armadas con intereses contrapuestos. Pero reconocer esa multiplicidad de actores no puede convertirse en una coartada para relativizar el impacto de quienes financian, arman o protegen políticamente a los contendientes.
Una potencia no necesita haber disparado la primera bala para cargar con responsabilidad en la prolongación de una guerra.
En Sudán, la confrontación que estalló en 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido tiene raíces nacionales profundas: militarización del Estado, disputa por el poder, fracaso de la transición democrática, impunidad y competencia por los recursos. Sin embargo, el conflicto dejó de ser exclusivamente sudanés cuando redes externas comenzaron a proporcionar armas, financiación, tecnología, logística y combatientes.
Una investigación de las Naciones Unidas documentó redes transnacionales que habrían facilitado apoyo militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido desde varios países. El informe identificó personas y entidades vinculadas con Emiratos Árabes Unidos, además de conexiones con Colombia, Chad, Libia y Somalia. También señaló que los apoyos externos al Ejército sudanés continúan bajo investigación y que sus conclusiones son todavía preliminares. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, niega prestar respaldo militar a las fuerzas paramilitares. 12
La conclusión responsable no consiste en condenar selectivamente a un país y absolver a los demás. Consiste en exigir transparencia y rendición de cuentas a todos. Quien vende armas, moviliza mercenarios, facilita rutas logísticas o financia operaciones ofensivas está contribuyendo a modificar la duración, la intensidad y el costo humano de la guerra.
En Yemen, la responsabilidad es igualmente compartida, pero no por ello indistinta. La guerra civil comenzó antes de la intervención militar encabezada por Arabia Saudita en 2015. Los hutíes controlaban Saná desde 2014 y han recibido respaldo de Irán, mientras las fuerzas gubernamentales han contado con apoyo saudí. 34
Sin embargo, la posterior internacionalización militar fragmentó todavía más el territorio y multiplicó las agendas enfrentadas. Arabia Saudita ha respaldado al Gobierno reconocido internacionalmente, mientras fuerzas del sur vinculadas con Emiratos Árabes Unidos han impulsado proyectos políticos y territoriales propios. El resultado ha sido una coalición nominalmente unida contra los hutíes, pero dividida respecto del futuro político y la configuración territorial de Yemen. 56
La población civil vuelve a pagar el precio. La intensificación de los combates ha dejado a 800,000 personas sin acceso a asistencia vital, mientras el cierre de carreteras y la inseguridad obstaculizan la distribución de alimentos. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que la situación podría transformarse rápidamente en una catástrofe humanitaria. 3
Por eso, la discusión no debería limitarse a determinar quién comenzó cada guerra. Esa pregunta es históricamente importante, pero insuficiente para construir la paz. La cuestión decisiva es quién dispone hoy de capacidad para reducir la violencia y, en lugar de hacerlo, continúa alimentando estructuras armadas que sobreviven gracias al patrocinio exterior.
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita aspiran a desempeñar papeles centrales en la diplomacia, la inversión y la modernización económica mundial. Esa influencia también genera obligaciones. No es coherente presentarse como mediadores internacionales mientras los aliados locales reciben recursos que dificultan acuerdos políticos verificables.
La salida necesita medidas concretas: embargo efectivo de armas para todas las partes, vigilancia internacional de las rutas de suministro, investigación de intermediarios financieros y empresas privadas, sanciones contra quienes violen el derecho humanitario y negociaciones que no sean simples repartos de poder entre élites militares.
En Sudán, la prioridad debe ser detener el abastecimiento exterior, proteger a la población civil y reconstruir un proceso político encabezado por actores civiles sudaneses. En Yemen, se necesita un acuerdo que integre seguridad fronteriza, distribución de recursos, representación territorial, desarme gradual y garantías para todas las comunidades.
El señalamiento de The Economist es, por tanto, atendible, pero merece una precisión esencial: la pluralidad de responsables no reduce la responsabilidad individual de cada potencia. La amplía.
Ni los saudíes ni los emiratíes son los únicos actores externos. Tampoco son los creadores exclusivos de estas tragedias. Pero cuando una potencia posee recursos, influencia diplomática y acceso directo a los beligerantes, tiene dos opciones: utilizar ese poder para contener la guerra o emplearlo para administrar el conflicto en función de sus intereses.
La historia no juzgará solamente quién encendió el incendio. También juzgará quién siguió suministrando combustible cuando ya conocía la magnitud de la devastación./
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