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Haití no puede seguir esperando: restaurar la seguridad es un imperativo regional

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Las advertencias sobre la peligrosidad de las pandillas haitianas deben tomarse con seriedad, pero no pueden convertirse en una doctrina de resignación. Reconocer la capacidad operativa, el armamento y la extrema violencia de esas organizaciones criminales no significa aceptar que sean invencibles ni que Haití esté condenado definitivamente al caos.

Durante demasiado tiempo, el miedo al fracaso ha servido como argumento para justificar la inacción internacional. Se recuerda que las misiones anteriores no alcanzaron sus objetivos, que la realidad haitiana es distinta de la salvadoreña y que una intervención mal diseñada podría reproducir errores históricos. Son preocupaciones legítimas. Sin embargo, ninguna de ellas exime a la comunidad internacional de su responsabilidad frente al colapso de la seguridad y al sufrimiento de una población sometida al terror.

Haití no necesita improvisaciones, discursos triunfalistas ni comparaciones mecánicas con otros países. Requiere una estrategia propia, adaptada a sus condiciones políticas, sociales e institucionales. También necesita determinación, inteligencia operativa, cooperación internacional y una conducción que respete su soberanía.

La experiencia demuestra que la fuerza, por sí sola, no reconstruye un Estado. Pero tampoco puede restablecerse la democracia mientras organizaciones armadas controlen comunidades, bloqueen servicios esenciales, extorsionen a la población y desafíen abiertamente a las autoridades. La seguridad no constituye toda la solución, pero representa la condición indispensable para que cualquier solución política, económica o humanitaria pueda prosperar.

Por eso, desarticular las pandillas y recuperar los territorios bajo su dominio constituye un imperativo para Haití y para toda la región. La crisis haitiana trasciende sus fronteras. Sus consecuencias afectan la estabilidad del Caribe, agravan los desplazamientos humanos y crean espacios favorables para el tráfico ilícito de armas, drogas y personas.

La comunidad internacional, particularmente las Naciones Unidas, debe asumir con honestidad las limitaciones de sus actuaciones anteriores. Pero la autocrítica no puede degenerar en parálisis. Haber fracasado en determinadas misiones obliga a corregir métodos, fortalecer la supervisión y establecer responsabilidades claras. No autoriza a abandonar a millones de personas a merced de grupos criminales.

Cualquier esfuerzo serio debe combinar operaciones de seguridad cuidadosamente planificadas con el control del tráfico de armas, la persecución de las redes financieras que sostienen a las pandillas, el fortalecimiento de la Policía Nacional de Haití y la reconstrucción gradual de las instituciones públicas. También debe incluir mecanismos rigurosos de protección a la población civil, rendición de cuentas y respeto irrestricto de los derechos humanos.

La fe puede ofrecer fortaleza moral a quienes asumen una misión difícil. Sin embargo, la acción del Estado debe sustentarse en objetivos verificables, disciplina profesional, legalidad y responsabilidad política. Presentar el conflicto como una confrontación absoluta entre fuerzas divinas y satánicas podría alimentar estigmas, deshumanizar al adversario y desviar la atención de las causas estructurales del problema. Las pandillas deben ser enfrentadas por sus crímenes, no mediante generalizaciones religiosas imposibles de demostrar.

Tampoco basta con proclamar anticipadamente la victoria. La verdadera victoria no consistirá solamente en neutralizar cabecillas o recuperar temporalmente determinadas zonas. Se alcanzará cuando los ciudadanos puedan desplazarse sin miedo, los niños regresen a las escuelas, los hospitales funcionen, las autoridades legítimas recuperen el territorio y la sociedad haitiana pueda decidir democráticamente su futuro.

Quienes hoy advierten sobre los riesgos tienen derecho a expresarse. Una democracia responsable no debe confundir la crítica con la traición ni el cuestionamiento con el derrotismo. Pero advertir sobre los peligros tampoco puede convertirse en una excusa para perpetuar la pasividad. La crítica más útil es aquella que identifica errores y contribuye a corregirlos.

Haití necesita una respuesta urgente, firme y responsable. No una aventura militar, pero tampoco otra declaración diplomática sin consecuencias. La región debe actuar con determinación, respetando el liderazgo haitiano y estableciendo una estrategia integral que permita recuperar la seguridad, reconstruir las instituciones y abrir un camino sostenible hacia la paz.

Extirpar el poder criminal que somete a comunidades enteras no es únicamente una operación de orden público. Es una obligación moral y política con la democracia, la dignidad humana y la estabilidad del Caribe.

Haití no puede seguir esperando. La comunidad internacional debe abandonar la retórica, corregir sus errores y actuar con eficacia. La paz regional exige resultados, responsabilidad y una determinación que esté a la altura de la tragedia.

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