Meta RD 2036 ofrece una dirección histórica, pero convertir el crecimiento en desarrollo exigirá disciplina fiscal, seguridad energética, productividad, tecnología y un nuevo pacto de confianza entre el Estado y la sociedad
Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
La República Dominicana ha aprendido a crecer en medio de la adversidad. Ha resistido crisis financieras internacionales, huracanes, pandemias, guerras comerciales, aumentos de las tasas de interés y alteraciones geopolíticas en los mercados energéticos. Esa capacidad de recuperación no es una percepción propagandística, sino uno de los rasgos más consistentes de su trayectoria económica reciente.
Pero toda resiliencia tiene un límite cuando no se transforma en capacidad estructural.
La cuestión decisiva ya no es si la economía dominicana puede volver a crecer después de una crisis. La cuestión es si puede construir suficiente productividad, soberanía energética, capital humano, fortaleza fiscal e institucionalidad para evitar que cada turbulencia internacional vuelva a imponerle una factura extraordinaria.
El petróleo Brent alcanzó momentáneamente los US$110 por barril el 16 de octubre de 2026 y cerró esa jornada en US$109,86, mientras el West Texas Intermediate terminó en US$101,41. El movimiento estuvo relacionado con el aumento de los riesgos de suministro en Oriente Medio, las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y las interrupciones que afectaron la capacidad de refinación rusa (Somasekhar, 2026).
Para una economía importadora neta de hidrocarburos, aquello no es una oscilación lejana de los mercados. Es una perturbación que atraviesa el transporte, la producción agropecuaria, la industria, la construcción, la generación eléctrica, la alimentación y el coste general de la vida.
La geopolítica entra en los hogares dominicanos a través de la factura eléctrica, el precio de los combustibles y el coste de los alimentos. También entra en el presupuesto nacional mediante los subsidios utilizados para amortiguar los aumentos internacionales.
En esa intersección entre economía, política exterior y seguridad energética debe situarse la discusión sobre Meta RD 2036. No como un plan adicional de Gobierno, sino como una posible doctrina de transformación nacional.
Crecer no es lo mismo que desarrollarse
La República Dominicana exhibe una historia de crecimiento superior al promedio latinoamericano. El Banco Mundial: panorama general de República Dominicana sostiene que la economía dominicana ha crecido rápidamente durante las últimas dos décadas, aunque advierte que convertirse en una nación de ingresos altos requerirá elevar la productividad, crear empleos de calidad, fortalecer el capital humano, aumentar la competencia, estimular la innovación, mejorar el gasto público y ampliar la base tributaria (Banco Mundial, 2026).
Esta distinción es fundamental. El crecimiento mide cuánto produce una economía. El desarrollo revela cómo esa producción transforma la calidad de vida, el poder adquisitivo, la educación, la salud, la seguridad, las instituciones y las oportunidades de la población.
El país puede aumentar su producto interno bruto mientras mantiene déficits públicos persistentes, elevados niveles de informalidad, brechas educativas, pérdidas eléctricas, vulnerabilidad climática y una productividad insuficiente. Al mismo tiempo, puede atraer miles de millones de dólares en inversión sin garantizar que esos capitales produzcan transferencia tecnológica, proveedores nacionales, investigación aplicada o empleos altamente remunerados.
La economía dominicana acumuló un crecimiento promedio del 4,5 % entre enero y agosto de 2026, frente al 2,3 % observado durante el mismo periodo de 2025. En agosto, el Indicador Mensual de Actividad Económica avanzó un 3,8 %, impulsado, entre otras actividades, por la construcción, los servicios financieros, las zonas francas y la manufactura local (Banco Central de la República Dominicana, 2026a).
La recuperación es real. Pero también lo es su fragilidad relativa.
Después de crecer un 5 % en 2024, el PIB avanzó apenas un 2,1 % en 2025, según los datos recogidos por el Banco Mundial. El PIB per cápita se situó en US$11.059,2 en 2025, mientras las remesas equivalieron al 9,7 % del producto (Banco Mundial, 2026b).
Estos resultados confirman que el país dispone de importantes amortiguadores externos, pero también muestran una dependencia considerable de flujos provenientes del extranjero. Turismo, remesas, inversión extranjera, exportaciones y zonas francas sostienen una porción determinante de la disponibilidad de divisas.
Ese entramado constituye una fortaleza, pero también una exposición geopolítica. Una desaceleración estadounidense, una contracción del turismo internacional, mayores restricciones migratorias, un encarecimiento prolongado del petróleo o una nueva fragmentación del comercio global podrían afectar simultáneamente varios motores nacionales.
Por eso, la resiliencia dominicana no debe seguir descansando únicamente en la capacidad para recuperarse. Debe avanzar hacia la capacidad para anticiparse.
Meta RD 2036: una ambición legítima que necesita una arquitectura de Estado
Meta RD 2036 pretende duplicar el PIB real, crear 1,7 millones de empleos, triplicar el salario medio, eliminar la pobreza extrema y aproximar al país al grado de inversión. El proyecto también procura convertir a la República Dominicana en una economía plenamente desarrollada mediante la modernización institucional, la infraestructura, el capital humano, la productividad, la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental (Consejo Nacional de Competitividad, 2025).
La visión merece respaldo nacional. Un país que renuncia a plantearse objetivos ambiciosos termina administrando sus limitaciones.
Sin embargo, la magnitud de la meta obliga también a elevar el nivel del escrutinio. Duplicar el PIB real hacia 2036 exigiría sostener un crecimiento promedio cercano al 6 % anual, incluso en un mundo sujeto a tensiones comerciales, crisis climáticas, reordenamientos tecnológicos y conflictos militares.
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar-Xirinachs, calificó Meta RD 2036 como una propuesta “ambiciosa y rigurosa”, con objetivos verificables en reducción de la pobreza, empleo formal, vivienda, acceso al agua, esperanza de vida, seguridad ciudadana y efectividad estatal. También la describió como un ejemplo de “capacidad transformadora” sustentada en una hoja de ruta concreta, medible y sostenida (Presidencia de la República Dominicana, 2026a).
Ese reconocimiento de la CEPAL es relevante, pero no constituye una garantía de éxito. Una hoja de ruta es valiosa cuando genera continuidad política, responsables identificables, plazos públicos, evaluaciones independientes y mecanismos de corrección.
La plataforma oficial de seguimiento informaba, al 25 de agosto de 2026, de 90 iniciativas priorizadas, 11 completadas, 44 con cierre previsto durante 2026 y 35 con alertas activas. El avance promedio declarado era del 50 % (Meta RD 2036, 2026).
La publicación de estos indicadores es una buena práctica. Pero el seguimiento debe ir más allá de determinar si se celebró una reunión, se aprobó un reglamento o se firmó un acuerdo.
El éxito debe medirse por resultados: productividad por trabajador, salarios reales, empleos formales creados, reducción del coste logístico, mejoría del aprendizaje, disminución de pérdidas eléctricas, patentes registradas, exportaciones tecnológicas y capacidad de las mipymes para integrarse a las cadenas de valor.
Meta RD 2036 solo trascenderá la administración que la impulsó si se convierte en un acuerdo de Estado. Debe sobrevivir a los ciclos electorales, incorporar a la oposición, las universidades, los sindicatos, las comunidades, los empresarios y la sociedad civil, y someter sus resultados a una supervisión independiente.
El desarrollo nacional no puede depender de la continuidad de un partido. Tiene que depender de la continuidad de las instituciones.
Una deuda que todavía es financiable, pero cada vez más costosa
Al cierre de agosto de 2026, la deuda del sector público no financiero alcanzó los US$67.649,7 millones, equivalentes al 46,6 % del PIB estimado. La deuda externa representaba US$48.105,4 millones y la interna US$19.544,3 millones (Dirección General de Crédito Público, 2026).
La deuda aumentó aproximadamente US$6.100 millones respecto de diciembre de 2025, cuando se situaba en US$61.549,9 millones. Aunque la relación deuda del sector público no financiero sobre PIB descendió desde el 48,1 % de 2025 hasta el 46,6 %, las obligaciones nominales y el coste de financiarlas siguieron aumentando.
Esta aclaración es importante. Una reducción de la ratio deuda-PIB no significa necesariamente que el Estado deba menos dinero. Puede reflejar que el denominador, es decir, el PIB nominal, creció más rápidamente que la deuda.
Una evaluación fiscal responsable debe considerar simultáneamente el volumen, la moneda, el vencimiento, la tasa, la composición de los acreedores y el peso de los intereses sobre los ingresos.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, estimó que la deuda pública consolidada, incluyendo las obligaciones del Banco Central, alcanzó US$84.379 millones en agosto de 2026, equivalentes al 58,2 % del PIB proyectado. El centro sostuvo que la persistencia de déficits superiores al 3 % incrementa las necesidades de financiamiento y reduce el margen para atender otras prioridades públicas (CREES, 2026a).
El CREES representa una corriente de pensamiento favorable a una mayor disciplina del gasto y a un Estado fiscalmente limitado. Sus recomendaciones deben leerse dentro de ese marco intelectual. Sin embargo, su advertencia central es difícil de refutar: cuando la deuda y los intereses crecen de manera persistente, una proporción progresivamente mayor de los ingresos públicos deja de estar disponible para educación, sanidad, infraestructuras, agua, seguridad o innovación.
El proyecto presupuestario para 2027 sitúa el déficit fiscal alrededor del 3,4 % del PIB y contempla un superávit primario de solo un 0,3 %. En su versión depositada ante la Cámara de Diputados, el proyecto incorporó ingresos por RD$1.620.001,4 millones, un techo de gasto de RD$1.944.738,7 millones y erogaciones consolidadas por RD$2.084.127,4 millones. También proyectó un crecimiento real del 4,75 % y una inflación promedio del 4,5 %.
El déficit no es, por sí solo, una demostración de irresponsabilidad. Un Estado puede endeudarse razonablemente para financiar obras que amplían la capacidad productiva, proyectos de agua, educación, movilidad, energía o protección climática.
La pregunta relevante es otra: ¿qué parte de la deuda está creando activos que aumentarán la productividad futura y qué parte sostiene gastos recurrentes, pérdidas institucionales, subsidios regresivos o estructuras administrativas improductivas?
Esa es la discusión que debe plantearse antes de aumentar impuestos o reducir inversiones sociales.
La reforma fiscal no puede ser otra factura enviada a la clase media
En junio de 2024, un grupo de economistas reunidos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra coincidió en que una reforma fiscal requería mejorar la calidad del gasto, combatir la evasión y enfrentar el déficit del sector eléctrico.
Magín Díaz, entonces director de la Escuela de Economía de esa academia, advirtió que la solución “no será fácil” y sostuvo que sería contraproducente impulsar una reforma sin controlar primero la evasión fiscal. Jaime Aristy Escuder propuso revisar o eliminar instituciones para mejorar la eficiencia del gasto, mientras Miguel Collado Franco subrayó que el Gobierno enfrentaba simultáneamente la necesidad de aumentar los ingresos y reducir el déficit (PUCMM, 2024).
Estas afirmaciones conservan plena vigencia.
La reforma fiscal que necesita la República Dominicana no puede reducirse a aumentar tasas, ampliar impuestos al consumo o gravar a los mismos contribuyentes formales. Eso sería una reforma recaudatoria, no una reforma estructural.
Un pacto fiscal respetable debe integrar, como mínimo, la lucha contra la evasión, la racionalización de exenciones, la revisión del gasto tributario, la digitalización de la administración, la calidad de las compras públicas, el saneamiento eléctrico, la evaluación de programas y una mayor progresividad.
También debe explicar con precisión qué recibirá la ciudadanía a cambio.
Si el trabajador formal paga más, pero continúa pagando educación privada, seguridad privada, seguros complementarios, plantas eléctricas, inversores y transporte ineficiente, la carga tributaria se transforma en una doble imposición material: una aportación al Estado y otra para sustituir los servicios que el Estado no presta adecuadamente.
La responsabilidad fiscal, como sostiene el estudio académico de Emily O. Batista Ramírez publicado en el repositorio de la PUCMM, no es exclusivamente una cuestión de contabilidad. Implica gobernanza, equidad, ética pública, transparencia y una consideración de largo plazo sobre los efectos productivos de la deuda y del déficit (Batista Ramírez, 2023).
Nuestra discusión fiscal necesita precisamente esa amplitud. El equilibrio presupuestario no constituye un fin aislado. Es una condición para que el Estado pueda proteger derechos y financiar el desarrollo sin transferir una carga desproporcionada a las generaciones futuras.
La Ley de Responsabilidad Fiscal debe tener consecuencias reales
La Ley núm. 35-24 de Responsabilidad Fiscal estableció un marco basado en reglas para encauzar la política presupuestaria, limitar el crecimiento del gasto primario y conducir la deuda del Gobierno general hacia una meta no superior al 40 % del PIB en 2035. La legislación también incorporó cláusulas de escape para responder a recesiones, desastres y acontecimientos extraordinarios (Ministerio de Hacienda, 2024a, 2024b).
Es un avance institucional significativo. Pero ninguna ley fiscal es más fuerte que la voluntad política de cumplirla.
Si las proyecciones se modifican para acomodar el gasto, si las excepciones se hacen permanentes o si determinadas obligaciones se trasladan fuera del perímetro presupuestario, la regla perderá credibilidad.
El Fondo Monetario Internacional reconoció fortalezas dominicanas en la elaboración presupuestaria y los informes fiscales, pero señaló desafíos en la cobertura de entidades extrapresupuestarias, fideicomisos, empresas públicas, contratos de largo plazo y riesgos fiscales. Recomendó, además, reforzar las proyecciones macrofiscales y el seguimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Fondo Monetario Internacional, 2026).
Esta advertencia no debe interpretarse como una injerencia externa, sino como una oportunidad para fortalecer la credibilidad nacional. La transparencia fiscal reduce la incertidumbre, mejora la evaluación del riesgo soberano y protege al contribuyente.
Un Estado serio no teme mostrar sus cuentas completas.
El petróleo caro convierte la transición energética en política de seguridad nacional
Durante décadas, la transición energética fue presentada principalmente como una obligación medioambiental. La nueva geopolítica demuestra que también es una cuestión de soberanía, balanza de pagos y seguridad nacional.
Cada crisis en Oriente Medio, cada interrupción en el mar Rojo, cada conflicto alrededor del estrecho de Ormuz y cada sanción contra grandes productores tiene capacidad para trasladarse rápidamente a la economía dominicana.
El país no controla la producción mundial de petróleo, las rutas marítimas ni las decisiones militares de las grandes potencias. Pero sí puede controlar la velocidad con la que reduce su exposición.
La inversión extranjera directa alcanzó US$5.032,3 millones en 2025, un aumento del 11,3 % respecto a 2024. El turismo recibió el 26,3 % de los flujos, mientras la energía captó el 23,8 %. En 2019, el sector energético representaba solamente el 9,2 % de la inversión extranjera, por lo que su expansión refleja el creciente interés en los proyectos renovables (Banco Central de la República Dominicana, 2026b).
Esta transformación debe acelerarse, pero con planificación técnica.
La energía solar y eólica necesitan almacenamiento, redes inteligentes, capacidad de transmisión, respaldo, regulación estable y mecanismos transparentes de contratación. Instalar megavatios sin modernizar las redes puede producir capacidad nominal, pero no necesariamente electricidad estable, asequible y disponible en las horas de mayor demanda.
La transición también debe llegar al transporte. Un país que subsidia combustibles indefinidamente mientras mantiene un sistema de movilidad dominado por vehículos individuales está financiando su propia vulnerabilidad.
Metro, monorriel, corredores de autobuses, electrificación del transporte público, ordenamiento urbano y logística ferroviaria no son solamente obras de movilidad. Son instrumentos para reducir importaciones energéticas, mejorar la productividad y disminuir la contaminación.
La seguridad energética dominicana dependerá de cuánto petróleo deje de necesitar, no únicamente de cuánto petróleo sea capaz de subsidiar.
Tecnología y semiconductores: una oportunidad real que exige evitar el triunfalismo
La República Dominicana ha comenzado a posicionarse en inteligencia artificial, servicios digitales, manufactura avanzada y semiconductores. La dirección es correcta.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial contempla un Gobierno inteligente, el desarrollo de talento, un ecosistema de innovación, una proyección regional y principios relacionados con privacidad, seguridad de los datos, ética y equidad (OGTIC, 2024).
En materia de semiconductores, el país procura insertarse en segmentos más accesibles de la cadena, como ensamblaje, pruebas, encapsulado, componentes electrónicos, placas de circuitos y servicios logísticos. La plataforma de zonas francas, la experiencia en dispositivos médicos y la proximidad al mercado estadounidense constituyen ventajas potenciales.
El Gobierno también ha resaltado alianzas académicas y programas de formación relacionados con ingeniería, microelectrónica y disciplinas STEM, incluyendo el fortalecimiento de la oferta del ITLA, el ITSC e Infotep y los vínculos con centros universitarios internacionales.
Pero una estrategia, un memorando o una participación en una feria internacional no equivalen a una industria establecida.
El propio análisis sectorial recogido por la prensa económica advertía, en junio de 2026, que el país se encontraba todavía en una etapa temprana, sin empresas conocidas dedicadas a la fabricación de semiconductores y con el principal reto situado en la ejecución (Alcántara, 2026).
Esta cautela es saludable. La República Dominicana no debe imitar las políticas industriales de países con recursos financieros, ecosistemas científicos y mercados laborales radicalmente distintos.
Debe identificar nichos donde posea ventajas plausibles: manufactura electrónica, dispositivos médicos, ensamblaje, pruebas, logística, servicios tecnológicos bilingües y operaciones vinculadas al nearshoring.
La política tecnológica debe comenzar en las escuelas y terminar en las exportaciones. Entre ambos extremos debe existir una cadena coherente de formación matemática, inglés, educación técnica, ingeniería, investigación, infraestructura digital, propiedad intelectual, capital de riesgo y vinculación empresarial.
Si no se construye esa cadena, la estrategia tecnológica quedará convertida en diplomacia de anuncios.
Competencia, productividad e informalidad
La siguiente etapa de crecimiento dominicano no dependerá solamente de atraer más capital. Dependerá de utilizarlo mejor.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que una mayor competencia puede elevar la productividad, estimular la innovación, mejorar los salarios y facilitar la formalización empresarial. La economista principal del organismo, Vanessa Alviarez, afirmó que, cuando la competencia funciona, el sector privado puede “crear empleos, impulsar la innovación y ofrecer mejores resultados para trabajadores y consumidores”. Por su parte, la representante del BID en el país, Nathalie Alvarado, resumió el desafío con una frase decisiva: “No se trata solo de crecer más, se trata de crecer mejor” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2026).
Esa debe ser una idea rectora de Meta RD 2036.
Una economía con barreras de entrada, mercados excesivamente concentrados, trámites lentos y regulaciones diseñadas para proteger a actores establecidos pierde productividad. También reduce las posibilidades de que nuevas empresas innoven, crezcan y se formalicen.
Aunque la República Dominicana obtuvo resultados superiores al promedio latinoamericano en varios indicadores de calidad y formalización laboral del Índice de Mejores Trabajos del BID, la informalidad todavía alcanzaba el 53,8 % en el segundo trimestre de 2026. Más de la mitad de la población ocupada seguía trabajando fuera de la plena formalidad y protección social.
Un país no se convierte en desarrollado mientras la mayoría de sus trabajadores permanece en la informalidad.
La formalización no se consigue únicamente con inspecciones y sanciones. Requiere reducir el coste de cumplir, simplificar regulaciones, ampliar el crédito, elevar la productividad, mejorar la formación y construir una seguridad social que ofrezca beneficios tangibles.
La productividad es el puente entre crecimiento, mejores salarios y sostenibilidad fiscal. Sin ella, triplicar el salario medio podría presionar los costes y la informalidad. Con ella, los salarios pueden aumentar porque cada trabajador genera más valor.
Cambio climático: el riesgo fiscal que suele aparecer demasiado tarde
La vulnerabilidad climática dominicana es también una vulnerabilidad económica.
El Banco Mundial estima que los fenómenos naturales extremos asociados al cambio climático provocan pérdidas anuales equivalentes al 0,4 % del PIB. Sin medidas adecuadas de adaptación y protección de los recursos naturales, el país podría perder hasta un 16 % del PIB que espera generar hacia 2050 (Banco Mundial, 2024).
El organismo aprobó un proyecto de US$400 millones para respaldar la protección ambiental, la adaptación climática, la conservación marina, la gestión del agua, la reducción de la contaminación y el desarrollo de un marco para bonos verdes, sociales y sostenibles.
No obstante, la resiliencia climática no puede depender solamente de préstamos internacionales. Debe integrarse en cada decisión presupuestaria, turística, agrícola, energética, urbana y de infraestructura.
Construir en zonas vulnerables y reconstruir después de cada desastre es más caro que ordenar el territorio. Deteriorar cuencas y luego financiar acueductos de emergencia es menos eficiente que proteger las fuentes. Permitir la degradación del litoral mientras se expande el turismo amenaza justamente uno de los principales generadores de divisas del país.
La sostenibilidad no es un lujo de economías ricas. Es una condición para que la República Dominicana pueda llegar a ser una de ellas.
El dilema geopolítico dominicano
La República Dominicana ocupa una posición estratégica en el Caribe, próxima al principal mercado mundial, conectada por acuerdos comerciales, rutas marítimas y cadenas de suministro. Esa localización adquiere mayor valor en un contexto de rivalidad entre Estados Unidos y China, reconfiguración industrial, nearshoring y preocupación estadounidense por la seguridad de sectores tecnológicos críticos.
El país puede convertirse en una plataforma regional de servicios, logística, manufactura avanzada, dispositivos médicos, energía renovable y componentes electrónicos.
Pero la geografía no garantiza el éxito. Panamá tiene logística; Costa Rica, una plataforma tecnológica consolidada; México, escala industrial; y otros países caribeños compiten mediante regímenes fiscales, ciudadanía económica o servicios financieros.
La ventaja dominicana deberá construirse a partir de una combinación difícil de reproducir: estabilidad política, cercanía a Estados Unidos, infraestructura, talento bilingüe, energía competitiva, zonas francas, seguridad jurídica y acceso eficiente a mercados.
En ese sentido, Meta RD 2036 debe entenderse también como una estrategia de posicionamiento geoeconómico.
La política exterior dominicana necesita coordinarse con la política industrial, energética, educativa y tecnológica. No basta con mantener buenas relaciones diplomáticas. Es necesario convertir las relaciones internacionales en inversión productiva, transferencia de conocimiento, mercados para las exportaciones y formación del talento.
La diplomacia del siglo XXI es también diplomacia tecnológica, climática, logística y financiera.
Perspectivas: un país con fortalezas reales y riesgos acumulativos
Las perspectivas dominicanas no justifican el alarmismo. El país conserva fundamentos importantes: una economía diversificada, acceso a financiamiento, inversión extranjera, turismo, remesas, zonas francas, exportaciones y una institucionalidad monetaria que ha demostrado capacidad de respuesta.
El Fondo Monetario Internacional concluyó en su consulta de 2025 que la República Dominicana disponía de fundamentos económicos fuertes y margen de política para enfrentar riesgos. También indicó que las reformas fiscales y estructurales, especialmente en el sector eléctrico, serían esenciales para fortalecer el crecimiento de medio plazo y la resiliencia frente a desastres naturales (Fondo Monetario Internacional, 2025).
El reconocimiento debe leerse completo. El país está bien posicionado, pero las reformas siguen siendo necesarias.
El escenario más favorable combina crecimiento, mayor inversión privada, reducción gradual de las pérdidas eléctricas, energía renovable, estabilidad inflacionaria y avances de Meta RD 2036. En ese entorno, la relación deuda-PIB podría estabilizarse y el país avanzaría hacia una mejor calificación crediticia.
El escenario intermedio mantendría un crecimiento cercano a su tendencia histórica, pero con déficits recurrentes, mayor pago de intereses y reformas parciales. La economía seguiría creciendo, aunque con menos espacio fiscal y mayor dependencia de condiciones externas favorables.
El escenario adverso combinaría petróleo persistentemente caro, endurecimiento financiero, desaceleración mundial, impactos climáticos y retraso de las reformas. Bajo esas condiciones, el Gobierno tendría que sacrificar gasto, elevar impuestos, aumentar la deuda o permitir mayores presiones sobre los precios.
Ninguno de esos escenarios está escrito. Dependen de decisiones políticas.
Una agenda nacional para llegar a 2036
La República Dominicana necesita una segunda generación de reformas que no destruya la cohesión social ni abandone la inversión pública.
Primero, debe establecer una trayectoria fiscal creíble, con objetivos anuales de déficit, deuda e intereses, acompañados de explicaciones públicas cuando exista alguna desviación.
Segundo, debe revisar exhaustivamente la calidad del gasto antes de imponer nuevas cargas tributarias. Cada programa, subsidio, institución y exención debe demostrar su utilidad.
Tercero, debe tratar la transición energética como un proyecto de seguridad nacional. Las renovables, el almacenamiento, la transmisión, el transporte eléctrico y la reducción de pérdidas requieren continuidad regulatoria y planificación de largo plazo.
Cuarto, debe poner la educación y la formación técnica en el centro de la estrategia productiva. No habrá industria tecnológica sin matemáticas, ciencia, inglés, programación, ingeniería y capacidades de gestión.
Quinto, debe transformar la inversión extranjera en encadenamientos nacionales. Toda política de incentivos debe promover proveedores dominicanos, formación laboral, innovación y exportaciones.
Sexto, debe fortalecer la competencia y reducir las barreras que impiden crecer a las empresas jóvenes y a las mipymes.
Séptimo, debe institucionalizar Meta RD 2036 mediante participación plural, evaluación académica independiente, datos abiertos y rendición de cuentas.
La verdadera prueba del liderazgo
El Gobierno merece reconocimiento por formular una visión que intenta ir más allá de la administración cotidiana. La Ley de Responsabilidad Fiscal, Meta RD 2036, la atracción de inversión, la apuesta tecnológica y la transición energética indican que existe una comprensión de los desafíos fundamentales.
Pero gobernar no consiste únicamente en identificar la dirección correcta. Consiste en recorrerla, sostenerla y asumir los costes políticos de las decisiones difíciles.
Las buenas intenciones son necesarias, pero no pagan intereses, no generan electricidad fiable, no forman ingenieros y no reducen por sí solas la informalidad.
La República Dominicana ha probado su capacidad para sobrevivir a los choques. Ahora necesita probar su capacidad para transformar sus estructuras antes de que el coste de la deuda, la volatilidad petrolera, el cambio climático y la revolución tecnológica reduzcan su margen de decisión.
El país no está condenado al pesimismo. Tampoco tiene derecho a la complacencia.
Meta RD 2036 puede convertirse en la gran plataforma de modernización dominicana si logra articular disciplina fiscal con inclusión social, crecimiento con productividad, inversión con transferencia tecnológica y sostenibilidad con seguridad energética.
La gran disyuntiva nacional no es entre crecer o ajustarse. Es entre seguir financiando las vulnerabilidades del presente o invertir con inteligencia en las capacidades del futuro.
La resiliencia nos ha permitido llegar hasta aquí. La reforma, la productividad y la institucionalidad decidirán hasta dónde podremos llegar.
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Enfoque y mejoras editoriales
La columna fue transformada desde un análisis principalmente económico hacia una reflexión sobre poder nacional, seguridad energética, geoeconomía, capacidad estatal y posicionamiento internacional. Se incorporaron voces con perspectivas diversas, entre ellas el FMI, Banco Mundial, BID, CEPAL, CREES y economistas vinculados a la PUCMM, para evitar una argumentación unilateral. El tono reconoce los avances gubernamentales, pero separa el respaldo a Meta RD 2036 de cualquier adhesión acrítica a la gestión de turno.
