Una empresa que nace representa esperanza; una que sobrevive genera desarrollo. Entre 2020 y 2025, el país registró 2,6 nacimientos empresariales por cada unidad económica que cesó sus operaciones, un balance que confirma la vitalidad emprendedora nacional y plantea el desafío de convertir el financiamiento, la formalización, la productividad y el acompañamiento técnico en pilares permanentes de una política de Estado.
Hay cifras que informan y otras que retratan una época. El hecho de que en la República Dominicana hayan nacido 2,6 empresas por cada una que dejó de operar entre 2020 y 2025 pertenece a la segunda categoría. No se trata únicamente de una relación estadística. Detrás de cada nueva unidad productiva existe una familia que comprometió sus ahorros, una mujer que decidió convertir su talento en fuente de ingresos, un joven que transformó una idea en proyecto o un trabajador que convirtió años de experiencia en una iniciativa empresarial propia.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística difundidos por elDinero, durante ese periodo se registraron 67.353 nacimientos empresariales frente a 25.368 salidas. En términos consolidados, el país creó más empresas de las que perdió, incluso después de atravesar los efectos económicos de la pandemia, la inflación internacional, el encarecimiento del financiamiento y un escenario mundial marcado por la incertidumbre.
El dato es favorable, pero exige una lectura prudente. Una economía en la que los nacimientos empresariales superan de manera sostenida los cierres muestra capacidad de renovación y una disposición social a invertir, emprender y producir. Sin embargo, el balance no permite atribuir automáticamente el resultado a una institución determinada o a una decisión gubernamental específica. La demografía empresarial responde a la interacción de múltiples factores: crecimiento económico, demanda interna, acceso al crédito, expectativas de inversión, transformación digital, cambios en el consumo, inversión pública, iniciativa privada, condiciones tributarias y calidad del entorno regulatorio.
Precisamente por eso, la interpretación adecuada no debe oscilar entre dos extremos igualmente perjudiciales: el triunfalismo que presenta cada apertura como una victoria definitiva y el pesimismo que interpreta cada cierre como prueba del fracaso económico. Una empresa puede nacer sin llegar a consolidarse, mientras que una salida puede obedecer a liquidaciones, reorganizaciones, transformaciones societarias o cambios legítimos en la estructura del mercado. La demografía empresarial adquiere valor cuando estudia conjuntamente los nacimientos, las salidas, la supervivencia y la evolución de las unidades productivas.
Esa perspectiva permite formular la pregunta verdaderamente importante. No se trata solo de cuántas empresas se crean, sino de cuántas logran sobrevivir, formalizarse, innovar, aumentar sus ventas, generar empleos dignos y escalar hacia niveles superiores de productividad.
El saldo del periodo 2020-2025 resulta coherente con una orientación pública que ha colocado a las micro, pequeñas y medianas empresas en un lugar relevante dentro de la agenda nacional de desarrollo. El Gobierno del presidente Luis Abinader ha reconocido que el pequeño negocio no constituye una actividad económica marginal, sino una parte esencial de la economía real. Allí donde abre una microempresa circula dinero, se sostiene un hogar, se activa una comunidad y, con frecuencia, se crea una primera oportunidad laboral para personas que todavía no han conseguido incorporarse a los circuitos empresariales tradicionales.
La importancia del periodo analizado aumenta porque comprende años excepcionalmente complejos. Después de la contracción causada por la covid-19, la economía dominicana creció un 12,3 % en 2021. Esa recuperación estuvo acompañada por un fuerte dinamismo empresarial. En 2023 volvió a observarse una relación ampliamente favorable entre nacimientos y cierres. Sin embargo, 2024 y 2025 introdujeron una advertencia que no debe ignorarse: las salidas empresariales aumentaron hasta 5.417 en cada uno de esos años, aunque los nacimientos continuaron superándolas con amplitud.
Este comportamiento confirma que un saldo acumulado positivo puede coexistir con vulnerabilidades importantes. El aumento de los cierres no debe ocultarse tras la comodidad de la cifra consolidada. Debe convertirse en una señal para la política económica y en un punto de partida para investigaciones más profundas.
La información disponible permite constatar el incremento de las salidas, pero no basta por sí sola para establecer una causa única. Sería necesario estudiar con mayor detalle la incidencia del coste del financiamiento, la reducción de la demanda en determinados sectores, la presión de los costes operativos, la competencia, la capacidad administrativa, la carga regulatoria y las dificultades de acceso a mercados. Una política empresarial rigurosa no puede limitarse a contar empresas. Debe identificar por qué desaparecen, en qué momento se vuelven vulnerables y cuáles intervenciones ofrecen mejores resultados para cada segmento.
Cada cierre puede representar empleos perdidos, capital productivo desaprovechado, obligaciones pendientes y una familia expuesta a un retroceso económico. No todos los cierres pueden ni deben evitarse, porque la movilidad empresarial forma parte de una economía competitiva. El objetivo razonable consiste en impedir que negocios potencialmente viables desaparezcan por una dificultad temporal de liquidez, una deficiencia subsanable de gestión o la falta de acceso a instrumentos financieros adecuados.
En ese punto adquiere particular relevancia la actuación de Promipyme. Bajo la dirección de Fabricio Gómez Mazara, la institución ha fortalecido su papel como vía de acceso al crédito formal para microempresarios y emprendedores que encuentran dificultades para financiarse mediante los canales convencionales.
En marzo de 2026, Promipyme informó que había canalizado más de RD$16.600 millones durante los dos años anteriores y que mantenía una cartera activa de RD$11.352 millones. En junio del mismo año, Fabricio Gómez Mazara indicó que la cartera institucional había pasado de aproximadamente RD$7.600 millones al inicio de su gestión a RD$11.788 millones. Según la información institucional divulgada en esa fecha, las mujeres representaban el 62 % de su cartera de clientes.
Estas cifras permiten valorar la escala alcanzada por la institución, aunque el volumen colocado no debe confundirse automáticamente con impacto económico. Para determinarlo con rigor es necesario medir cuántos negocios financiados permanecen operando, cuántos empleos conservan o crean, cuánto aumentan sus ventas, qué proporción se formaliza y cuál es el comportamiento de la cartera según actividad económica, territorio, tamaño empresarial y sexo de las personas beneficiarias.
Esa evaluación no debilitaría el papel de Promipyme. Al contrario, permitiría demostrar con mayor solidez su aportación al desarrollo y perfeccionar la asignación de los recursos públicos.
La dimensión contracíclica del crédito público resulta especialmente importante. Cuando aumentan las tasas de interés comerciales y se endurecen los criterios de aprobación, las empresas de menor tamaño suelen afrontar restricciones más severas. Disponen de menos activos para ofrecer como garantía, presentan historiales financieros más breves y operan con márgenes reducidos para absorber incrementos en el coste del dinero.
En esas circunstancias, una institución pública capaz de ofrecer financiamiento formal en condiciones accesibles puede contribuir a preservar el capital de trabajo y evitar que una restricción transitoria de liquidez desemboque en el cierre de una empresa viable. Su función no consiste en sustituir al sistema financiero privado ni en mantener artificialmente negocios insolventes, sino en complementar el mercado allí donde las condiciones comerciales excluyen proyectos productivos con posibilidades reales de desarrollo.
El financiamiento público tampoco debe confundirse con asistencialismo. Un programa de crédito bien concebido exige evaluación responsable, recuperación de los recursos, educación financiera, acompañamiento técnico, transparencia y medición de resultados. Prestar sin acompañar puede aplazar un problema, pero no necesariamente resolverlo.
El crédito alcanza capacidad transformadora cuando permite adquirir equipos, incorporar tecnología, fortalecer inventarios, mejorar procesos, profesionalizar la administración, acceder a nuevos mercados y elevar la productividad. Por eso, la política mipyme debe evolucionar desde un enfoque concentrado en el desembolso hacia otro fundamentado en el desarrollo empresarial integral.
El comportamiento del sistema financiero ofrece una perspectiva complementaria. Al cierre de abril de 2026, la cartera bancaria destinada a las mipymes ascendía a RD$576.837 millones, después de registrar un crecimiento interanual del 9,1 %. Representaba el 23,7 % del saldo adeudado al sistema financiero y el 44,2 % de la cartera comercial privada. La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana también señala que las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32 % del producto interno bruto y que estuvieron vinculadas a 3,05 millones de puestos de trabajo durante 2022 y 2023, equivalentes al 61,6 % del empleo total.
Estos indicadores demuestran que las mipymes no son un apéndice de la economía dominicana. Constituyen una de sus principales estructuras de empleo, generación de ingresos, circulación económica y movilidad social. Cuando una política pública reduce las barreras que limitan su crecimiento, no atiende a una minoría sectorial. Protege una parte decisiva de la estabilidad económica y social del país.
No obstante, un aumento del saldo crediticio no significa que todas las empresas accedan al financiamiento en condiciones semejantes. El informe de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana señala que, a abril de 2026, las medianas empresas encabezaban el crecimiento real de la cartera, seguidas por las microempresas, mientras que las pequeñas empresas y el segmento denominado “Otros Pyme” presentaban contracciones reales. Este comportamiento justifica una mirada diferenciada, porque las necesidades de una microempresa no son iguales a las de una empresa mediana.
Otro desafío fundamental es la informalidad. Una unidad productiva informal puede generar ingresos y sostener a una familia, pero afronta mayores obstáculos para contratar con el Estado, acceder al crédito regulado, integrarse en cadenas de valor, proteger socialmente a sus trabajadores y expandir sus operaciones.
La formalización, sin embargo, no puede reducirse a exigir registros, declaraciones y pagos. Debe convertirse en una puerta de entrada al financiamiento, la asistencia técnica, la capacitación, las compras públicas, la protección social y la seguridad jurídica. Si el emprendedor percibe la formalidad únicamente como una carga tributaria y burocrática, los incentivos para permanecer fuera del sistema continuarán siendo elevados. Si la contempla como una vía hacia oportunidades concretas, tendrá motivos reales para incorporarse.
Por ello, la formalización debe ser gradual, sencilla, digital y proporcional al tamaño del negocio. No resulta razonable trasladar automáticamente a una microempresa obligaciones administrativas concebidas para organizaciones de mayor escala. Formalizar significa incorporar progresivamente a la empresa a la ciudadanía económica, no imponerle desde el primer día una estructura de costes que amenace su supervivencia.
Tampoco basta con incrementar la cantidad de empresas si muchas permanecen confinadas en actividades de baja productividad. La gran transformación pendiente consiste en crear condiciones para que las microempresas puedan convertirse en pequeñas; las pequeñas, en medianas; y las medianas, en organizaciones capaces de innovar, exportar y competir.
La República Dominicana cerró 2025 con 127.281 empresas formales, un crecimiento interanual del 5,8 %. Al finalizar el primer trimestre de 2026, el país alcanzó 129.311 empresas formales empleadoras y registró un promedio de 2.634.956 trabajadores formales, de acuerdo con informaciones basadas en el Directorio de Empresas de la Oficina Nacional de Estadística.
Estos datos ofrecen señales adicionales de expansión, pero el progreso no debe medirse exclusivamente por el número de registros. También debe evaluarse mediante la supervivencia a tres y cinco años, la creación de empleos formales, el crecimiento de las ventas, el cumplimiento de las obligaciones crediticias, la adopción tecnológica, el incremento de la productividad y el acceso a mercados nacionales e internacionales.
La dimensión territorial merece igual atención. El Directorio de Empresas muestra que la mayor concentración empresarial formal continúa localizada en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago. Por tanto, una política nacional de desarrollo empresarial debe procurar que los instrumentos de crédito, capacitación, digitalización y acceso a mercados alcancen con mayor intensidad a las provincias y municipios donde emprender puede convertirse en una vía decisiva para combatir la pobreza y reducir las desigualdades territoriales.
La relación de 2,6 nacimientos por cada cierre encierra, en consecuencia, una promesa y una responsabilidad. La promesa consiste en que el espíritu emprendedor dominicano permanece vivo y que el país conserva capacidad para renovar su base productiva. La responsabilidad radica en construir un ecosistema que evite que esos nacimientos sean efímeros.
La mejor política para las mipymes será aquella que combine financiamiento asequible, sistemas de garantías, educación financiera, formación gerencial, digitalización, innovación, simplificación regulatoria, acceso a las compras públicas y acompañamiento territorial. Promipyme puede desempeñar una función decisiva dentro de esa estrategia, especialmente allí donde el mercado financiero no llega o impone condiciones incompatibles con la realidad de los pequeños negocios.
Su actuación debe articularse con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el sistema financiero, las cooperativas, las universidades, los centros de desarrollo empresarial, los gobiernos locales y las asociaciones productivas. Ninguna institución, por sí sola, puede responder a todas las dimensiones del desafío.
El Gobierno de Luis Abinader ha colocado piezas importantes en esa dirección, mientras que la gestión de Fabricio Gómez Mazara al frente de Promipyme ha ampliado un instrumento con capacidad para complementar el financiamiento privado y acercar capital productivo a sectores tradicionalmente desatendidos. El paso siguiente debe ser consolidar esa orientación como política de Estado, con metas verificables, evaluación de resultados, transparencia institucional y continuidad en el tiempo.
La aritmética empresarial dominicana ofrece razones para mirar el futuro con confianza, pero no para bajar la guardia. Que nazcan 2,6 empresas por cada una que cierra constituye una señal favorable. Conseguir que esas empresas sobrevivan, se formalicen, eleven su productividad, innoven y generen empleos de calidad será la verdadera prueba del modelo de desarrollo.
Porque una empresa que nace representa esperanza, pero una empresa que sobrevive genera desarrollo. La que crece crea empleos. La que innova eleva la productividad. La que se formaliza amplía la ciudadanía económica. Y miles de empresas capaces de recorrer ese camino constituyen la base material de un país que no se limita a esperar el futuro, sino que comienza a construirlo desde cada taller, salón de belleza, colmado, finca, comercio y emprendimiento de la República Dominicana./
Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
Por cada empresa que cierra, nacen 2,6 en República Dominicana. Crédito, formalización y productividad son claves para consolidar su desarrollo sostenible.
