La prueba de fuego del hub logístico dominicano

Por: Luis Orlando Díaz Vólquez

En economía existe una diferencia fundamental entre un anuncio empresarial y una política de Estado. El primero puede depender de una compañía, una ruta determinada o una coyuntura favorable del mercado. La segunda se construye con infraestructura, seguridad jurídica, modernización institucional, eficiencia administrativa y una visión de largo plazo capaz de trascender las decisiones particulares de cada inversionista.

Confundir ambas dimensiones conduce a conclusiones equivocadas. La viabilidad de una operación privada responde a cálculos comerciales propios, mientras que la responsabilidad del Estado consiste en crear las condiciones para que múltiples empresas puedan invertir, competir, movilizar mercancías y generar oportunidades. Esa distinción resulta indispensable para comprender lo ocurrido con la operación vinculada a Amazon Air Cargo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas y, sobre todo, para valorar con objetividad el rumbo de la política logística impulsada por el Poder Ejecutivo.

La suspensión de esos vuelos, ocurrida en enero de 2026, generó titulares, cuestionamientos y lecturas que intentaron presentar la decisión como un revés del Gobierno dominicano. Sin embargo, el hecho concreto es distinto: se trató de una determinación estrictamente comercial de ALK Global Logistics, empresa privada que contrataba la capacidad aérea para desarrollar la operación.

No fue una decisión del Estado dominicano. Tampoco obedeció, según las informaciones conocidas, a deficiencias de la infraestructura aeroportuaria, fallos de los servicios aduaneros, inseguridad jurídica o restricciones impuestas por las autoridades nacionales. Presentar el cierre de una ruta comercial como el fracaso de una política pública equivale a atribuir al Gobierno la obligación de garantizar la rentabilidad de cada empresa privada. Esa no es, ni puede ser, la función del Estado en una economía abierta.

El Poder Ejecutivo debe crear condiciones habilitantes, reducir obstáculos, modernizar los servicios, facilitar el comercio y fortalecer la competitividad. La rentabilidad de una ruta, en cambio, depende del volumen de carga, los costes operativos, la demanda, la frecuencia, las redes de distribución y las decisiones corporativas del operador. Esa separación de responsabilidades no pretende evadir el debate. Por el contrario, lo sitúa en el terreno correcto.

Y es precisamente en ese terreno donde los resultados adquieren toda su fuerza.

Lejos de contraerse tras la salida del operador, la carga aérea dominicana continuó creciendo. Solo en julio de 2026 se movilizaron 10.972 toneladas métricas, el mayor volumen mensual registrado en la historia del país. Durante el primer trimestre, la actividad aumentó un 6 % respecto al mismo período de 2025, mientras que en el segundo trimestre registró un crecimiento del 7 %. En los primeros siete meses del año, el movimiento acumulado superó las 56.000 toneladas métricas.

El dato más revelador no es solamente la magnitud alcanzada, sino el momento en que se produjo. Los nuevos registros llegaron después de la suspensión de aquella operación. La plataforma logística no se paralizó, no perdió capacidad ni entró en una trayectoria descendente. Por el contrario, absorbió la salida de un actor y continuó expandiéndose hasta superar su propia marca histórica.

Eso no describe un ecosistema frágil. Describe una estructura que comienza a demostrar madurez.

La fortaleza de la política impulsada por el Gobierno del presidente Luis Abinader reside, precisamente, en que la estrategia logística nacional no fue diseñada alrededor de una sola empresa ni subordinada a una única ruta. El propósito ha sido más amplio: transformar la posición geográfica de la República Dominicana en una ventaja competitiva permanente, mediante la integración de puertos, aeropuertos, zonas francas, aduanas, manufactura, comercio electrónico y servicios de distribución.

Esa visión se expresa en medidas concretas. La ampliación de la inspección no intrusiva fortalece la seguridad y agiliza el control de las mercancías. La digitalización aduanera reduce trámites y mejora la trazabilidad. El programa Despacho en 24 Horas introduce mayor previsibilidad en las operaciones. La modernización aeroportuaria y portuaria amplía la capacidad física del sistema. Las reformas normativas procuran ofrecer reglas más claras y adecuadas para competir en un mercado internacional cada vez más exigente.

Estas iniciativas no deben analizarse como acciones aisladas. Forman parte de una política económica que entiende la logística como una infraestructura transversal para el desarrollo. Una aduana más eficiente no beneficia únicamente a los grandes operadores. También reduce tiempos y costes para exportadores, zonas francas, productores agropecuarios, industrias, empresas de mensajería, pequeños comerciantes y emprendimientos que dependen de cadenas de suministro confiables.

En ese sentido, el papel desempeñado por la Dirección General de Aduanas debe valorarse dentro de la estrategia general del Poder Ejecutivo. La DGA no decide si una aerolínea mantiene o cancela una ruta, pero sí puede mejorar el entorno en el cual las operaciones de comercio exterior se realizan. Puede simplificar procesos, incorporar tecnología, elevar los estándares de fiscalización, reducir la discrecionalidad y facilitar el movimiento legítimo de mercancías. Es ahí donde debe medirse su desempeño institucional.

La crítica democrática es legítima y necesaria. También lo es preguntar si las expectativas creadas alrededor de determinadas inversiones fueron excesivas o si la comunicación oficial debió explicar con mayor precisión la naturaleza experimental o comercial de una operación. Reconocer ese espacio de mejora fortalece la credibilidad pública. Pero una evaluación responsable no puede detenerse en la fotografía de una salida privada mientras ignora la película completa del crecimiento sectorial.

Ningún centro logístico de relevancia mundial depende de un único operador. Los grandes hubs prosperan porque concentran infraestructuras, conectividad, servicios, seguridad, tecnología y una diversidad de compañías capaces de competir entre sí. Esa pluralidad distribuye los riesgos y evita que la decisión de una empresa comprometa al conjunto del sistema.

La continuidad de operadores internacionales como Amerijet, DHL, FedEx y UPS evidencia que la plataforma dominicana conserva valor para las grandes redes de transporte y distribución. La presencia de varios actores no elimina los desafíos, pero reduce dependencias y fortalece la capacidad de respuesta ante las fluctuaciones del mercado. En logística, la diversificación no es un detalle secundario. Es una condición de sostenibilidad.

Por eso, el debate no debería reducirse a preguntar por qué salió un operador. También debe preguntarse por qué, después de esa salida, la carga siguió creciendo; por qué se alcanzó un récord histórico; qué inversiones permitieron absorber el cambio; y cómo puede aprovecharse ese desempeño para atraer nuevas rutas, ampliar las exportaciones y generar mayor valor agregado dentro del territorio nacional.

Ese es el desafío que corresponde asumir ahora. Los buenos resultados no justifican complacencia. El Gobierno debe profundizar la coordinación entre las instituciones vinculadas al comercio exterior, seguir reduciendo costes logísticos, ampliar la conectividad aérea y marítima, apoyar la internacionalización de las empresas dominicanas y convertir el crecimiento de la carga en más empleos, inversiones y oportunidades productivas.

También será necesario comunicar con mayor precisión. El Estado debe celebrar las inversiones que llegan, pero sin presentar cada operación privada como una garantía permanente. Las empresas abren, ajustan o cancelan rutas de acuerdo con sus modelos de negocio. La política pública, en cambio, debe permanecer, perfeccionarse y producir resultados más allá de los ciclos corporativos.

La experiencia reciente deja, por tanto, una conclusión favorable para la estrategia nacional. La llegada de una operación internacional demostró que la República Dominicana podía ser incorporada a una red aérea de carga de alcance global. Su posterior salida puso a prueba la capacidad del ecosistema para sostenerse sin ese actor. El crecimiento registrado después respondió la pregunta de manera contundente.

Si la plataforma hubiera dependido de una sola empresa, su partida habría provocado una caída estructural. Pero ocurrió lo contrario: el sistema mantuvo su dinamismo y alcanzó cifras sin precedentes. Esa continuidad constituye una evidencia concreta de que las inversiones públicas y privadas, las reformas aduaneras y la estrategia logística del Poder Ejecutivo han comenzado a generar capacidades que trascienden una operación particular.

En una región que compite intensamente por atraer centros de distribución, comercio electrónico, manufactura avanzada e inversiones vinculadas a la relocalización de cadenas productivas, la República Dominicana necesita defender sus avances con rigor, transparencia y datos. No mediante triunfalismos, sino demostrando que existe una política coherente, una infraestructura en expansión y un aparato institucional que ha mejorado su capacidad para facilitar el comercio.

El verdadero éxito de la política logística no consiste en impedir que una empresa reevalúe sus decisiones comerciales. Consiste en construir un país suficientemente competitivo para que la salida de un operador no detenga el crecimiento y para que nuevas compañías encuentren razones para establecerse, invertir y permanecer.

La prueba de fuego no fue la llegada de un avión con una marca reconocida. La verdadera prueba comenzó cuando esa operación se detuvo. Y los resultados posteriores indican que la estrategia dominicana no descansaba sobre un logotipo, sino sobre una plataforma más amplia, diversificada y resistente.

El país no debe ocultar la salida ni sobredimensionarla. Debe explicarla, aprender de ella y colocarla en su justa dimensión. Porque una decisión comercial privada puede modificar una ruta, pero no invalida una política de Estado cuyos indicadores continúan avanzando.

La República Dominicana ya no se limita a promover una aspiración logística. Está construyendo capacidades, acumulando resultados y demostrando que su desarrollo no depende de un solo actor. Esa es la defensa más sólida de la política del Poder Ejecutivo: no una consigna, sino una tendencia respaldada por hechos medibles, verificables y en crecimiento.