La República Dominicana no está en el banquillo: la verdad detrás de la “Major’s List” 2027

Cada año, cuando la Casa Blanca remite al Congreso su determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, una parte de la opinión pública tiende a leer el documento con el lente equivocado. La aparición de la República Dominicana en la lista correspondiente al año fiscal 2027 —junto a los siete países de Centroamérica y a otras diecinueve naciones— ha vuelto a activar ese reflejo. Conviene, por ello, separar el ruido de los hechos y ofrecer una lectura serena, documentada y estratégica de lo que realmente significa esa clasificación.

La determinación, enviada al Congreso el 15 de septiembre y divulgada por el Departamento de Estado, ubica al país dentro de una relación de veintitrés Estados considerados relevantes para las rutas internacionales del narcotráfico. Sin embargo, el propio documento estadounidense es inequívoco en un punto que muchos titulares omiten: la presencia de una nación en la denominada “Major’s List” no implica, por sí sola, una evaluación negativa sobre sus políticas de combate al narcotráfico. La legislación norteamericana pondera factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el traslado o la fabricación de sustancias ilícitas, incluso cuando las autoridades nacionales despliegan esfuerzos sostenidos de control y aplicación de la ley.

Ahí reside la clave de toda interpretación responsable. La República Dominicana no figura en esa nómina por permisividad, connivencia o abandono de sus obligaciones internacionales, sino por una realidad cartográfica que ningún gobierno puede reescribir: el país ocupa una posición estratégica en el corazón del Caribe, sobre las rutas marítimas que conectan la producción sudamericana con los mercados de Norteamérica y Europa. Su intensa actividad portuaria y aeroportuaria, su conectividad logística y su cercanía a corredores utilizados por organizaciones criminales transnacionales lo convierten, quiéralo o no, en un punto codiciado por el crimen organizado. Estar en la ruta no es lo mismo que ser cómplice de ella.

La distinción no es un matiz retórico: es jurídicamente sustancial. La determinación del año fiscal 2027 reserva una categoría distinta y mucho más grave para los países que, a juicio de Washington, han incumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas durante los últimos doce meses. Esa designación recayó únicamente sobre Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. La República Dominicana no aparece en ese grupo. Tampoco los países centroamericanos fueron señalados por falta de esfuerzos sustanciales. En otras palabras, el documento que algunos han presentado como un reproche al país es, leído con rigor, la confirmación oficial de que la nación cumple con sus obligaciones antidrogas ante la comunidad internaciona.

Esa validación no es un accidente diplomático, sino el resultado de una política de Estado. La Dirección Nacional de Control de Drogas y el conjunto de las agencias de seguridad dominicanas han protagonizado en los últimos años operativos e incautaciones récord que evidencian una capacidad operativa creciente para detectar, interceptar y decomisar cargamentos ilícitos antes de que alcancen su destino final. Cada tonelada de cocaína retirada del circuito criminal en aguas o puertos dominicanos es una tonelada que no llega a las calles de las ciudades estadounidenses o europeas. Paradójicamente, ese mismo éxito interceptor —el volumen de drogas detectado en tránsito— es parte de lo que coloca al país en el radar de la lista: se decomisa mucho porque se vigila mucho.

La República Dominicana ha entendido, además, que la lucha contra el narcotráfico no se gana en soledad. La cooperación con Estados Unidos, con los organismos multilaterales y con los socios regionales del Caribe se ha profundizado en materia de intercambio de inteligencia, control fronterizo, trazabilidad de sustancias precursoras y persecución financiera de las redes criminales. El propio llamado de la Casa Blanca a los veintitrés países incluidos —a reforzar sus acciones contra las organizaciones dedicadas a la producción y el traslado de drogas— encuentra en la nación caribeña no a un destinatario reticente, sino a un aliado que ya venía marchando en esa dirección.

Sería un error, por tanto, permitir que la desinformación erosione la reputación de un país que ha invertido recursos, personal y voluntad política en blindar sus fronteras marítimas y aéreas. La verdadera amenaza reputacional no proviene de la lista estadounidense, cuyo texto exonera al país de cualquier señalamiento por incumplimiento, sino de las lecturas interesadas o apresuradas que confunden la geografía con la culpa. Un Estado insular situado sobre una autopista natural del narcotráfico internacional no puede ser juzgado por el mapa que le tocó, sino por lo que hace con él. Y lo que la República Dominicana hace es resistir, incautar, cooperar y perseguir.

De cara al futuro, la determinación del año fiscal 2027 debe leerse menos como una sombra y más como una oportunidad. Oportunidad para reafirmar ante la comunidad internacional que el país es un socio confiable y no un eslabón débil; para reclamar corresponsabilidad de las naciones consumidoras, que constituyen el destino final de la demanda que alimenta estas rutas; y para exigir que la cooperación se traduzca en recursos tecnológicos, equipos de interdicción marítima y asistencia sostenida que fortalezcan aún más la capacidad nacional. La responsabilidad en el combate a las drogas es compartida a lo largo de toda la cadena, desde los países productores hasta los mercados que la sostienen, y la República Dominicana ha decidido asumir la suya con seriedad.

La nación puede, pues, mirar este documento de frente y sin complejos. No está en el banquillo de los acusados: está en el mapa de los que combaten. La diferencia, para quien lea con honestidad, lo cambia todo. Defender la verdad sobre la política antidrogas dominicana no es un ejercicio de propaganda, sino de justicia informativa. El país merece que su esfuerzo se cuente completo, con sus cifras, sus decomisos y sus alianzas, y no que se reduzca a un titular que invierte el sentido de los hechos.

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