RD no estaba tomando café: estaba defendiendo una estrategia país

La pregunta planteada en el artículo “¿Qué hacía RD cuando viajaba a DC y se reunía con representantes o subsecretario de Comercio?” merece una respuesta serena, firme y con sentido de Estado. No porque la crítica deba ser rechazada por ser crítica, sino porque en materia de comercio internacional, diplomacia económica y defensa de la competitividad nacional, los hechos no pueden reducirse a una metáfora ligera de “café y agua”. La República Dominicana no estaba de paseo. No estaba improvisando. No estaba abandonando el tablero. Estaba —y sigue estando— defendiendo una relación estratégica con su principal socio comercial, en un contexto global mucho más complejo que una comparación arancelaria entre países vecinos.

Es cierto que Estados Unidos inició investigaciones bajo la Sección 301 sobre economías que, a juicio del USTR, no contaban con prohibiciones efectivas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. El aviso del Federal Register publicado el 17 de marzo de 2026 establece que el Representante Comercial de Estados Unidos inició investigaciones respecto de actos, políticas y prácticas relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso; en el anexo figura la Dominican Republic entre las economías investigadas. También es cierto que la medida estadounidense terminó colocando a la República Dominicana en un arancel adicional de 12,5 %, mientras otros países de la región quedaron en 10 %, según reportó Diario Libre. Pero una verdad parcial no basta para construir una conclusión definitiva.

La diferencia entre 10 % y 12,5 % es relevante. Nadie serio debería minimizarla. Afecta márgenes, expectativas, negociaciones empresariales y competitividad. Pero tampoco debe utilizarse para instalar la narrativa de que el Gobierno dominicano estuvo paralizado o actuó con negligencia. La política exterior responsable no siempre se mide por la fotografía de un acuerdo firmado en el momento exacto en que la opinión pública lo demanda. Muchas veces se mide por la capacidad de sostener conversaciones difíciles, preservar canales diplomáticos, evitar rupturas innecesarias, proteger sectores sensibles y construir una respuesta jurídica e institucional que no sea simplemente reactiva, sino sostenible.

La República Dominicana no es Guatemala, no es Honduras ni es El Salvador. Comparar respuestas nacionales sin ponderar estructuras productivas, composición exportadora, regímenes especiales, peso de las zonas francas, relación bilateral acumulada, compromisos bajo el DR-Cafta y arquitectura institucional interna puede llevar a conclusiones apresuradas. Cada país negocia desde su realidad, desde sus fortalezas y desde sus vulnerabilidades. Que otros hayan firmado instrumentos o acelerado contactos no significa automáticamente que su modelo fuera transferible, ni que el dominicano haya sido inexistente. En diplomacia comercial, actuar rápido no siempre equivale a actuar mejor; y actuar con prudencia no siempre equivale a llegar tarde.

El Decreto núm. 502-26 no debe verse como una simple respuesta de emergencia, sino como una pieza normativa que coloca al país en la ruta correcta de cumplimiento laboral, trazabilidad comercial y cooperación internacional. La Presidencia informó que el decreto establece un procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías, productos y bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso, fortaleciendo la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana. La misma disposición faculta a la Dirección General de Aduanas a prohibir importaciones mediante decisión motivada cuando se determine que los bienes fueron producidos bajo trabajo forzoso, y contempla cooperación internacional, intercambio de información y coordinación interinstitucional. Eso no es simbólico. Es arquitectura institucional.

Además, el decreto no se limita a una declaración política. Según Diario Libre, el Decreto 502-26 obliga a los importadores a declarar si tienen conocimiento o información razonable de que un producto fue elaborado mediante trabajo forzoso; prevé evaluación técnica del Ministerio de Trabajo en un plazo de 60 días hábiles, prorrogable una vez por 30 días; y permite considerar fuentes nacionales e internacionales, públicas o privadas, incluyendo informes de organismos internacionales, autoridades extranjeras, denuncias ciudadanas, investigaciones periodísticas, académicas o técnicas. Esa es precisamente la clase de sistema verificable que el nuevo comercio mundial exige: no discursos vacíos, sino procedimientos, registros, evidencia y responsabilidad compartida entre Estado y sector privado.

La crítica afirma que “mientras otros actuaban”, la República Dominicana “tomaba café”. Esa frase puede ser efectiva como recurso retórico, pero no es justa como lectura de política pública. En julio de 2026, la Dirección General de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos formalizaron un Acuerdo de Perfilamiento de Carga para el Puerto de Haina, destinado a fortalecer prevención, control y gestión de riesgos en el comercio exterior; la DGA explicó que la alianza refuerza la seguridad de la cadena logística internacional mediante intercambio de información y cooperación operativa para identificar amenazas antes de la llegada de las cargas. Ese tipo de cooperación con CBP no se improvisa, no nace de una visita turística ni se firma sobre una servilleta. Es parte de una agenda de seguridad comercial que también incide en la confianza internacional del país.

Conviene recordar algo: la discusión actual no se limita al “trabajo forzoso” como categoría laboral interna. La preocupación estadounidense apunta, sobre todo, a la posibilidad de que mercancías importadas por terceros países, o insumos integrados en cadenas globales, provengan de procesos contaminados por trabajo forzoso. Es decir, el debate no acusa necesariamente a la República Dominicana de tener una economía asentada en trabajo forzoso sistémico; coloca el foco en la capacidad del país para impedir que su mercado y sus cadenas de suministro sean utilizadas como vía de entrada o transformación de bienes producidos bajo esas condiciones. Esa distinción es fundamental. Defender al país implica rechazar cualquier insinuación injusta sobre la dignidad del trabajo dominicano, pero también reconocer que el comercio moderno exige trazabilidad, debida diligencia y controles más robustos.

Por eso, la respuesta dominicana ha sido correcta en su dirección: firmeza diplomática, adecuación normativa, coordinación institucional y defensa de la reputación país. El Gobierno no puede responder a una medida de Washington con gritos, ni con victimismo, ni con una política de aplausos internos que luego fracase en los expedientes técnicos. Debe responder con pruebas, expedientes, procedimientos verificables, conversación de alto nivel y capacidad de demostrar cumplimiento. Esa es la diferencia entre una reacción mediática y una estrategia de Estado.

Hay quienes quisieran ver en este episodio una derrota definitiva. No lo es. Es una advertencia, sí. Es un desafío, sin duda. Pero también es una oportunidad para acelerar la modernización comercial, fortalecer la fiscalización laboral, elevar la calidad de la información aduanera, profundizar la cooperación con Estados Unidos y blindar al sector exportador. La defensa del Gobierno no consiste en negar los riesgos, sino en demostrar que existe una ruta para corregir, negociar y mejorar. Esa ruta ya comenzó.

También debe reconocerse que la República Dominicana ha construido durante años una relación económica profunda con Estados Unidos. Diario Libre reportó que en 2025 las exportaciones dominicanas hacia ese mercado ascendieron a 7.124 millones de dólares, equivalentes al 48,6 % de todas las exportaciones nacionales, según cifras atribuidas al MICM. Precisamente por esa dependencia estratégica, el Gobierno no puede actuar como si se tratara de una controversia menor. Pero tampoco puede aceptar que la narrativa pública reduzca toda una política exterior, comercial y aduanera a la idea de que “otros negociaron y nosotros paseamos”. La relación con Washington se trabaja todos los días: en cancillería, en comercio, en aduanas, en seguridad, en inversión, en zonas francas, en cooperación técnica y en confianza política.

La pregunta correcta no es únicamente qué hacía la República Dominicana cuando sus funcionarios viajaban a Washington o cuando representantes estadounidenses venían a Santo Domingo. La pregunta correcta es qué debe hacer ahora el país para convertir una presión externa en una reforma interna de mayor calidad. Y la respuesta es clara: fortalecer el Decreto 502-26 con reglamentos ágiles; crear indicadores públicos de cumplimiento; capacitar inspectores y oficiales aduaneros; acompañar al sector privado en certificaciones de origen y debida diligencia; abrir un canal técnico permanente con el USTR; documentar avances; y negociar, con firmeza, una revisión de la medida sobre la base de resultados verificables.

Defender al Gobierno en esta coyuntura no significa pedir silencio ante los errores ni aplaudir sin reservas. Significa entender que la política pública se evalúa con sentido de proceso, no con frases efectistas. Significa admitir que en un mundo de cadenas globales, sanciones comerciales, exigencias laborales y competencia geopolítica, ningún país puede darse el lujo de actuar con soberbia. Pero tampoco puede permitirse la autoflagelación. La República Dominicana tiene instituciones, tiene liderazgo, tiene sector privado dinámico, tiene zonas francas competitivas y tiene una relación estratégica con Estados Unidos que debe preservarse con inteligencia.

El arancel de 12,5 % debe preocuparnos, pero no paralizarnos. Debe ocuparnos, no dividirnos. Debe empujarnos a actuar con más rigor, no a descalificarnos como nación. Si algo ha demostrado el país en las últimas décadas es su capacidad de convertir crisis en reformas, presiones externas en modernización y desafíos comerciales en oportunidades de integración. El Gobierno dominicano tiene la responsabilidad de acelerar, explicar mejor y ejecutar con precisión. Pero quienes opinamos también tenemos la responsabilidad de no convertir cada diferencia diplomática en una sentencia de fracaso nacional.

La República Dominicana no estaba tomando café mientras otros actuaban. Estaba en una mesa difícil, defendiendo intereses complejos, en medio de una reconfiguración comercial global. Tal vez faltó mayor anticipación comunicacional. Tal vez debieron explicarse antes los alcances de la investigación y los pasos del Gobierno. Tal vez el país necesita una estrategia pública más agresiva de inteligencia comercial. Pero de ahí a presentar la acción dominicana como pasividad, descuido o paseo hay una distancia enorme.

En política comercial, la dignidad nacional no se defiende con estridencia, sino con resultados. Y los resultados que ahora importan son concretos: reducir la incertidumbre, proteger empleos, preservar exportaciones, demostrar cumplimiento laboral, negociar con evidencia y colocar a la República Dominicana en el nivel más competitivo posible. Ese es el camino. Esa es la defensa responsable. Esa es la tarea de un Gobierno que no puede darse el lujo de improvisar, pero tampoco de rendirse ante un titular.

La historia no termina con el 12,5 %. Empieza con la capacidad del país para convertir ese número en una agenda de reforma, transparencia y competitividad. Porque el verdadero desarrollo no consiste en evitar todos los golpes, sino en saber responderlos con visión, disciplina y sentido de nación.
En política comercial, la dignidad nacional no se defiende con estridencia, sino con resultados. Y los resultados que ahora importan son concretos: reducir la incertidumbre, proteger empleos, preservar exportaciones, demostrar cumplimiento laboral, negociar con evidencia y colocar a la República Dominicana en el nivel más competitivo posible. Ese es el camino. Esa es la defensa responsable. Esa es la tarea de un Gobierno que no puede darse el lujo de improvisar, pero tampoco de rendirse ante un titular.

La historia no termina con el 12,5 %. Empieza con la capacidad del país para convertir ese número en una agenda de reforma, transparencia y competitividad. Porque el verdadero desarrollo no consiste en evitar todos los golpes, sino en saber responderlos con visión, disciplina y sentido de nación.

Pie de foto:☕🇩🇴 La República Dominicana no estaba tomando café; estaba defendiendo una estrategia de Estado. Frente a los desafíos del comercio global, el país fortaleció su marco normativo, impulsó la cooperación internacional y reforzó los mecanismos de cumplimiento para proteger sus exportaciones, su competitividad y su relación estratégica con Estados Unidos. La verdadera diplomacia económica no se mide por titulares, sino por resultados, visión y capacidad de construir soluciones duraderas. 📦🌎🤝

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