SANTODOMINGO.– La problemática de las llamadas grooming gangs ha expuesto una crisis de protección infantil en Reino Unido. Investigaciones periodísticas y judiciales revelan que, durante décadas, miles de niñas fueron víctimas de abuso sistemático en distintas ciudades, en un contexto marcado por la inacción institucional.
Los datos disponibles estiman que más de 250,000 menores pudieron haber sido afectadas desde mediados del siglo XX. Casos como Rotherham, Rochdale, Oxford y Telford evidencian patrones comunes: captación de adolescentes vulnerables, suministro de alcohol y drogas, coerción mediante violencia y explotación organizada en redes locales.
En cuanto a los ofensores, los registros judiciales muestran una sobrerrepresentación de hombres británicos de origen pakistaní en condenas específicas. Sin embargo, informes oficiales advierten que la falta de datos étnicos en gran parte de los expedientes impide conclusiones definitivas a nivel nacional. Este vacío ha sido instrumentalizado por sectores políticos, mientras que otros actores institucionales optaron por el silencio, temerosos de ser acusados de racismo.
El núcleo del escándalo reside en la falla estructural de las instituciones públicas. Policía, servicios sociales y autoridades locales priorizaron la reputación y la corrección política por encima de la protección de las víctimas. Esta omisión permitió que el abuso se perpetuara durante años, generando una doble victimización: la ejercida por los agresores y la infligida por un Estado ausente.
La lección es clara: la justicia y la protección de la infancia no pueden subordinarse a cálculos políticos ni a temores culturales. Reconocer patrones de perpetración es necesario, pero debe hacerse desde un enfoque integral que combine prevención, atención a las víctimas y sanción efectiva.
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