El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sobre la designación de aseguradoras vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní y la sanción de decenas de buques de la llamada “flota clandestina” no es un episodio aislado de la guerra de sanciones; es la manifestación más reciente de una estrategia geopolítica que mezcla coerción marítima, innovación financiera para evadir controles y una pugna por el control de rutas y recursos energéticos que tiene efectos globales. Más allá de la retórica de “presión máxima”, lo que está en juego es la gobernanza del comercio marítimo, la integridad de las cadenas de suministro y la capacidad de los Estados y empresas para operar en un sistema internacional cada vez más fragmentado.
Extorsión institucionalizada y la erosión del orden marítimo
La práctica denunciada —obligar a buques a contratar pólizas emitidas o intermediadas por entidades controladas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)— es, en esencia, una forma de extorsión con apariencia de servicio. Al ofrecer “protección” frente a riesgos que, en muchos casos, son creados o amplificados por el propio actor que vende la póliza, Irán transforma el Estrecho de Ormuz en una suerte de peaje forzado. La aceptación de activos digitales como mecanismo de pago añade una capa de sofisticación: criptomonedas y sistemas de liquidación alternativos permiten sortear controles financieros tradicionales y complican la trazabilidad.
Este fenómeno no solo vulnera normas del derecho marítimo y del comercio internacional; socava la confianza en los mecanismos privados y públicos que sostienen el tránsito marítimo. Cuando la seguridad del paso depende de la voluntad de un actor que también puede ser la fuente del riesgo, las navieras, aseguradoras legítimas y estados costeros enfrentan un dilema: pagar y normalizar la extorsión o resistir y asumir mayores costos operativos y riesgos.
Sanciones como herramienta y sus límites
Las sanciones de la OFAC buscan cerrar canales de financiación y castigar a intermediarios que facilitan la exportación clandestina de petróleo iraní. En el corto plazo, estas medidas complican la operativa de la “flota clandestina” y elevan los costos de transacción para quienes participan en ella. Pero las sanciones no son una panacea. Los estados sancionados desarrollan resiliencias: redes de buques con banderas de conveniencia, propietarios pantalla, transferencias en alta mar, y el uso de activos digitales y corredores comerciales con países menos alineados con Washington.
Además, la eficacia de las sanciones depende de la cooperación internacional y de la capacidad de los sistemas financieros y logísticos globales para identificar y bloquear evasiones. En un mundo donde actores estatales y privados buscan constantemente rutas alternativas, la presión unilateral o incluso multilateral limitada puede desplazar, más que eliminar, las actividades sancionadas.
La competencia estratégica: China, Rusia y la fragmentación del sistema
El caso iraní se inserta en una competencia estratégica más amplia. Potencias como China y, en menor medida, Rusia, han mostrado disposición a mantener relaciones comerciales y tecnológicas con Teherán, ofreciendo alternativas que reducen la efectividad de las sanciones occidentales. La asistencia tecnológica, la compra de hidrocarburos y la cooperación en materia militar o de inteligencia crean un entorno donde Irán puede diversificar compradores y mecanismos de pago.
Esa dinámica contribuye a la fragmentación del sistema internacional: normas, redes financieras y cadenas de suministro que antes eran relativamente homogéneas ahora se bifurcan. Para los países pequeños y medianos, esa fragmentación implica mayores costos de cumplimiento, riesgos reputacionales y la necesidad de navegar entre presiones contrapuestas de grandes potencias.
Repercusiones para República Dominicana: exposición, oportunidades y riesgos
Aunque República Dominicana no es un actor directo en la disputa por Ormuz, la crisis tiene efectos indirectos y concretos que merecen atención pública y política:
– Impacto en precios y volatilidad energética. Cualquier tensión que afecte el flujo de petróleo por Ormuz tiende a traducirse en aumentos y volatilidad en los precios internacionales del crudo y sus derivados. Para una economía insular como la dominicana, dependiente de importaciones energéticas, esto significa presiones inflacionarias, mayores costos de transporte y un impacto directo en el presupuesto público y en el bolsillo de los hogares.
– Costos logísticos y seguros. La fragmentación del mercado asegurador y la aparición de prácticas irregulares elevan las primas y complican las pólizas para navieras y operadores logísticos. Empresas dominicanas que importan bienes por vía marítima pueden enfrentar mayores costos de flete y seguros, o demoras si los armadores reconfiguran rutas para evitar zonas de riesgo.
– Riesgo reputacional y cumplimiento. La proliferación de buques con banderas de conveniencia y propietarios pantalla aumenta el riesgo de que mercancías o servicios vinculados a actores sancionados entren en cadenas de suministro globales. Empresas y bancos dominicanos deben reforzar sus controles de cumplimiento (KYC, AML, sanciones) para evitar sanciones secundarias, multas o restricciones que afecten su acceso a mercados y corresponsales internacionales.
– Oportunidades para diversificar proveedores y energía. La crisis también empuja a los países importadores a diversificar fuentes energéticas y a acelerar la transición hacia alternativas menos expuestas a la geopolítica petrolera: gas natural licuado, renovables y eficiencia energética. Para República Dominicana, esto es una llamada a intensificar políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad energética: incentivos a renovables, almacenamiento estratégico y acuerdos de suministro más estables.
– Política exterior y alineamientos. La presión sobre actores como Irán obliga a los países de la región a posicionarse, explícita o implícitamente. República Dominicana debe calibrar su política exterior para proteger intereses económicos y financieros, sin perder autonomía estratégica. Mantener canales diplomáticos abiertos, reforzar la cooperación con socios comerciales y asegurar la adhesión a estándares internacionales de cumplimiento será crucial.
Qué debe hacer la República Dominicana
1. Fortalecer controles financieros y aduaneros. Actualizar y robustecer los mecanismos de debida diligencia en bancos, corredores y operadores logísticos para detectar vínculos con redes sancionadas y evitar contagios reputacionales y legales.
2. Mitigar el riesgo energético. Acelerar la diversificación de la matriz energética, ampliar reservas estratégicas y promover eficiencia en el consumo para amortiguar choques externos.
3. Apoyar a la comunidad empresarial. Ofrecer orientación práctica y recursos para que importadores y navieras locales comprendan y cumplan las normas internacionales, reduciendo el riesgo de sanciones secundarias.
4. Diplomacia pragmática. Mantener una política exterior que combine principios (respeto al derecho internacional y a las sanciones) con pragmatismo comercial, buscando salvaguardar el acceso a mercados y la estabilidad financiera.
Conclusión
La sanción de aseguradoras y buques vinculados a Irán es un capítulo más en la reconfiguración del orden marítimo y financiero global. No se trata solo de castigar a un régimen; es una respuesta a prácticas que, si se normalizan, erosionan la gobernanza del comercio internacional. Para países como República Dominicana, el desafío es doble: protegerse de los efectos colaterales —volatilidad energética, costos logísticos y riesgos de cumplimiento— y aprovechar la oportunidad para acelerar políticas que reduzcan la vulnerabilidad externa. En un mundo donde los estrechos geográficos pueden convertirse en cajas registradoras para regímenes en apuros, la mejor defensa es la resiliencia económica, la solidez institucional y una diplomacia que preserve intereses sin perder principios.
Pie de foto: La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es la agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales.
