- Washington plantea la derogación del Decreto 693-24, mientras la disposición dominicana mantiene una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero y medidas destinadas a proteger la producción nacional
Santo Domingo, República Dominicana. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) planteó al Gobierno dominicano la importancia de derogar el Decreto 693-24, al considerar que su aplicación no se corresponde con las obligaciones de acceso al mercado asumidas por República Dominicana en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta.
La posición estadounidense fue comunicada después de una reunión virtual celebrada a principios de esta semana entre el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman; la principal negociadora agrícola estadounidense, Julie Callahan, y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó. El encuentro abordó las oportunidades para fortalecer la relación económica bilateral y avanzar en las conversaciones sobre un eventual Acuerdo de Comercio Recíproco.
En su pronunciamiento público, la USTR destacó la relevancia de que el presidente Luis Abinader deje sin efecto el decreto para cumplir, según la interpretación estadounidense, con las condiciones de acceso aplicables al arroz procedente de ese país. La institución también manifestó su disposición a continuar las negociaciones comerciales con la República Dominicana y expresó su expectativa de alcanzar una conclusión oportuna.
Hasta el momento de la publicación de las informaciones consultadas, no se había comunicado un calendario concreto para esas negociaciones ni se había informado que las autoridades dominicanas asumieran el compromiso de derogar la disposición presidencial. Por esta razón, el planteamiento de la USTR debe entenderse como una posición formal dentro de un proceso de diálogo bilateral todavía abierto, y no como una decisión ya adoptada por el Gobierno dominicano.
Un decreto sustentado en la protección de la seguridad alimentaria
El Decreto 693-24 fue emitido por el presidente Luis Abinader el 17 de diciembre de 2024 y divulgado oficialmente por la Presidencia de la República Dominicana. La normativa dispone la aplicación, a diferentes categorías de arroz, del tratamiento arancelario consignado por el país en su Lista XXIII ante la Organización Mundial del Comercio.
La disposición comprende las partidas arancelarias 1006.10.00, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00. Para esos productos establece un arancel de 20 % ad valorem dentro del contingente y de 99 % ad valorem cuando las importaciones excedan dicho volumen.
El decreto también incorporó un tratamiento específico para el arroz originario de Estados Unidos, mediante una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas con arancel cero. Los volúmenes que superen esa cuota quedan sujetos al arancel de Nación Más Favorecida, equivalente al 99 % ad valorem.
En sus considerandos, la normativa dominicana invoca el artículo 54 de la Constitución, que reconoce la seguridad alimentaria dentro de los derechos económicos y sociales, así como las disposiciones de la Ley 589-16 sobre el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. El decreto se fundamenta, además, en la responsabilidad del Estado de promover la producción agropecuaria, incrementar la productividad y proteger el abastecimiento nacional de alimento.
Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo dominicano, el esquema fue diseñado para regular la entrada del cereal y ofrecer protección a un producto considerado sensible para la economía, el empleo rural y la alimentación de la población. Desde la óptica de Washington, sin embargo, el arancel aplicado fuera de la cuota limita el acceso del arroz estadounidense y entra en conflicto con el proceso de liberalización comercial previsto por el DR-Cafta.
Diálogo comercial y defensa de la producción nacional
El planteamiento de Estados Unidos abre una etapa de negociación de particular importancia para la República Dominicana. Por un lado, el país debe preservar la seguridad jurídica, la confianza comercial y la relación estratégica con su principal socio económico. Por otro, tiene el desafío de evitar que una apertura abrupta provoque distorsiones sobre miles de productores vinculados al cultivo, procesamiento, transporte y comercialización del arroz nacional.
La controversia exige, por consiguiente, una salida técnica y diplomática. La revisión de la medida debe considerar simultáneamente el cronograma de desgravación del DR-Cafta, los compromisos multilaterales del país, la sensibilidad social del sector arrocero, los costos internos de producción y el derecho de los consumidores a recibir un producto de calidad a precios razonables.
Una eventual negociación podría incluir mecanismos de transición, programas de productividad, mejoras tecnológicas, financiamiento especializado, fortalecimiento del seguro agropecuario y una administración transparente de los contingentes. Estas acciones permitirían elevar la competitividad del arroz dominicano sin afectar innecesariamente la relación económica con Estados Unidos.
También resultará indispensable que las autoridades dominicanas comuniquen con precisión el alcance de las conversaciones. La población y los productores necesitan conocer si Washington está solicitando una derogación completa, una modificación del esquema arancelario o un mecanismo alternativo de acceso al mercado. Asimismo, deberá determinarse mediante un examen jurídico bilateral si la disposición resulta compatible con las obligaciones específicas asumidas por el país bajo el DR-Cafta.
La posición dominicana puede sustentarse legítimamente en la defensa de la seguridad alimentaria, siempre dentro de un diálogo constructivo y respetuoso de los acuerdos internacionales. Proteger la producción nacional no debe interpretarse automáticamente como una ruptura con el libre comercio, sino como la búsqueda de condiciones que permitan una apertura ordenada, sostenible y socialmente responsable.
La relación entre República Dominicana y Estados Unidos trasciende este diferendo sectorial. Ambos países mantienen amplios vínculos comerciales, diplomáticos y de cooperación, por lo que la discusión sobre el arroz representa una oportunidad para institucionalizar un mecanismo de entendimiento que combine el cumplimiento comercial con la protección de sectores agrícolas estratégicos.
El objetivo debe ser alcanzar una solución equilibrada que preserve el acceso negociado al mercado, fortalezca la producción dominicana y evite que el consumidor resulte afectado. La transparencia, el diálogo técnico y la reciprocidad serán determinantes para convertir esta diferencia en una oportunidad de modernización del sector arrocero y de fortalecimiento de la relación bilateral.
Earlier this week, Ambassador Goettman and Ambassador Callahan met virtually with Foreign Minister Víctor Bisonó of the Dominican Republic.
The Ambassadors noted the opportunity to strengthen our countries’ bilateral economic relationship and highlighted the importance of…
— United States Trade Representative (@USTradeRep) September 11, 2026
United States Trade Representative @USTradeRep
Traducido del inglés
A principios de esta semana, la embajadora Goettman y el embajador Callahan se reunieron virtualmente con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor Bisonó.
Los embajadores señalaron la oportunidad de fortalecer la relación económica bilateral entre nuestros países y destacaron la importancia de la derogación del Decreto 693-24 por parte del presidente Abinader para cumplir con las obligaciones de acceso al mercado de la República Dominicana en el marco del CAFTA-DR con respecto al acceso para el arroz de EE.UU.
La USTR acoge con satisfacción la oportunidad de entablar negociaciones con la República Dominicana sobre un Acuerdo de Comercio Recíproco y espera con interés la conclusión oportuna de nuestras negociaciones. https://x.com/USTradeRep/status/2098473117685371166?s=20
