La electricidad que exige Meta RD 2036: soberanía, competitividad y visión de futuro

La electricidad no constituye un sector más dentro de la economía. Es la infraestructura que sostiene a todos los demás. Una industria, un hotel, una clínica, una escuela, un centro de datos, una zona franca o una microempresa necesitan energía estable, predecible y competitiva para producir, invertir y generar empleos.

Por eso, uno de los grandes aciertos de la planificación gubernamental ha sido vincular el futuro energético con Meta RD 2036. El Plan Energético Nacional 2025-2038 incorpora una visión de largo plazo que combina nueva generación, expansión renovable, almacenamiento, transmisión, seguridad energética e inversión privada. El objetivo no es únicamente producir más electricidad, sino construir un sistema moderno, resiliente y financieramente sostenible.

Una transformación que debe abarcar todo el sistema

Durante muchos años, el debate eléctrico dominicano estuvo concentrado casi exclusivamente en la generación. La expansión de la capacidad instalada era vista como la respuesta principal frente a los apagones y al crecimiento de la demanda.

Esa etapa permitió incorporar importantes proyectos y aumentar la disponibilidad de energía. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la sostenibilidad eléctrica exige una arquitectura más amplia. Generar electricidad es indispensable, pero también hay que transportarla, distribuirla, medirla, facturarla y cobrarla eficientemente.

Del mismo modo, la incorporación de energía solar y eólica debe acompañarse de transmisión, almacenamiento, generación flexible y servicios auxiliares. Una fuente renovable puede producir energía económica y limpia, pero requiere redes capaces de recibirla y tecnologías que compensen su variabilidad.

La política pública dominicana comienza a responder a esta realidad mediante una combinación más equilibrada: expansión térmica eficiente, nuevas energías renovables, baterías BESS, modernización de la transmisión y rehabilitación de circuitos de distribución. Esta visión integral debe mantenerse y acelerarse.

El desafío no consiste en escoger entre gas natural y energías renovables, entre generación pública y privada o entre grandes centrales y generación distribuida. El verdadero objetivo es coordinar todos esos recursos para alcanzar confiabilidad, sostenibilidad ambiental y costos competitivos.

Las pérdidas: el principal espacio para ganar eficiencia

El sistema de distribución continúa representando el desafío más complejo. Durante el primer semestre de 2026, las empresas distribuidoras adquirieron 9,940.1 GWh. De ese total, 3,889.4 GWh no fueron facturados, equivalentes al 39.1 %. A esa proporción se añadió un 4.3 % correspondiente a electricidad facturada, pero no cobrada.

En consecuencia, las pérdidas totales alcanzaron el 43.5 % de la energía adquirida. En términos prácticos, por cada 100 GWh comprados por las empresas distribuidoras, 43.5 GWh no se convirtieron efectivamente en ingresos.

Esta distinción resulta importante. El 39.1 % representa la energía no facturada, mientras que el 43.5 % incorpora también la electricidad facturada que no llegó a cobrarse. Identificar correctamente cada componente permite diseñar soluciones específicas.

Las pérdidas técnicas requieren rehabilitación de redes, sustitución de transformadores sobrecargados, mejoramiento del voltaje, nuevas subestaciones y conductores adecuados. Las pérdidas no técnicas demandan medición inteligente, actualización del catastro, normalización de usuarios, combate al fraude, mejor facturación y fortalecimiento de la cobranza.

Las diferencias entre las distribuidoras confirman que cada territorio necesita una estrategia particular. Edeeste registró pérdidas de energía no facturada de 55.9 %, Edesur de 32.2 % y Edenorte de 26 %. Estas variaciones responden a factores técnicos, territoriales, comerciales y sociales que no pueden enfrentarse mediante una fórmula uniforme.

El hecho de que las inversiones de capital aumentaran 25.6 % durante el período demuestra que el Estado ha destinado recursos a la modernización. El próximo paso consiste en vincular cada inversión con resultados verificables, permanentes y transparentes.

La reducción de pérdidas debe verse como una oportunidad nacional. Recuperar energía que ya se compra puede resultar más económico que construir una planta equivalente. También permite aumentar los ingresos de las distribuidoras, disminuir las transferencias públicas y liberar recursos para nuevas inversiones.

Si las pérdidas totales disminuyeran de 43.5 % a 20 %, la proporción de energía convertida en ingresos pasaría de 56.5 a 80 unidades por cada 100 adquiridas. Esto representaría una mejora cercana al 42 % respecto de la energía monetizada actualmente.

La primera gran fuente adicional de energía de la República Dominicana puede ser, por tanto, la eficiencia. No se trata solamente de cobrar más, sino de utilizar mejor la electricidad disponible y fortalecer la sostenibilidad financiera de todo el sistema.

Modernizar las distribuidoras desde cada circuito

El Gobierno dominicano cuenta con una oportunidad histórica para transformar las EDE mediante tecnología, inversión y profesionalización. El programa de modernización respaldado por el Banco Mundial con US$225 millones constituye una plataforma relevante porque combina rehabilitación de redes, normalización de usuarios, sustitución de medidores y mejoramiento de los sistemas comerciales y de gestión.

La iniciativa contempla intervenir redes de media y baja tensión, regularizar suministros y centralizar información proveniente de sistemas de medición remota. Este enfoque puede convertirse en el modelo nacional para reducir pérdidas y mejorar la calidad del servicio.

La intervención debe realizarse por circuitos completos. Esto significa integrar infraestructura, medición, contratos, facturación, cobranza, atención al cliente, seguridad eléctrica y vigilancia posterior. Instalar medidores sin rehabilitar las redes o sin mantener el control comercial puede producir mejoras temporales, pero no una transformación estructural.

También será necesario fortalecer la dimensión social de la reforma. El fraude organizado y la precariedad energética no son fenómenos equivalentes. Una empresa que manipula deliberadamente su medición para reducir una factura elevada no debe recibir el mismo tratamiento que una familia vulnerable sin acceso previo a una conexión segura.

El Estado debe mantener firmeza frente al fraude comercial, mientras acompaña a los hogares vulnerables mediante BonoLuz, tarifas sociales focalizadas, facilidades para formalizar contratos y programas destinados a mejorar las instalaciones internas.

La reducción sostenible de pérdidas requiere legitimidad social, calidad del servicio y confianza en la facturación. El ciudadano debe percibir que formalizarse significa recibir una electricidad más estable, segura y predecible.

Las empresas distribuidoras también necesitan fortalecer su gobierno corporativo. Los contratos de desempeño, las auditorías independientes y la publicación regular de indicadores pueden contribuir a consolidar una cultura de resultados.

Cada EDE debería informar mensualmente sus pérdidas por circuito, niveles de cobranza, frecuencia y duración de las interrupciones, energía no servida, reclamaciones, inversión ejecutada y costos operativos. La transparencia no debe ser vista como un mecanismo de confrontación, sino como una herramienta para mejorar la gestión y fortalecer la confianza ciudadana.

Generación suficiente para la economía de 2036

La expansión de la economía dominicana elevará significativamente la demanda eléctrica. El crecimiento de la industria, el turismo, las zonas francas, la construcción, la climatización, los centros de datos, la movilidad eléctrica y las MIPYME presionará sobre el sistema.

El Plan Energético Nacional 2025-2038 proyecta más de 2,000 MW de nueva generación térmica, más de 400 MW de almacenamiento con baterías, nuevos proyectos renovables y el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión. Esto demuestra que la política energética comienza a adoptar una visión anticipada, alineada con las necesidades económicas del país.

La nueva generación térmica debe ser eficiente y flexible. El gas natural puede continuar desempeñando un papel importante durante la transición, especialmente para respaldar las energías renovables, cubrir la demanda nocturna y responder en períodos críticos.

Sin embargo, la dependencia de un solo combustible, proveedor o punto de importación debe reducirse. La República Dominicana necesita diversificar contratos, fuentes de abastecimiento, rutas marítimas y capacidades de almacenamiento.

Las nuevas plantas deben operar con alta eficiencia y responder rápidamente a las variaciones del sistema. Cuando resulte técnica y económicamente posible, también deberían disponer de alternativas de combustible para enfrentar contingencias.

El objetivo no debe ser desplazar las renovables, sino complementarlas. A medida que aumente la participación solar y eólica, las plantas térmicas deberán aportar flexibilidad, reserva y confiabilidad, operando de forma coordinada con las baterías y la gestión de la demanda.

Recursos nacionales frente a los riesgos geopolíticos

La República Dominicana, como economía insular y importadora de combustibles, está expuesta a los precios internacionales del petróleo, del gas natural licuado, de los seguros marítimos y de los fletes.

Una escalada geopolítica en zonas como el estrecho de Ormuz puede afectar los mercados internacionales incluso sin producirse un cierre total de la ruta. El aumento de los combustibles se transmite al costo de generación, a las compras de las distribuidoras, al subsidio eléctrico, a la inflación y a la demanda de divisas.

La mejor cobertura frente a esas contingencias consiste en ampliar la producción de electricidad con recursos disponibles en el territorio nacional. El sol, el viento, el agua, la biomasa sostenible y la eficiencia energética reducen la exposición a las cadenas internacionales de suministro.

El potencial solar dominicano debe aprovecharse en grandes parques, pero también en techos industriales, hoteles, edificios públicos, estacionamientos y centros comerciales. La generación distribuida puede reducir la demanda sobre las redes durante las horas diurnas y disminuir pérdidas técnicas cuando se instala en lugares adecuados.

La energía eólica requiere mapas actualizados, repotenciación de los mejores emplazamientos y estudios responsables sobre el eventual potencial marino. Las hidroeléctricas, por su parte, necesitan modernización, automatización y coordinación entre generación, consumo humano, riego y protección ambiental.

El almacenamiento hidroeléctrico por bombeo también merece estudios de factibilidad. Esta tecnología podría complementar las baterías y ofrecer energía durante períodos más prolongados, siempre que no comprometa el abastecimiento de agua para la población y la agricultura.

Las baterías como infraestructura estratégica

Uno de los avances más importantes de la política energética dominicana es el reconocimiento del almacenamiento como componente esencial del sistema.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana impulsa una iniciativa referencial de hasta 600 MW y 1,200 MWh de sistemas BESS, estructurada mediante módulos escalables y participación de capital privado. Se trata de una de las propuestas de almacenamiento más importantes del Caribe.

Las baterías permitirán responder con rapidez ante variaciones de frecuencia, controlar las rampas de producción renovable, almacenar energía solar para utilizarla durante la noche y contribuir al restablecimiento del sistema después de un apagón general.

El proyecto representa un paso estratégico, pero deberá evolucionar desde una cifra general hacia una cartera técnicamente diferenciada. No todas las baterías prestan el mismo servicio.

Los MW expresan potencia, mientras que los MWh indican la energía que puede almacenarse y suministrarse durante un período determinado. El país necesitará sistemas rápidos para estabilizar la frecuencia, baterías de varias horas para trasladar energía solar hacia la noche y alternativas de larga duración para enfrentar eventos prolongados.

La ubicación también será decisiva. Los sistemas deberán instalarse en nodos donde produzcan mayor valor para la transmisión, reduzcan congestiones, mejoren la calidad del voltaje y respalden zonas de concentración industrial o turística.

Soberanía tecnológica mediante la diversificación

La seguridad energética del siglo XXI no depende únicamente del acceso a combustibles. También comprende software, firmware, inversores, sistemas de control, comunicaciones, baterías y plataformas digitales.

Las nuevas disposiciones estadounidenses sobre equipos extranjeros utilizados en sistemas eléctricos de potencia a granel introducen requisitos más exigentes de ciberseguridad, trazabilidad y control operativo. Aunque esas medidas no obligan directamente a la República Dominicana, pueden influir en el financiamiento, los seguros, los proveedores y los proyectos vinculados con Puerto Rico.

La respuesta dominicana debe ser equilibrada. No conviene excluir automáticamente tecnologías competitivas, pero tampoco concentrar la infraestructura crítica en un único país o proveedor.

Todos los equipos deben cumplir protocolos abiertos, mantener control operativo local, impedir accesos remotos no autorizados, permitir auditorías de software y firmware, superar pruebas de penetración y disponer de repuestos suficientes.

La República Dominicana debe promover competencia entre proveedores de China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Europa e India. Al mismo tiempo, puede desarrollar capacidades nacionales de integración, mantenimiento, supervisión digital y reciclaje.

Soberanía energética no significa fabricar localmente cada componente. Significa que ninguna empresa, tecnología, combustible o nación pueda paralizar una infraestructura esencial para el desarrollo dominicano.

Hacia una plataforma energética del Caribe

La transformación del sistema también puede abrir oportunidades de integración regional. La posibilidad de vender electricidad a Haití y Puerto Rico debe estudiarse con visión estratégica, prudencia financiera y prioridad nacional.

Con Haití, el camino inicial podría concentrarse en proyectos fronterizos modulares y microrredes para hospitales, sistemas de agua, parques industriales y zonas económicas. Los acuerdos deberán incorporar garantías multilaterales, medición fronteriza, protección física, seguridad de pagos y mecanismos claros de suspensión.

En el caso de Puerto Rico, el Proyecto Hostos propone una interconexión submarina HVDC de hasta 700 MW. Sus promotores han presentado una inversión estimada de US$2,100 millones, un cable submarino de aproximadamente 200 kilómetros y una nueva central de generación dedicada inicialmente al proyecto.

Esta iniciativa puede representar una oportunidad para proyectar a la República Dominicana como plataforma energética regional, atraer capital privado, generar empleos y diversificar ingresos.

Su evaluación deberá asegurar que la generación sea verdaderamente adicional, que el abastecimiento interno mantenga prioridad, que los sobrecostos no recaigan sobre el Estado y que existan garantías ambientales, financieras, tecnológicas y de desmantelamiento.

La interconexión ideal debe ser bidireccional y servir como instrumento de resiliencia. En determinadas circunstancias, la República Dominicana podría exportar energía; en otras, la conexión podría ofrecer apoyo durante contingencias.

La electricidad como política de Estado

Meta RD 2036 ofrece al país una oportunidad para articular todos los proyectos eléctricos dentro de una estrategia nacional coherente. Los avances en generación, transmisión, almacenamiento, renovables y modernización de las distribuidoras constituyen una base importante.

El desafío consiste en acelerar la ejecución, fortalecer la coordinación institucional y medir los resultados.

Una trayectoria razonable podría llevar las pérdidas por debajo de 32 % en 2028, acercarlas a 24 % en 2030, reducirlas a menos de 18 % en 2033 y alcanzar un rango de entre 12 % y 15 % en 2036. Estas metas deberán validarse técnicamente, acompañarse de presupuestos y contar con responsables institucionales claramente identificados.

El sistema también debe mantener una reserva firme adecuada, expandir la transmisión hacia los polos productivos, incorporar almacenamiento multitecnológico, focalizar los subsidios y remunerar la confiabilidad, la flexibilidad y los servicios auxiliares.

La República Dominicana posee recursos renovables, experiencia técnica, capital empresarial, ubicación estratégica y acceso al financiamiento internacional. Posee, además, una planificación energética que comienza a mirar más allá de las necesidades inmediatas.

El Gobierno dominicano tiene ante sí la oportunidad de convertir el sector eléctrico en una de las principales plataformas de Meta RD 2036. Para lograrlo, deberá profundizar las políticas iniciadas, fortalecer las instituciones, ampliar las alianzas público-privadas y asegurar que cada inversión produzca resultados medibles.

La fórmula es clara: reducción de pérdidas, disciplina institucional, redes inteligentes, renovables con respaldo, generación firme y flexible, almacenamiento seguro, combustibles diversificados y posibles exportaciones que nunca comprometan el abastecimiento interno.

La electricidad no debe llegar después del desarrollo. Debe anticiparse, abrirle el camino y hacerlo posible.

Ese es el sistema eléctrico que exige Meta RD 2036. Un sistema capaz de sostener el crecimiento, fortalecer la soberanía, proteger la economía frente a los choques externos y convertir a la República Dominicana en una de las naciones más competitivas y resilientes del Caribe.