La República Dominicana no decide el precio del barril, pero sí decide cómo prepararse. Es momento de pasar del subsidio de emergencia a una protección focalizada, transparente y sostenible que cuide a los más vulnerables y no comprometa el futuro del país.
Hay crisis que pasan y crisis que cambian las reglas del juego. La que empezó con el conflicto en Medio Oriente es de las segundas. El barril de petróleo, que costaba US$72 el 27 de febrero, superaba los US$114 a finales de octubre. Desde enero, el gasoil ha subido un 130.2 %, la gasolina un 87 % y el WTI un 67.6 %. La Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y los principales analistas descartan que los precios vuelvan pronto a los niveles anteriores, y proyectan un Brent de US$84 para 2027. Eso significa que el combustible caro no es un mal momento pasajero. Es una nueva realidad energética, y el país necesita adaptarse a ella con serenidad, con datos y con sentido de Estado.
El foro «Nueva Realidad: el impacto de los combustibles en República Dominicana», celebrado el 4 de noviembre, tuvo un primer mérito: habló claro. Durante años, el debate sobre los combustibles se movió entre la sospecha y la simplificación. Muchos repetían que si baja el petróleo debería bajar la gasolina, sin saber cómo funciona realmente nuestro mercado. La explicación es sencilla. La República Dominicana no importa petróleo crudo, sino combustible ya refinado. Ocho de cada diez galones de gasoil, gasolina y GLP que consumimos llegan como producto terminado, y la refinería local procesa menos del 20 %. Es como comprar el pan en lugar de la harina: no pagamos solo la materia prima, sino también el costo de convertirla en diésel y gasolina.
Ahí está la clave que muchas veces se pasa por alto. Lo que más presiona a la economía dominicana hoy no es solo el crudo, sino el margen de refinación. En 2015, convertir petróleo en diésel costaba un 36 % adicional sobre el precio del barril; hoy cuesta un 123 %. Por eso pueden ocurrir cosas que parecen contradictorias. Entre el 24 de septiembre y el 8 de octubre, el WTI bajó de US$94.6 a US$91.4 (–3.3 %), mientras el diésel óptimo subió de US$191.3 a US$209.2 por barril (+9.4 %). No hay manipulación ni engaño. Así funciona un mercado global de productos refinados que tiene poca oferta y mucha incertidumbre.
Conocer la estructura del precio también ayuda a entender la situación. Esta semana, de cada galón de gasoil óptimo, RD$299.92 (70.8 %) corresponden al costo de traerlo al país, RD$82.52 (19.5 %) a impuestos y RD$45.23 (10.7 %) a márgenes de comercialización, con un ajuste técnico por temperatura de –RD$4.20. Más de siete de cada diez pesos se van en el costo internacional del producto, algo que ningún gobierno del mundo controla. Explicarlo así, con números, también es una forma de gobernar, porque la transparencia genera confianza.
Frente a este escenario, el Gobierno dominicano ha hecho un esfuerzo que debe reconocerse. En octubre, por cada RD$100 que un consumidor pagaba por gasoil regular, el Estado ponía cerca de RD$40 adicionales. En el GLP, que debería costar RD$196.46 y se vende a RD$135.20, el aporte estatal llega a unos RD$45 por cada RD$100. Solo esta semana se destinan RD$1,516.5 millones a mantener los precios congelados. Desde el 7 de marzo, el subsidio semanal promedia RD$1,228 millones, y en las últimas quince semanas ronda los RD$1,500 millones. En lo que va de 2026, el monto acumulado supera los RD$43,300 millones, un 221 % por encima de los RD$13,500 millones presupuestados. Pocas veces el Estado dominicano había asumido una carga tan grande para proteger el bolsillo de la gente y mantener funcionando el aparato productivo.
Pero el compromiso social debe ir acompañado de responsabilidad fiscal. Un subsidio general e indefinido tiene un límite, porque cada peso que se usa para congelar precios para todos, sin distinción, deja de estar disponible para hospitales, escuelas, carreteras o seguridad. Además, el subsidio general beneficia más a quien más consume. Según datos de Hacienda citados en el debate público, entre el 37 % y el 77 % de esos recursos termina en manos del 20 % de mayores ingresos 1. Proteger a todos por igual, en la práctica, termina favoreciendo a los que menos lo necesitan.
Por eso, las señales del Gobierno son responsables y van en la dirección correcta. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón, reconoció que los altos costos de refinación están presionando el subsidio y no descartó focalizarlo hacia combustibles, sectores o grupos específicos. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reafirmó que el país mantiene un manejo macroeconómico prudente y que, en tiempos de incertidumbre internacional, las decisiones deben explicarse con claridad, sin sacrificar los recursos de salud, educación e inversión pública. Que Gobierno, empresarios y economistas discutan esto abiertamente es una señal de madurez institucional.
El paso siguiente es convertir ese consenso en una hoja de ruta. La propuesta es pasar de subsidiar el producto a proteger a la persona. Eso implica ampliar Bonogás Hogar a partir del SIUBEN y la tarjeta Supérate, crear un bono de movilidad con trazabilidad digital para el transporte de pasajeros y de carga, y mantener el apoyo a sectores productivos sensibles, como el agropecuario y la panificación, con criterios que se puedan verificar 1. También implica un retiro gradual y anunciado con anticipación. Primero se ajustarían la gasolina premium y el gasoil óptimo, que consumen principalmente los sectores de mayores ingresos. El GLP y el gasoil regular serían los últimos en ajustarse, solo cuando la compensación focalizada ya esté funcionando 1. Nadie debería perder protección antes de que exista la red que lo va a sostener.
La respuesta de fondo también pasa por la reforma de la Ley de Hidrocarburos 112-00, en la que ya trabajan el MICM, Hacienda y la Presidencia. Una fórmula de precios con bandas de estabilización, coberturas y compras a futuro, publicación periódica de la estructura de costos y un fondo que ahorre cuando los precios bajen y se use cuando suban convertirían la reacción a cada crisis en una política permanente 1. A largo plazo, la verdadera protección es depender menos del petróleo importado. Para lograrlo hay que avanzar al mismo tiempo en energías renovables, almacenamiento, movilidad eléctrica, transporte masivo y alianzas estratégicas como la de Guyana, que aseguren fuentes de suministro más estables 1 2.
La lección de esta crisis es clara. El subsidio fue la respuesta correcta ante la emergencia, pero para que siga siendo justo tiene que evolucionar. No controlamos lo que pasa en el estrecho de Ormuz ni en las refinerías de la Costa del Golfo, pero sí podemos decidir cómo nos preparamos como nación. Un país que explica sus decisiones, focaliza sus recursos y planifica su seguridad energética no solo resiste la tormenta: sale de ella más fuerte, más justo y más preparado para crecer. Esa es la nueva realidad, y la República Dominicana tiene con qué enfrentarla.
Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
Titular: Del choque a la estrategia: la nueva realidad energética exige una política de Estado
