- El hombre que durante una década personificó la opacidad financiera del chavismo se declaró culpable este martes en una corte federal de Miami, aceptó entregar 195 millones de dólares y se comprometió a colaborar con la justicia estadounidense. Más allá del testaferro individual, su confesión ilumina cómo el saqueo de un programa de alimentos para los más pobres se convirtió en una empresa criminal que atravesó fronteras, aduanas y sistemas bancarios, y por qué su desenlace interpela a toda la región.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Hay historias que tardan años en cerrarse, pero que al hacerlo revelan de golpe la magnitud de lo que estuvo oculto. Alex Saab, el empresario colombiano de 54 años señalado durante más de una década por Washington como el «testaferro» de Nicolás Maduro, cambió este martes 15 de septiembre su declaración de «no culpable» —sostenida apenas en julio pasado— y admitió ante la jueza federal Kathleen M. Williams, en la Corte del Distrito Sur de Florida, un cargo de conspiración para lavado de dinero. Un lacónico «Culpable, señoría» bastó para clausurar el juicio con jurado que estaba previsto para el 16 de noviembre y que habría durado cerca de dos semanas.
El giro no fue improvisado: respondió a un acuerdo de doce páginas con la Fiscalía que contempla el pago de 195 millones de dólares en concepto de confiscación, una pena máxima de veinte años cuya sentencia definitiva se dictará en enero, y —quizá lo más trascendente— el compromiso de cooperar con las investigaciones federales en curso.
El fondo del caso es tan revelador como incómodo, porque no se trata de un delito abstracto de guante blanco sino del despojo directo a los más vulnerables. La acusación sostiene que Saab y sus asociados montaron, entre 2015 y 2019, una red de sobornos a altos funcionarios venezolanos para adjudicarse contratos millonarios del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción, el célebre CLAP, creado para llevar alimentos subsidiados a millones de venezolanos golpeados por la crisis. Para ello, según los fiscales, recurrieron a empresas ficticias, falsificaron registros de embarque y ofrecieron información engañosa sobre el origen y el valor de alimentos importados desde Colombia, México y otros países, desviando cientos de millones de dólares que terminaron circulando por cuentas bancarias estadounidenses.
En su propia declaración, Saab reconoció haber participado desde 2015, junto a «altos funcionarios del Gobierno», en un esquema ilegal de sobornos y pagos ilícitos, y el documento judicial llegó a identificar por nombre a cuatro personas vinculadas a la trama. La perversión es doble: se robó a los hambrientos y se lo hizo, además, contrabandeando la mercancía a través de las aduanas de varios países mediante documentación adulterada, un recordatorio brutal de que la integridad del comercio exterior no es un tecnicismo administrativo sino una barrera moral contra el crimen.
Conviene, sin embargo, no leer este desenlace como un simple episodio judicial, porque su recorrido previo encierra una lección amarga sobre la fragilidad de la justicia frente a la razón de Estado. Saab ya había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado en 2021 para responder por un primer esquema de lavado, pero fue indultado por el presidente Joe Biden en diciembre de 2023 dentro de un canje de prisioneros que buscaba —sin éxito— inducir a Maduro a celebrar elecciones libres. Aquel perdón, celebrado entonces como pragmatismo diplomático y criticado con dureza por sectores del propio aparato de seguridad estadounidense, dejó una herida abierta: la sensación de que la corrupción de gran escala podía negociarse como moneda de cambio geopolítico.
El regreso de Saab al banquillo, tras ser deportado en mayo de 2026 por la presidenta encargada Delcy Rodríguez luego de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, corrige tardíamente aquella percepción de impunidad y confirma que los expedientes no siempre se cierran cuando la política lo desea. Como resumió el fiscal Jason Reding Quiñones, el mensaje pretende ser inequívoco: ni las conexiones políticas ni la riqueza ni la cercanía con un régimen corrupto colocan a nadie fuera del alcance de la ley.
La dimensión más estratégica del acuerdo, no obstante, apunta hacia adelante y no hacia atrás. Al comprometerse a entregar «información completa» sobre hechos que podrían involucrar a altos funcionarios venezolanos, Saab se transforma de operador financiero del régimen en potencial testigo de cargo contra su antiguo protector, cuyo juicio por narcotráfico está fijado para junio de 2027 en Nueva York, donde permanece detenido sin fianza junto a su esposa Cilia Flores. Quien conocía los engranajes ocultos del poder —las cuentas, las comisiones, los desvíos de crudo de PDVSA que también salpican el expediente— podría convertirse ahora en una de las mayores amenazas para la cúpula que lo cobijó. La ironía histórica es contundente: el hombre que ayudó a blindar financieramente a un régimen podría ser la pieza que contribuya a desmontarlo judicialmente.
De todo ello se desprende una enseñanza que trasciende el caso venezolano y ofrece un espejo para el hemisferio. La corrupción trasnacional no prospera en el vacío: necesita fronteras porosas, aduanas complacientes, sistemas financieros distraídos y una comunidad internacional dispuesta a mirar hacia otro lado en nombre de la conveniencia. Su combate, por tanto, no puede descansar en gestos aislados ni en indultos oportunistas, sino en la cooperación sostenida entre Estados, en el fortalecimiento de los controles del comercio exterior y en la convicción de que ningún acuerdo político debería comprar la absolución de quien saqueó a los más pobres.
La caída de Alex Saab llega tarde —demasiado tarde para los millones que dependieron de un CLAP saqueado—, pero llega. Y en su tardanza reside, precisamente, la advertencia: la impunidad puede durar años, incluso disfrazarse de razón de Estado, pero rara vez es eterna. Para las instituciones que administran aduanas, contratos públicos y confianza ciudadana, esa es una lección que conviene no olvidar.
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Título: De la impunidad al banquillo: la caída de Alex Saab y el precio tardío de la corrupción trasnacional
