La disertación de Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, ante el almuerzo institucional de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), debe ser leída como algo más trascendente que una conferencia empresarial. Fue una convocatoria a revisar el modelo de desarrollo que ha permitido a la República Dominicana avanzar durante los últimos 35 años y, sobre todo, una advertencia sobre los riesgos de asumir que los éxitos acumulados garantizan por sí solos la prosperidad futura. Su planteamiento central fue inequívoco: para sostener el progreso, el país debe pasar de un crecimiento fundamentado principalmente en inversiones y reformas anteriores a otro impulsado por productividad, capital humano, innovación tecnológica y capacidad de concertación.
La advertencia llega en un momento oportuno. La economía dominicana presenta señales importantes de recuperación y fortaleza. El Banco Central de la República Dominicana informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica creció 4.6 % interanual en julio de 2026, con una expansión acumulada de 4.5 % entre enero y julio. La actividad había avanzado 6.4 % en junio, mientras el segundo trimestre promedió 5 %. Al cierre de agosto, las reservas internacionales brutas alcanzaban aproximadamente US$15,434 millones y la tasa de política monetaria permanecía en 5.25 %. Son indicadores que reflejan estabilidad y capacidad de respuesta, especialmente después del modesto crecimiento de 2.1 % registrado en 2025.
Pero el mensaje de Luis Molina Achécar obliga a mirar detrás de los promedios. El crecimiento económico puede ser sólido sin que todos los hogares perciban sus beneficios en la misma proporción. Puede aumentar la producción nacional y, al mismo tiempo, mantenerse una estructura laboral dominada por la informalidad, los bajos salarios y las diferencias territoriales. La propia AMCHAMDR ha advertido que la informalidad laboral se ha mantenido durante años en niveles próximos al 50 %, mientras que estimaciones sobre informalidad legal la sitúan en 48.3 %. Esa realidad limita la productividad, dificulta el acceso al crédito y reduce la capacidad de las empresas para cumplir estándares, innovar e integrarse a cadenas internacionales de valor.
La cuestión fundamental no es, por tanto, si la República Dominicana puede seguir creciendo, sino qué clase de economía está construyendo con ese crecimiento. El Banco Mundial reconoce que el país ha superado durante las últimas dos décadas el crecimiento promedio de América Latina, contribuyendo a que cerca de tres millones de personas salieran de la pobreza. Sin embargo, la institución también señala que alcanzar la meta de convertirse en una nación de ingresos altos requerirá más productividad, empleos de calidad, educación alineada con las necesidades del mercado, mayor competencia, innovación empresarial, eficiencia del gasto público y resiliencia frente a las perturbaciones externas y climáticas.
Ahí reside la profundidad de la propuesta presentada en el almuerzo de la AMCHAMDR. El país enfrenta el peligro de ingresar en la denominada trampa del ingreso medio, una situación en la que las economías dejan de competir mediante salarios bajos y acumulación de capital, pero todavía no poseen la productividad, la tecnología y el conocimiento requeridos para competir con las naciones avanzadas. Luis Molina Achécar señaló que el producto interno bruto per cápita dominicano ha alcanzado aproximadamente el 32 % del estadounidense, acercándose al umbral donde otras economías latinoamericanas comenzaron a perder dinamismo. Evitar ese estancamiento demanda un nuevo ciclo reformador, no la administración rutinaria de los logros anteriores.
La productividad no se impone, se construye
Hablar de productividad no equivale a pedir que los empleados trabajen más horas ni a trasladarles toda la responsabilidad por la competitividad. Una economía productiva requiere energía confiable, infraestructura moderna, logística eficiente, conectividad digital, financiamiento competitivo, seguridad jurídica, calidad regulatoria y servicios públicos funcionales. Requiere, igualmente, empresas con mejores capacidades gerenciales y tecnológicas, así como un Estado que reduzca trámites innecesarios y facilite la formalización. El Banco Mundial ha identificado precisamente como obstáculos dominicanos la insuficiencia del capital humano, las distorsiones en mercados clave y la asignación ineficiente de determinados incentivos fiscales.
Esta discusión posee una vinculación directa con el comercio exterior. La República Dominicana no podrá aprovechar plenamente el nearshoring, las zonas francas, la relocalización de cadenas de suministro ni el acceso preferencial al mercado estadounidense si sus empresas nacionales permanecen desconectadas de esos procesos. La productividad debe traducirse en más exportadores, mayor valor agregado, mejores certificaciones, logística más rápida y una integración auténtica de las mipymes a las cadenas de abastecimiento. La propia AMCHAMDR y el Banco BHD han promovido ruedas de negocios destinadas a conectar pequeñas empresas con grandes compañías, una dirección correcta que debe escalarse y convertirse en una política nacional de encadenamientos productivos.
El reto es abandonar una economía donde muchas empresas sobreviven gracias a mercados protegidos, informalidad o baja competencia, y construir otra donde prosperen por innovación, calidad y capacidad exportadora. La formalización no debe presentarse únicamente como una obligación tributaria. Debe ofrecer beneficios concretos: acceso al crédito, asistencia técnica, compras públicas, capacitación, certificaciones, transformación digital y oportunidades comerciales. Si formalizar una empresa implica más costos que ventajas, el sistema continuará reproduciendo la informalidad que luego denuncia.
Educación e inteligencia artificial: el nuevo campo de batalla
La educación constituye el centro de la próxima transformación. Luis Molina Achécar afirmó que el capital humano no es un recurso natural que aparece espontáneamente, sino un tejido construido en las escuelas, universidades y empresas. Esta afirmación compromete tanto al Estado como al sector privado: el primero debe garantizar aprendizajes pertinentes y el segundo debe invertir en capacitación, actualización de competencias y movilidad laboral. La educación dominicana debe medirse menos por la cantidad de años cursados y más por la capacidad efectiva de comprender, resolver problemas, producir conocimiento y desenvolverse en entornos tecnológicos.
Los indicadores internacionales sustentan esa preocupación. El Índice de Capital Humano Ampliado del Banco Mundial asigna a la República Dominicana una puntuación de 174 sobre 325, por debajo del promedio regional de 194, del promedio de 204 correspondiente a países de ingreso mediano alto y del nivel de 248 observado en la OCDE. La principal brecha se concentra en educación, particularmente en resultados de aprendizaje, terminación de estudios superiores y años esperados de escolaridad. El organismo estima que cerrar las diferencias actuales respecto de países comparables de mejor desempeño podría elevar sustancialmente los ingresos futuros.
La inteligencia artificial aumenta la urgencia. Bien utilizada, puede mejorar la productividad empresarial, modernizar la banca, fortalecer la supervisión de riesgos, transformar las aduanas, optimizar la logística y abrir oportunidades para exportadores y mipymes. Pero también puede ampliar la desigualdad si las capacidades digitales quedan concentradas en grandes corporaciones o en sectores laborales privilegiados. La adopción responsable defendida por Luis Molina Achécar exige conectividad, alfabetización digital, ciberseguridad, protección de datos, ética algorítmica y reconversión laboral. No basta con comprar tecnología; hay que crear las competencias humanas para supervisarla, adaptarla y convertirla en valor económico y social.
Sin capital social no habrá reformas sostenibles
El componente más político del discurso fue su defensa del diálogo y la concertación. El empresario recordó que las reformas aplicadas después de la crisis de 1990 surgieron en un contexto de acuerdos entre el Gobierno, los empresarios, los trabajadores y distintos actores sociales. Aquella crisis había dejado una inflación de 80 %, una devaluación de 79 % y una contracción del producto interno bruto de 5.4 %. El país no salió de ella mediante esfuerzos aislados, sino a través de decisiones difíciles respaldadas por acuerdos suficientemente amplios.
Esa lección conserva plena vigencia. Las reformas educativa, laboral, fiscal, energética y de protección social no pueden imponerse mediante improvisación, pero tampoco deben quedar secuestradas por vetos corporativos o cálculos electorales. Concertar no significa repartir privilegios, diluir responsabilidades ni posponer indefinidamente las decisiones. Significa construir legitimidad, definir objetivos nacionales y distribuir con justicia los costos y beneficios de las transformaciones. Como advirtió Luis Molina Achécar, sin concertación no hay reformas sostenibles y, sin reformas, no hay progreso.
No obstante, el consenso debe producir resultados verificables. Cada acuerdo nacional tiene que incorporar metas, plazos, responsables, presupuestos e indicadores públicos. La reforma educativa debe evaluarse por los aprendizajes; la laboral, por la formalización y la calidad del empleo; la digital, por el aumento de la productividad; y la institucional, por la reducción de trámites, discrecionalidad y corrupción. Un pacto sin seguimiento puede convertirse en fotografía protocolar. Una reforma sin legitimidad social puede desaparecer con el próximo ciclo político. La República Dominicana necesita concertación, pero también ejecución y rendición de cuentas.
La responsabilidad empresarial
El discurso también interpela al sector privado. La empresa no puede reclamar mejores instituciones mientras tolera prácticas que debilitan la competencia, precarizan el empleo o utilizan la influencia para obtener privilegios particulares. Su primera responsabilidad social consiste en producir eficientemente, innovar, crear empleos dignos, cumplir la ley y pagar los impuestos correspondientes. Pero, además, debe participar en la formación del capital humano, impulsar encadenamientos con pequeñas empresas, promover la igualdad de oportunidades y adoptar tecnologías bajo principios éticos.
La trayectoria institucional del Centro Financiero BHD aporta autoridad al planteamiento. Luis Molina Achécar ha estado vinculado a la entidad desde 1973 y participó en su evolución desde un banco hipotecario pequeño hasta una organización financiera múltiple, diversificada y digitalizada. Esa experiencia demuestra que una cultura empresarial basada en visión estratégica, integridad, cumplimiento y adaptación tecnológica puede convertirse en una ventaja competitiva de largo plazo. La cultura corporativa no es decoración reputacional; es infraestructura invisible para construir confianza.
Crecer ya no es suficiente
La República Dominicana ha demostrado capacidad para crecer, atraer inversiones, generar divisas y recuperarse frente a crisis internacionales. Su producto interno bruto alcanzó aproximadamente US$127,410 millones en 2025, con un ingreso per cápita de US$11,059, mientras las remesas representaron alrededor del 9.7 % del producto. Pero esos resultados no deben alimentar complacencia. Una economía avanzada no se define únicamente por el tamaño de su producción, sino también por la calidad de sus instituciones, la productividad de sus empresas, la preparación de sus trabajadores y la distribución de las oportunidades.
El mensaje pronunciado ante la AMCHAMDR coloca al país frente a una decisión histórica: administrar el éxito alcanzado hasta que pierda impulso o utilizarlo como plataforma para una transformación superior. La estabilidad macroeconómica es indispensable, pero no constituye el destino final. La inversión es necesaria, pero sin educación, innovación, formalización y confianza social pierde capacidad transformadora.
La próxima gran conquista dominicana no será simplemente crecer otro 4 % o 5 %. Será lograr que ese crecimiento produzca mejores empleos, empresas más competitivas, salarios más dignos, instituciones más eficaces y ciudadanos preparados para una economía impulsada por el conocimiento. Esa es la reforma que el país no puede seguir aplazando. Y esa es, en esencia, la advertencia profunda y oportuna de Luis Molina Achécar: el futuro no se hereda de los éxitos anteriores; se construye mediante productividad, educación, cooperación y visión nacional.
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— Orlando Díaz, Luis (@LuisOrlandoDia1) September 22, 2026
