Editorial | La paz no se decreta: se construye con presencia, formación y firmeza
La reforma policial dominicana exhibe cifras que ya no admiten ser leídas como propaganda —100 nuevos destacamentos, 31% más agentes en las calles, más de 12,000 policías graduados bajo un modelo formativo distinto—, y con ellas el presidente Luis Abinader reafirma que la seguridad ciudadana dejó de ser una promesa de campaña para convertirse en una política pública con resultados verificables.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Hay momentos en los que el mensaje tiene que ser claro, y el que se emitió desde la Presidencia lo fue. «Lo que deben de hacer es entregarse», advirtió el presidente Luis Abinader a quienes desafían la ley. La frase, pronunciada sin eufemismos ni matices diplomáticos, encierra una definición política que vale la pena examinar con detenimiento, porque no se trata de un exabrupto retórico sino de la formulación más comprimida de una doctrina de Estado: la autoridad legítima no negocia con el crimen, lo confronta dentro del marco de la ley y con toda la capacidad institucional que el pueblo le ha confiado. En un país que durante décadas convivió con la sensación de que la impunidad era más rápida que la justicia, escuchar al poder ejecutivo trazar esa línea tiene un valor simbólico que ninguna estadística por sí sola puede sustituir.
El mandatario no dejó espacio a la ambigüedad cuando añadió: «Si no se entregan les va a ir peor». Ese segundo enunciado completa el primero y lo convierte en algo distinto de una invitación: es la notificación de que el margen de maniobra del delincuente se ha estrechado porque el Estado dispone hoy de herramientas que antes no tenía. Y aquí está lo que distingue este momento de otros anteriores, porque el símbolo sin sustancia se agota en una semana de titulares. La reforma policial acumula cinco años de ejecución sostenida y muestra un andamiaje material que puede medirse, auditarse y contrastarse. Cien nuevos destacamentos no son cien edificios: son cien puntos de anclaje territorial del Estado en barrios y comunidades donde la ausencia institucional había sido ocupada por otros actores. Un incremento de 31% en los agentes desplegados en las calles significa que la ecuación entre ciudadano y uniformado cambió en favor de la presencia preventiva, que es siempre más barata y más humana que la reacción tardía. Y los 8,434 agentes con entrenamiento táctico especializado apuntan a un problema que la República Dominicana arrastraba desde hace generaciones: el policía que actuaba por instinto y no por protocolo, con las consecuencias que todos conocemos en materia de abusos, muertes evitables y desconfianza ciudadana acumulada.
El dato que más debería interesarnos, sin embargo, es el de los más de 12,000 nuevos policías graduados bajo un modelo de formación distinto. Porque ahí se juega la batalla de fondo, la que no se gana con operativos ni con discursos. Una policía se reforma verdaderamente cuando cambia el perfil del agente que sale de la academia: su comprensión de los derechos humanos, su manejo del uso progresivo de la fuerza, su capacidad de resolver un conflicto sin escalarlo, su relación con la comunidad que patrulla. Doce mil uniformados formados bajo otra lógica representan una masa crítica capaz de desplazar culturalmente a la institución desde adentro, que es el único lugar desde donde las instituciones cambian de verdad. Lo demás —los edificios, los vehículos, los equipos— es infraestructura necesaria pero insuficiente.
Sería un error, no obstante, leer estas cifras como un punto de llegada. La percepción de inseguridad no siempre camina al ritmo de los indicadores objetivos, y la ciudadanía juzga menos por los informes que por lo que ocurre en su cuadra. El desafío pendiente es consolidar la depuración institucional, blindar los mecanismos de control interno, garantizar que la rendición de cuentas sea tan visible como los operativos y asegurar que la mejora salarial y las condiciones de vida del agente acompañen la exigencia que se le impone. Una policía mejor formada pero mal pagada sigue siendo vulnerable a la corrupción, y ninguna reforma sobrevive a esa contradicción.
La firmeza presidencial, entonces, adquiere su verdadero sentido cuando se apoya en esta arquitectura: no es la bravuconada de quien improvisa frente a un micrófono, sino la advertencia de un Estado que ya construyó la capacidad para cumplir lo que anuncia. Esa es la diferencia entre el autoritarismo verbal y la autoridad democrática. El primero grita porque no puede; la segunda habla claro porque puede. Por eso el balance que ofrece el jefe de Estado se sostiene en hechos y no en adjetivos: «Hicimos acciones para mantener la República Dominicana en paz», resumió Abinader, y esa afirmación en pasado —hicimos, no haremos— es precisamente lo que la vuelve verificable y, por tanto, políticamente exigible.
La República Dominicana ha escogido el camino difícil, el que exige constancia presupuestaria, voluntad política sostenida y la paciencia de reformar mientras se gobierna. Mantener el país en paz no es un eslogan: es el resultado acumulado de decisiones que a menudo no producen aplausos inmediatos. Que los números finalmente hablen por la reforma es la mejor respuesta a quienes creyeron que se trataba, una vez más, solo de palabras.
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NOTA DE PRENSA
Reforma policial dominicana exhibe balance de cinco años mientras el presidente Abinader emplaza a entregarse a los responsables del crimen que enlutó a Julián Oro Duro
El Gobierno sostiene que la seguridad ciudadana dejó de ser promesa para convertirse en política pública verificable: 100 nuevos destacamentos, 31 % más agentes en las calles, más de 12,000 policías graduados bajo un modelo formativo de nueve meses y 8,434 uniformados entrenados en el Sistema Táctico Policial. El mandatario advirtió desde Nueva York: «Si no se entregan, les va a ir peor».
Santo Domingo, R. D., 22 de septiembre de 2026. — El proceso de reforma, modernización y transformación de la Policía Nacional dominicana cumplió cinco años de implementación con un balance que las autoridades presentan como la evidencia material de que la política de seguridad ciudadana del presidente Luis Abinader se sostiene en resultados medibles y no en enunciados, un argumento que adquirió especial densidad esta semana tras el ataque en el que murió Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, y el artista resultó gravemente herido en su residencia de Santo Domingo Este.
El mandatario, que cumplía agenda de trabajo en Nueva York, respondió a la prensa con un mensaje que no admitió ambigüedad. «Yo le puedo mandar un mensaje, como lo lancé la semana pasada, a los criminales, y especialmente a estos que cometieron este acto incalificable de criminalidad: que se entreguen. Que les demos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor», expresó. Abinader insistió más adelante: «Delincuentes de esa calaña, que no tienen ningún respeto por la vida humana, lo que deben hacer es entregarse. Si no, les va a ir peor». El jefe de Estado expresó igualmente sus condolencias a la familia de Castillo y deseó la recuperación del intérprete, al tiempo que enmarcó su advertencia en un esfuerzo institucional sostenido: «Les dimos esa advertencia la semana pasada también e hicimos acciones como las que tenemos que hacer para mantener la República Dominicana en paz, segura, como es nuestra responsabilidad».
El caso que motivó las declaraciones presidenciales permanece bajo investigación. Según el informe preliminar de la Policía Nacional, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, falleció a consecuencia de un trauma craneofacial y una herida corto-penetrante en el lado izquierdo del cuello, mientras que Gilberto Julián Sarante Perdomo, de 58 años, presenta lesiones craneofaciales y hemorragia intracraneal. El artista declaró a los investigadores que regresó a su vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y, al ingresar, fue sorprendido por dos individuos que lo agredieron y lo despojaron de dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular. Equipos de la División de Investigación de Delitos contra las Personas, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), la Policía Científica y el Ministerio Público trabajan en el análisis de cámaras de seguridad, el levantamiento de evidencias forenses y la reconstrucción cronológica del hecho. El vocero policial, Diego Pesqueira, informó que las autoridades aguardan los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para precisar las causas de la muerte.
El contexto institucional en el que se inscribe la respuesta gubernamental fue detallado el pasado 10 de septiembre por el comisionado ejecutivo para la Reforma, Modernización y Transformación Policial, general Luis García, durante un conversatorio organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) a través del Consorcio de Educación Cívica y la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano de la Reforma Policial. «Hemos logrado 11,001 jóvenes incorporados, de los cuales 2,734 son mujeres, siendo un hito importante en la inclusión de género; hemos logrado graduar 8,573; han sido aperturados 100 nuevos destacamentos; el aumento de 31 % de agentes en las calles bajo un nuevo modelo de servicio; más de 8,000 cámaras corporales y centros de monitoreo; 15 protocolos y nuevo informe», afirmó el comisionado, quien añadió que el proceso proyecta una expansión territorial y operativa adicional. ,
En materia de entrenamiento, García destacó que 8,434 policías han sido capacitados en el Sistema Táctico Policial (SITAB), diseñado para mejorar la calidad de la intervención de los agentes en la vía pública, y que el período de formación de los nuevos uniformados pasó de tres meses a un año. La reforma se organiza, según explicó, en tres grandes olas: tecnología y educación; un modelo de servicio que coloca al ciudadano en el centro de la actuación policial; y la consolidación del marco legal, con 48 proyectos derivados de la nueva Ley Orgánica distribuidos en gestión humana, ajustes normativos, capacidad institucional y administración financiera, orientados hacia la instauración de un verdadero Sistema de Carrera.
La dimensión educativa del proceso ha sido sustentada con datos por la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano de la Policía Nacional. De acuerdo con un documento emitido el 17 de agosto de 2026 por el Instituto Policial de Educación Superior, entre julio de 2021 y abril de 2026 egresaron 12,272 agentes —9,538 hombres y 2,734 mujeres—, a los que se suman 2,396 estudiantes actualmente en práctica supervisada correspondientes a la promoción 149. La coordinadora de la unidad, la historiadora Mu-Kien Adriana Sang Ben, precisó que el nuevo plan formativo exige nueve meses de preparación —seis de docencia intensiva y tres de práctica supervisada en terreno—, con un currículo aprobado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) que permite a los agentes de rango raso cursar un programa de nivel técnico superior. «Este es un modelo completamente diferente al que existía antes. Estamos formando policías con herramientas académicas reales, no solo con entrenamiento físico», señaló. ,
Sang Ben anunció además que en noviembre de 2026 se graduará una nueva promoción de aproximadamente 3,000 agentes, lo que elevaría a más de 15,000 el total de egresados bajo el nuevo esquema, con una meta oficial de 20,000 policías formados antes de que concluya 2028. La expansión de la capacidad instalada acompaña ese objetivo: la Escuela de Entrenamiento Policial Mayor General ® Eulogio Benito Monción Leonardo, con sede histórica en Hatillo, San Cristóbal, opera hoy con extensiones en Gaspar Hernández, San Pedro de Macorís, San Isidro y Las Calderas. La funcionaria respondió también a los cuestionamientos sobre deserción: de 6,000 solicitudes recibidas solo fueron aceptadas 1,821 personas tras un proceso que incluye evaluaciones físicas, psicológicas y sociales, además de labores de inteligencia para detectar antecedentes delictivos, y de ese grupo permanecen 1,747. «No es verdad que haya una gran deserción. Al contrario, es bajita, porque se hizo un buen proceso de selección», afirmó.
El debate público sobre el alcance de la reforma permanece abierto. La Fuerza del Pueblo, a través de su secretaria de Seguridad Ciudadana, Josefina Reynoso, cuestionó que, cinco años después de que el Gobierno prometiera incorporar alrededor de 20,000 nuevos uniformados, el crecimiento neto de la institución haya sido de 2,509 miembros, y calculó un «indicador de permanencia neta aparente» de 25.6 %, aunque la propia dirigente aclaró que ese porcentaje no constituye una tasa definitiva de retención. Desde la reforma se responde que las jubilaciones y los procesos de depuración institucional inciden directamente en el total de efectivos, y que el indicador relevante no es únicamente el volumen sino la reconfiguración funcional del cuerpo: antes de la transformación, menos del 7 % de los policías patrullaba y la mayoría cumplía funciones administrativas.
El componente legislativo avanza en paralelo. El pasado 8 de julio, el Senado de la República aprobó en primera lectura y con modificaciones el proyecto que reforma la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional, pieza que establece tres categorías policiales —Directiva, Intermedia y Agente Patrullero—, regula el uso de la fuerza, prohíbe la asignación de agentes a personas privadas, endurece las sanciones por faltas graves y crea el Plan Exclusivo de Pensiones de la Policía Nacional (AFP-PEPPN). Su aprobación definitiva es considerada por los responsables del proceso como la pieza que permitirá consolidar jurídicamente los cambios operativos y formativos ya ejecutados.
En Brisa Oriental VI, entretanto, los vecinos encendieron velas en memoria de Zeneida Socorro Castillo y reclamaron mayor presencia de las autoridades ante lo que describen como un incremento de los robos en la zona. Esa tensión entre los indicadores institucionales y la percepción ciudadana constituye, precisamente, el desafío que la propia reforma reconoce como pendiente: la seguridad no se valida en los informes, sino en la experiencia cotidiana de las comunidades. El Gobierno sostiene que la ruta trazada —más presencia territorial, mejor formación, control tecnológico de la actuación policial y un marco legal moderno— es la única capaz de producir resultados sostenibles, y que la firmeza presidencial frente al crimen se apoya hoy en una capacidad institucional que antes no existía. ,
La paz no se decreta: se construye con presencia, formación y firmeza.
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