Cinco años de reforma policial han producido cifras que ya no pueden despacharse como propaganda —100 destacamentos nuevos, 31 % más agentes en las calles, más de 12,000 uniformados graduados bajo un modelo formativo de nueve meses—, y sobre ese andamiaje el presidente Luis Abinader trazó desde Nueva York una línea que define el momento: quien desafía la ley no negocia con el Estado, se entrega a él.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Hay frases que valen por un programa de gobierno. «Lo que deben hacer es entregarse», dijo el presidente Luis Abinader, y añadió sin concesión alguna: «Si no se entregan, les va a ir peor». No fue un exabrupto frente al micrófono ni la reacción emocional de quien responde a la prensa en medio de una agenda internacional. Fue la formulación más comprimida posible de una doctrina de Estado: la autoridad legítima no dialoga con el crimen, lo confronta dentro del marco de la ley y con toda la capacidad institucional que el pueblo le confió. En un país que durante décadas convivió con la sospecha de que la impunidad corría más rápido que la justicia, escuchar al poder ejecutivo trazar esa raya tiene un peso simbólico que ninguna estadística puede sustituir por sí sola. Pero el símbolo sin sustancia se agota en una semana de titulares, y lo que distingue este momento de tantos otros es que detrás de la advertencia hay una arquitectura verificable.
Cien nuevos destacamentos no son cien edificios: son cien puntos de anclaje territorial del Estado en barrios donde la ausencia institucional había sido ocupada por otros actores, con sus propias reglas y sus propios cobros. Un incremento de 31 % en los agentes desplegados significa que la ecuación entre ciudadano y uniformado se movió a favor de la presencia preventiva, que siempre es más barata y más humana que la reacción tardía. Los 8,434 policías entrenados en el Sistema Táctico Policial atacan un problema que la República Dominicana arrastró por generaciones: el agente que actuaba por instinto y no por protocolo, con el saldo conocido de abusos, muertes evitables y desconfianza acumulada. Y el dato que más debería interesarnos —los más de 12,000 egresados bajo un plan que pasó de tres meses de adiestramiento a nueve de formación real, con currículo avalado por el Mescyt— es donde se juega la batalla de fondo, la que no se gana con operativos ni con discursos. Una policía se reforma de verdad cuando cambia el perfil del hombre y la mujer que salen de la academia: su comprensión de los derechos humanos, su manejo del uso progresivo de la fuerza, su capacidad de resolver un conflicto sin escalarlo. Doce mil uniformados formados bajo otra lógica, de los cuales 2,734 son mujeres, constituyen una masa crítica capaz de desplazar culturalmente a la institución desde adentro, que es el único lugar desde donde las instituciones cambian.
Sería un error, sin embargo, leer estas cifras como punto de llegada. La percepción de inseguridad no camina al ritmo de los indicadores objetivos, y la ciudadanía juzga menos por los informes que por lo que ocurre en su cuadra. En Brisa Oriental VI, donde los vecinos encendieron velas por Zeneida Socorro Castillo y reclamaron más presencia policial, esa distancia entre el dato y la experiencia se vuelve dolorosamente concreta. Los cuestionamientos de la oposición sobre el crecimiento neto del cuerpo merecen respuesta técnica, no descalificación, aunque conviene recordar que un proceso que depura y jubila no puede medirse solo por volumen: antes de la transformación, menos del 7 % de los policías patrullaba. El desafío pendiente es blindar los controles internos, hacer la rendición de cuentas tan visible como los operativos, aprobar sin demora la reforma a la Ley 590-16 que aguarda en el Congreso y asegurar que el salario y las condiciones de vida del agente acompañen la exigencia que se le impone. Una policía mejor formada pero mal pagada sigue siendo vulnerable a la corrupción, y ninguna reforma sobrevive a esa contradicción.
Ahí reside el verdadero sentido de la firmeza presidencial. No es la bravuconada de quien improvisa, sino la advertencia de un Estado que ya construyó la capacidad de cumplir lo que anuncia. Esa es la diferencia entre el autoritarismo verbal y la autoridad democrática: el primero grita porque no puede; la segunda habla claro porque puede. Por eso el balance que ofrece el jefe de Estado se sostiene en hechos y no en adjetivos, y su afirmación en pasado —»hicimos acciones para mantener la República Dominicana en paz«— es precisamente lo que la vuelve verificable y, por tanto, políticamente exigible. La República Dominicana escogió el camino difícil, el que exige constancia presupuestaria, voluntad sostenida y la paciencia de reformar mientras se gobierna. Que los números finalmente hablen por la reforma es la mejor respuesta a quienes creyeron que se trataba, una vez más, solo de palabras. Porque la paz no se decreta: se construye con presencia, formación y firmeza.
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