Editorial
Lo que no se mide no se atiende: la apuesta dominicana por reescribir la aritmética del desarrollo
Abinader llevó a la 81.ª Asamblea General cifras que pocos países de renta media pueden exhibir —pobreza monetaria de 25.8 % a 14.6 %, salida del mapa del hambre cinco años antes de lo comprometido, récords en inversión, exportaciones y turismo—, pero su intervención más consecuente no fue el balance: fue la impugnación del criterio con el que el sistema internacional decide quién merece ayuda y quién ya no.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Un país que llega a Nueva York con buenas cifras enfrenta una paradoja que ningún manual de política exterior resuelve con elegancia: cuanto mejor le va, menos elegible se vuelve. Esa es la trampa que el presidente Luis Abinader nombró este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando advirtió que los avances alcanzados por una nación no pueden convertirse en su penalización. La frase parece una queja y es, en rigor, una tesis de economía política del desarrollo. Los países de renta media albergan aproximadamente a tres de cada cuatro habitantes del planeta y a dos de cada tres personas en pobreza extrema, mientras el ingreso per cápita continúa operando como llave casi exclusiva del financiamiento concesional. La contradicción es estadísticamente incontestable y moralmente insostenible: el indicador que certifica el éxito es el mismo que clausura el acceso a los instrumentos que lo hicieron posible. Amartya Sen dedicó buena parte de su obra a demostrar que el desarrollo no es acumulación de renta sino expansión de libertades sustantivas, y que confundir el promedio con el bienestar produce diagnósticos ciegos. Cuatro décadas después, la arquitectura financiera internacional sigue midiendo con el instrumento que Sen desautorizó.
De ahí que la petición dominicana —que el proceso iniciado en el Pacto para el Futuro concluya con un marco común para medir el progreso más allá del producto interno bruto y que las instituciones financieras incorporen el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional— no sea un tecnicismo de negociador. Es una disputa por el poder clasificatorio, esa forma silenciosa de autoridad que Michael Barnett y Martha Finnemore identificaron como el núcleo del poder de las organizaciones internacionales: la capacidad de nombrar, ordenar y categorizar el mundo, y de producir con ello consecuencias materiales para quienes son categorizados. Quien define las casillas define los destinos. Abinader lo sintetizó en una fórmula que merece sobrevivir al discurso que la contuvo: lo que no se mide no entra en las decisiones, y lo que no entra en las decisiones, no se atiende. Es el mismo argumento que Theodore Porter desplegó al mostrar que los números no describen realidades neutrales sino que las construyen, y que toda métrica es una decisión política disfrazada de aritmética.
El respaldo empírico de esa reivindicación es precisamente lo que le da fuerza. Cuando un Estado insular caribeño puede exhibir la reducción de la pobreza monetaria de 25.8 % en 2019 a 14.6 % en el primer semestre de 2026, la confirmación por la FAO de su salida del mapa del hambre —quinto país de América Latina en lograrlo, y cinco años antes de la meta autoimpuesta de 2028—, cuatro ejercicios consecutivos por encima de los 4,000 millones de dólares en inversión extranjera directa con una superación histórica de los 5,000 millones en 2025, exportaciones cercanas a los 16,000 millones y una proyección turística que supera los 12 millones de visitantes frente a los 7.5 millones de 2019, no está pidiendo indulgencia. Está reclamando coherencia. La diferencia es enorme en términos de credibilidad discursiva: Thomas Risse describió la argumentación como un modo específico de acción internacional en el que los actores no negocian intereses sino que intentan convencer mediante razones, y ese modo solo funciona cuando quien habla ha pagado el costo de sus propias afirmaciones. La República Dominicana lo pagó. Eso convierte su demanda en algo que el sistema no puede desestimar como reclamo de país rezagado.
El segundo eje de la intervención opera con la misma lógica y tiene un antecedente que la academia debería registrar. La resolución global sobre el sargazo adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por iniciativa dominicana es un caso de manual de lo que Finnemore y Kathryn Sikkink llamaron emprendimiento normativo: un Estado pequeño detecta un problema que el sistema no ha codificado, lo traduce a lenguaje multilateral y lo instala en la agenda hasta que deja de ser una molestia regional para convertirse en un reto global reconocido. Robert Keohane y Joseph Nye habían anticipado que en condiciones de interdependencia compleja el poder ya no se distribuye de forma uniforme entre temas, y que un actor estructuralmente débil puede ejercer influencia decisiva en el dominio donde concentra información, urgencia y legitimidad. El sargazo es ese dominio. La Declaración sobre el Aumento del Nivel del Mar, la ratificación del acuerdo sobre biodiversidad marina fuera de las jurisdicciones nacionales depositada en marzo y la advertencia de que el financiamiento climático debe llegar con la misma rapidez con que llegan las tormentas al Caribe configuran una estrategia coherente de nicho diplomático, no una sucesión de gestos.
Queda el tercer registro, el más difícil, y es donde el discurso revela su cálculo. Al sostener que esta hora reclama serenidad, claridad y unidad, y al recordar que un país que importa la totalidad de los combustibles que consume no fija los precios que lo golpean, Abinader inscribió a la República Dominicana en la tradición de los Estados que defienden el orden basado en reglas no por idealismo sino por aritmética de supervivencia. Hedley Bull explicó que la sociedad internacional se sostiene sobre instituciones frágiles que no eliminan la anarquía pero la vuelven habitable; para las potencias esas instituciones son una conveniencia, para los Estados pequeños son la única alternativa a la fuerza. Cuando el mandatario afirma que deben ser las normas acordadas por todos, y no la fuerza, las que resuelvan las controversias, está formulando la doctrina de seguridad de un país sin ejército disuasivo ni palanca energética. Es la posición más honesta disponible, y también la más expuesta.
El riesgo del balance exitoso es la autocomplacencia, y sería un flaco servicio al país no decirlo: una pobreza monetaria de 14.6 % sigue significando que uno de cada siete dominicanos vive por debajo de la línea, la salida del mapa del hambre certifica suficiencia calórica pero no calidad nutricional, y la dependencia energética externa que el propio discurso reconoce constituye la vulnerabilidad estructural que ningún récord turístico compensa. La fortaleza del planteamiento presidencial reside justamente en no haber pedido crédito por un trabajo terminado, sino condiciones justas para continuarlo. Ese es el matiz que separa la propaganda del argumento, y el que hace defendible esta intervención ante un auditorio académico exigente. Muchos pueblos, dijo el presidente, corren el riesgo de vivir esta época sin ser contemporáneos de los grandes avances de la humanidad. La frase merece quedarse. Describe con precisión la condición de la mayoría del planeta y explica por qué la batalla por los indicadores —aparentemente árida, deliberadamente técnica— es en realidad la batalla por quién tiene derecho a habitar el presente.
Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
Referencias de apoyo: Sen, Amartya. Development as Freedom (1999). Barnett, Michael y Martha Finnemore. Rules for the World (2004). Finnemore, Martha y Kathryn Sikkink. «International Norm Dynamics and Political Change», International Organization 52, n.º 4 (1998). Keohane, Robert y Joseph Nye. Power and Interdependence (1977). Bull, Hedley. The Anarchical Society (1977). Risse, Thomas. «Let’s Argue! Communicative Action in World Politics», International Organization 54, n.º 1 (2000). Porter, Theodore. Trust in Numbers (1995). Naciones Unidas, Pacto para el Futuro (2024); Declaración sobre el Aumento del Nivel del Mar, UNGA81; Acuerdo BBNJ (2023).
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