El país no necesita gastar simplemente más, sino transformar cada peso educativo en aprendizaje, productividad, ciudadanía, innovación y soberanía. Las experiencias de Chile y Uruguay demuestran que la continuidad institucional, la profesionalización docente, la evaluación independiente y la transformación digital pueden convertir la educación en una política de desarrollo y posicionamiento regional.
Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
Resumen
La República Dominicana ha logrado ampliar la cobertura escolar, sostener una inversión pública significativa, extender la jornada educativa y desarrollar programas de alimentación, transporte y utilería. Sin embargo, esos avances materiales y sociales todavía no se traducen proporcionalmente en aprendizajes, pensamiento científico, productividad laboral ni capacidad de innovación. En PISA 2022, el país obtuvo 339 puntos en matemáticas, 351 en lectura y 360 en ciencias, frente a promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 472, 476 y 485 puntos, respectivamente. Apenas el 8 % de los estudiantes dominicanos alcanzó al menos el nivel básico de competencia matemática, frente al 69 % en la OCDE. Aunque los resultados mejoraron respecto de 2018, la distancia acumulada confirma una crisis estructural de aprendizaje. [gpseducati…n.oecd.org], [presidencia.gob.do]
Este trabajo sostiene que la educación dominicana debe dejar de administrarse principalmente como una política sectorial, presupuestaria y asistencial para convertirse en una política integral de Estado, seguridad nacional, transformación productiva y poder geopolítico. Chile y Uruguay no ofrecen modelos perfectos ni transferibles mecánicamente, pero sí lecciones sobre continuidad institucional, gobernanza, formación docente, evaluación, conectividad, innovación y generación de capacidades públicas. La República Dominicana necesita adoptar esas lecciones dentro de una estrategia propia, vinculada con su realidad demográfica, cultural, territorial y productiva.
Palabras clave: educación dominicana, capital humano, Chile, Uruguay, PISA, desarrollo, geopolítica, carrera docente, transformación digital, política de Estado.
Introducción: una crisis costosa que compromete el futuro del Estado
Calificar el sistema educativo dominicano como una “vergüenza muy bien pagada” expresa una indignación social comprensible, pero académicamente conviene formular el problema con mayor precisión: la República Dominicana presenta una grave desconexión entre inversión, escolarización y aprendizaje efectivo. El país no carece solamente de recursos. Carece de una arquitectura institucional capaz de convertir sistemáticamente esos recursos en conocimientos, competencias, innovación y productividad.
PISA 2022 produjo los mejores resultados históricos de la República Dominicana dentro de esa evaluación, con una puntuación global aproximada de 350 puntos, superior a los 339 registrados en 2015 y a los 334 de 2018. Sin embargo, la mejoría debe interpretarse desde una base extremadamente baja. En la medición de 2022, el país continuó entre los sistemas de menor rendimiento, mientras Chile y Uruguay ocuparon los primeros lugares latinoamericanos en matemáticas y ciencias. [presidencia.gob.do], [publicatio…s.iadb.org], [iadb.org]
La diferencia no es simplemente estadística. Un país donde la mayoría de los alumnos no comprende adecuadamente lo que lee, no utiliza las matemáticas para resolver problemas y no domina las bases del razonamiento científico entra a la economía global en condiciones de subordinación. Puede atraer inversiones por estabilidad, ubicación geográfica o costos laborales, pero tendrá dificultades para apropiarse del conocimiento, elevar los salarios, innovar y producir tecnología.
Por eso, la crisis educativa es también una crisis geopolítica. Determina si la República Dominicana será únicamente un territorio de servicios turísticos, consumo, ensamblaje y logística, o si podrá convertirse en un centro caribeño de tecnología, ciencias de la salud, manufactura avanzada, economía digital, ciberseguridad, inteligencia artificial, servicios profesionales y comercio regional. El Banco Mundial identifica precisamente el fortalecimiento del capital humano, la correspondencia entre educación y mercado laboral, la innovación y la productividad como condiciones para que el país pueda convertirse en una economía de altos ingresos hacia 2036. [worldbank.org], [gpseducati…n.oecd.org]
Chile y Uruguay: lecciones, no recetas
Chile aventaja regionalmente a la República Dominicana porque durante décadas desarrolló una mayor capacidad para evaluar aprendizajes, regular el sistema, profesionalizar la docencia y sostener políticas educativas más allá de un período gubernamental. Esa trayectoria no estuvo exenta de desigualdades, segregación, movilizaciones sociales ni controversias sobre el financiamiento. Su mérito no radica en haber alcanzado un sistema perfecto, sino en haber colocado el aprendizaje y la calidad en el centro de sucesivas reformas. La literatura sobre su economía política educativa señala un esfuerzo prolongado, realizado mediante aproximaciones sucesivas, para mejorar la carrera docente, la evaluación y el aseguramiento de la calidad. [riseprogramme.org], [repositori….uchile.cl]
En PISA 2022, Chile fue el sistema latinoamericano mejor posicionado en lectura y se mantuvo, junto con Uruguay, en la vanguardia regional en matemáticas y ciencias. Sin embargo, permanece por debajo del promedio de la OCDE. Esto obliga a evitar una idealización: Chile constituye un punto de referencia latinoamericano, pero no una frontera mundial de aprendizaje. [oecd.org], [publicatio…s.iadb.org], [iadb.org]
Uno de sus avances más importantes fue la reforma de la carrera docente aprobada en 2016, producto de negociaciones políticas, redes técnicas y participación de actores organizados. La experiencia chilena demuestra que mejorar al maestro no consiste únicamente en aumentar salarios. Requiere elevar los criterios de ingreso, acompañar el ejercicio profesional, evaluar competencias, distinguir niveles de desarrollo y ofrecer oportunidades reales de progresión. [repositori….uchile.cl], [benrossschneider.com]
Chile también construyó mecanismos de evaluación y aseguramiento de la calidad que permiten observar el desempeño de escuelas y estudiantes. La existencia de información no resuelve por sí sola los problemas, pero hace posible identificarlos, asignar responsabilidades y concentrar apoyos. Su proceso de Nueva Educación Pública, que transforma gradualmente la administración escolar, continúa siendo evaluado internacionalmente para corregir debilidades durante su implementación. Esa capacidad para someter una reforma a revisión externa constituye, por sí misma, una señal de madurez institucional. [riseprogramme.org], [unesco.org]
Uruguay aporta una lección diferente. Su fortaleza se encuentra en la construcción de instituciones nacionales, la continuidad de políticas públicas y el desarrollo de Ceibal como ecosistema de innovación educativa. Creado en 2007, Ceibal pasó de distribuir computadoras y conectividad a ofrecer plataformas de aprendizaje, bibliotecas digitales, enseñanza de inglés, matemáticas, robótica, pensamiento computacional, evaluación en línea y formación docente. El Banco Mundial lo describe como una transformación que evolucionó desde el acceso tecnológico universal hacia una plataforma integral de innovación y equidad educativa. [worldbank.org], [thedocs.wo…ldbank.org], [ceibal.edu.uy]
El aspecto decisivo de Ceibal no es la computadora. Es la institucionalidad que conecta el dispositivo con contenidos, asistencia técnica, datos, pedagogía y formación. Uruguay llegó a reducir en más de diez veces la brecha de acceso a computadoras hacia 2010, pero comprendió que entregar equipos sin transformar las prácticas docentes no garantiza aprendizaje. Su experiencia enseña que la digitalización educativa debe ser una política pedagógica, no una operación de compras. [thedocs.wo…ldbank.org], [documentos…bal.edu.uy]
Chile y Uruguay, además, muestran que no existe un único modelo de éxito. Chile desarrolló una estructura históricamente más descentralizada y regulada mediante sistemas de evaluación, mientras Uruguay conservó una tradición más centralizada y estatal. El resultado no depende exclusivamente de centralizar o descentralizar, sino de la calidad de las reglas, la capacidad técnica, los incentivos y la rendición de cuentas. Los estudios comparativos advierten, incluso, que los incentivos docentes aislados pueden generar efectos no deseados cuando no están integrados en una gobernanza coherente. [siteal.iie…unesco.org], [siteal.iie…unesco.org], [rucp.cienc…les.edu.uy]
La paradoja dominicana: cobertura social sin suficiente aprendizaje
La República Dominicana no parte de cero. Para el año escolar 2026-2027, el sistema cuenta con aproximadamente 2.6 millones de estudiantes y cerca del 78 % de la matrícula pertenece al sector público. El Ministerio de Educación ha informado que 53 centros adicionales se incorporaron a la jornada escolar extendida, elevando hasta aproximadamente el 80 % la proporción de estudiantes atendidos bajo esta modalidad. También se proyecta recibir 120,000 nuevos alumnos y utilizar aulas modulares, transporte escolar y contratación de cupos privados para responder a la presión territorial sobre la matrícula. [listindiario.com], [listindiario.com]
El INABIE ha extendido la alimentación, los uniformes y la utilería escolar, mientras el transporte estudiantil y la jornada extendida reducen costos familiares y contribuyen a la permanencia. Estas políticas tienen valor redistributivo y no deben subestimarse. El error consiste en confundir bienestar escolar con aprendizaje. Alimentar, transportar y equipar al estudiante es necesario, pero el éxito educativo solamente ocurre cuando ese alumno aprende a leer con comprensión, escribir con rigor, razonar matemáticamente, interpretar evidencias, utilizar tecnologías y convivir como ciudadano. [listindiario.com], [gpseducati…n.oecd.org]
El problema principal no parece ser el volumen absoluto de insumos, sino la debilidad de la cadena que conecta presupuesto, escuela, aula, profesor y aprendizaje. Investigaciones dominicanas basadas en los datos de PISA 2022 señalan que el nivel socioeconómico, el clima escolar, la ansiedad matemática, las relaciones con docentes y compañeros, el apoyo parental y el uso de las tecnologías influyen en el desempeño. Otro estudio sobre eficiencia escolar identifica la ubicación del centro, el tamaño de las aulas, la disciplina, la relación alumno-profesor y la participación de las familias entre sus factores determinantes. [ideice.gob.do], [cdn.bancen…ral.gov.do]
La crisis, por tanto, no puede explicarse únicamente por la pobreza. Países y estudiantes con entornos socioeconómicos comparables alcanzan resultados superiores. La OCDE señala que estudiantes de Turquía y Vietnam con perfiles socioeconómicos semejantes a los dominicanos tienden a obtener mejores puntuaciones. Esto indica que las instituciones, las expectativas, la calidad docente y la organización de las escuelas importan tanto como el ingreso familiar. [gpseducati…n.oecd.org], [gpseducati…n.oecd.org]
El tiempo de clase debe convertirse en tiempo de aprendizaje
La primera reforma dominicana debe ser garantizar el calendario y la jornada escolar. Una jornada extendida sin asistencia regular, puntualidad, planificación docente y uso pedagógico del horario puede convertirse en una estancia prolongada, pero no necesariamente en una escuela de calidad.
El Ministerio de Educación ha propuesto un protocolo para el cumplimiento de la jornada y el horario escolar, apoyado por organizaciones religiosas, asociaciones de familias y entidades socioeducativas. Hasta el 18 de agosto de 2026, la ADP todavía no había suscrito ese acuerdo, según las declaraciones ofrecidas por el ministro Luis Miguel de Camps. [listindiario.com], [listindiario.com]
El cumplimiento del calendario no debería depender de negociaciones anuales. Debe establecerse mediante una ley de garantía del tiempo de aprendizaje que obligue simultáneamente al Ministerio, a los directores, a los profesores, a las familias y a las autoridades territoriales. El Estado debe garantizar planteles dignos, materiales, transporte, alimentación y respuesta administrativa. Los educadores, por su parte, deben asumir que el derecho sindical y el derecho de los niños a aprender tienen que coexistir sin que este último sea sacrificado.
Cada escuela debería publicar mensualmente sus horas de enseñanza planificadas, impartidas y recuperadas. No se trata de instalar una política persecutoria, sino de proteger el recurso educativo más irrecuperable: el tiempo de la infancia.
Una nueva carrera docente basada en mérito, acompañamiento y dignidad
Emular a Chile exige entender que la calidad del sistema no puede superar permanentemente la calidad de sus docentes y directores. La República Dominicana necesita establecer una verdadera carrera profesional que comience antes del nombramiento.
El ingreso a las carreras universitarias de educación debería requerir estándares académicos mínimos, evaluación de competencias comunicativas y razonamiento lógico, además de prácticas supervisadas. Las universidades que formen maestros deben ser acreditadas por resultados, no simplemente por el cumplimiento de procedimientos administrativos. Sus egresados deberían aprobar una evaluación nacional habilitante antes de ingresar al aula.
Una evaluación rigurosa no debe concebirse como instrumento de castigo. Debe servir para identificar necesidades, ofrecer mentoría y orientar ascensos. Sin embargo, la permanencia indefinida de personal que, después de recibir acompañamiento y oportunidades de mejora, no demuestra competencias mínimas tampoco es compatible con el derecho a la educación. La experiencia comparada muestra que los incentivos aislados no producen automáticamente calidad, pero una carrera docente integrada con formación, evaluación, apoyo y progresión sí puede modificar las capacidades del sistema. [repositori….uchile.cl], [siteal.iie…unesco.org], [dialnet.unirioja.es]
Los directores escolares deben ser seleccionados mediante concursos técnicos transparentes y contratos de desempeño. Administrar una escuela de cientos o miles de estudiantes exige liderazgo pedagógico, gestión presupuestaria, análisis de datos y capacidad para relacionarse con la comunidad. La dirección escolar no puede seguir siendo una recompensa política, gremial o personal.
Crear una autoridad independiente para la calidad educativa
La evaluación no puede depender exclusivamente de la misma estructura responsable de ejecutar políticas, administrar recursos y presentar resultados. República Dominicana necesita convertir el IDEICE, o una nueva entidad constitucionalmente protegida, en una Agencia Nacional Independiente de Calidad y Evaluación Educativa.
Esta institución debería evaluar aprendizajes, auditar la calidad de los libros, acreditar programas de formación docente, publicar indicadores por escuela y estudiar el impacto real de las intervenciones. También debería administrar un sistema longitudinal que permita dar seguimiento al progreso de cada estudiante, con estrictas garantías de protección de datos.
La evaluación tendría que aplicarse en momentos críticos: alfabetización inicial, conclusión de primaria, transición a secundaria y finalización del bachillerato. Sus resultados no deben utilizarse para elaborar clasificaciones simplistas que estigmaticen a las comunidades pobres, sino para asignar apoyo diferenciado, tutorías, capacitación y recursos.
El país debe dejar de medir el éxito por la cantidad de computadoras entregadas, aulas inauguradas, raciones servidas, uniformes distribuidos o talleres impartidos. Esos indicadores registran actividad administrativa. Los indicadores de Estado deben medir cuánto aprendieron los estudiantes, cuántos completaron su trayectoria, cuántos dominaron competencias técnicas y cuántos ingresaron exitosamente a empleos productivos o estudios superiores.
Alfabetización plena antes de los diez años
Ninguna modernización será posible mientras miles de niños avancen de grado sin comprender un texto apropiado para su edad. Leer no es una asignatura más. Es la infraestructura cognitiva que permite aprender ciencias, matemáticas, historia y tecnología.
La prioridad nacional durante los próximos cinco años debe ser que todo niño pueda leer, comprender y escribir con sentido antes de concluir el tercer grado. Esto requiere evaluaciones individuales tempranas, bibliotecas de aula, materiales secuenciados, tutores, formación especializada y apoyo intensivo a los estudiantes rezagados.
PISA 2022 revela que el déficit dominicano no se limita a las matemáticas. El país se encuentra 125 puntos por debajo del promedio de la OCDE en lectura y la diferencia en ciencias es también de 125 puntos. El rezago afecta todas las capacidades fundamentales y compromete el aprendizaje posterior. [gpseducati…n.oecd.org], [presidencia.gob.do]
Debe crearse una Misión Nacional de Alfabetización y Matemática Temprana bajo conducción presidencial, con metas anuales verificables por provincia, distrito y escuela. Las tutorías personalizadas y en grupos pequeños deben concentrarse en niños con mayor rezago, en vez de repartir idénticos programas entre realidades desiguales.
Currículo, soberanía e identidad nacional
La controversia sobre los libros de Ciencias Sociales revela una dimensión esencial: educar también significa transmitir memoria, identidad, valores democráticos y comprensión del territorio. La ADP ha alegado que el material de “Libro Abierto” fragmenta la historia dominicana, resta centralidad a los procesos independentistas y debilita la enseñanza cronológica. El MINERD, por su parte, sostiene que el currículo sí incorpora la independencia, la Restauración y los demás procesos fundacionales, y anunció la creación de un Consejo Editorial Educativo con participación de actores relevantes. Ambas posiciones deben ser sometidas a una evaluación académica independiente. [listindiario.com], [listindiario.com]
La defensa de la identidad dominicana no debe convertirse en aislamiento intelectual, hostilidad hacia otros pueblos ni manipulación ideológica. Tampoco la formación de una ciudadanía global debe borrar la historia nacional. Un currículo moderno puede enseñar simultáneamente la doctrina duartiana, la Independencia, la Restauración, las relaciones dominico-haitianas, la integración caribeña, los derechos humanos y los grandes procesos mundiales.
El nuevo Consejo Editorial debe contar con historiadores de distintas corrientes, docentes en ejercicio, pedagogos, lingüistas, científicos, expertos en desarrollo infantil y representantes de academias e instituciones culturales. Cada texto tendría que pasar por revisión disciplinaria, pedagógica, lingüística y constitucional, con versiones públicas y trazabilidad de los cambios.
Una nación que desconoce cómo nació su Estado carece de herramientas para comprender sus fronteras, intereses y responsabilidades internacionales. Pero una nación que enseña la historia como consigna, sin fuentes, debate ni pensamiento crítico, tampoco forma ciudadanos libres. La soberanía educativa consiste en conocer profundamente lo propio y comprender rigurosamente el mundo.
Un Ceibal dominicano para la inteligencia artificial y la economía digital
La República Dominicana debe crear una institución semejante en ambición, aunque no idéntica en diseño, al Ceibal uruguayo. Podría denominarse Dominicana Aprende Digital, con autonomía técnica, presupuesto plurianual y responsabilidad sobre conectividad, dispositivos, plataformas, contenidos, analítica educativa, formación tecnológica docente y ciberseguridad escolar.
Entregar dispositivos sin mantenimiento, contenidos y acompañamiento produce inventarios, no transformación. Uruguay construyó un ecosistema que incluye plataformas de matemática, biblioteca digital, pensamiento computacional, robótica, inglés y evaluación en línea. Además, Ceibal mantiene programas de capacitación y ha incorporado herramientas de inteligencia artificial para docentes. [documentos…bal.edu.uy], [worldbank.org], [ceibal.edu.uy]
El modelo dominicano debe comenzar garantizando conectividad funcional y soporte técnico en cada escuela. Posteriormente, debe incorporar programación desde edades tempranas, robótica, análisis de datos, alfabetización mediática, ciudadanía digital y uso ético de la inteligencia artificial. La tecnología debe complementar al maestro, nunca reemplazarlo.
La infraestructura digital podría articularse con el ITLA, INFOTEP, universidades, empresas de telecomunicaciones y zonas francas. Para la República Dominicana, dominar la inteligencia artificial no es una moda. Es una condición para competir en logística, turismo inteligente, manufactura avanzada, administración pública, finanzas, salud, ciberseguridad y servicios globales.
Educación técnica, territorio y estrategia productiva
El bachillerato dominicano debe dejar de funcionar como una antesala generalista que no prepara adecuadamente ni para la universidad ni para el trabajo. Cada región necesita una oferta técnica conectada con sus propias cadenas productivas.
El este requiere competencias en turismo sostenible, idiomas, construcción, energía y servicios digitales. El Cibao necesita agroindustria avanzada, manufactura, logística y biotecnología. La zona fronteriza requiere agricultura tecnificada, gestión del agua, comercio formal, logística, salud pública, protección ambiental e idiomas. Santo Domingo y Santiago deben convertirse en polos de software, inteligencia artificial, economía creativa, electrónica y servicios empresariales.
Esta planificación no significa subordinar la educación a las necesidades inmediatas de las empresas. Significa preparar ciudadanos con fundamentos amplios y capacidades para insertarse, innovar y emprender en la economía real. El Banco Mundial insiste en que la República Dominicana debe alinear mejor su capital humano con el mercado laboral, incrementar la productividad y crear empleos de mayor calidad si aspira a convertirse en una economía de altos ingresos. [worldbank.org], [gpseducati…n.oecd.org]
El inglés funcional debe convertirse en una competencia nacional, sin menoscabar el dominio del español. También deben fortalecerse el francés y el creole en programas especializados vinculados con diplomacia, relaciones caribeñas, comercio fronterizo, turismo y cooperación regional. La plurilingualidad constituye una ventaja geoeconómica para un Estado ubicado entre América del Norte, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.
Reformar el 4 %: de garantía financiera a contrato por resultados
El 4 % del producto interno bruto destinado a la educación preuniversitaria debe preservarse como conquista social, pero necesita una segunda generación de gobernanza. El debate ya no puede limitarse a si se ejecutó el porcentaje. Debe examinarse qué conocimientos, capacidades y oportunidades produjo.
El presupuesto debe dividirse en tres grandes componentes: operación esencial y bienestar estudiantil; mejora de la calidad y recuperación de aprendizajes; e inversión estratégica en infraestructura, tecnología e innovación. Cada componente debe tener metas verificables y evaluación de impacto.
Una parte de los recursos adicionales debe asignarse según necesidades territoriales, porque tratar de la misma manera escuelas profundamente desiguales reproduce la desigualdad. Los centros con mayor pobreza, ruralidad, discapacidad, sobrepoblación o rezago académico deben recibir más tutores, orientadores, psicólogos y recursos pedagógicos.
La transparencia debe llegar hasta cada plantel. Las comunidades tienen derecho a conocer cuánto recibe su escuela, en qué se gasta, cuántas horas de docencia se impartieron y qué progreso registraron los estudiantes. No se trata de reducir la educación a números, sino de evitar que el presupuesto pierda relación con su finalidad constitucional.
Una gobernanza que trascienda los gobiernos
La modernización requiere un Pacto Educativo 2027-2040 jurídicamente vinculante, con un conjunto reducido de metas nacionales que ningún cambio de administración pueda modificar unilateralmente. Este pacto debe incluir alfabetización universal, cumplimiento del calendario, evaluación independiente, carrera docente, educación inicial, transformación digital, bachillerato técnico y reducción de brechas territoriales.
También debe crearse un Consejo Nacional de Transformación Educativa presidido por el jefe del Estado, pero dotado de una secretaría técnica profesional e independiente. Deben participar Educación, Educación Superior, Economía, Trabajo, Industria y Comercio, INFOTEP, ITLA, universidades, familias, docentes, empresarios y representantes territoriales.
La participación gremial es indispensable, pero ningún actor debe poseer poder de veto sobre el derecho de los estudiantes. De igual manera, el Poder Ejecutivo no puede exigir compromisos a los docentes mientras incumple reparaciones, pagos, materiales, nombramientos o condiciones de trabajo. El nuevo contrato educativo debe establecer obligaciones recíprocas, mecanismos rápidos de solución de conflictos y consecuencias claras para el incumplimiento.
Hoja de ruta 2027-2040
Durante los primeros dos años, el Estado debe realizar un censo de infraestructura y conectividad, medir la lectura de todos los estudiantes de primaria, seleccionar directores por concurso, aprobar el sistema independiente de evaluación y garantizar el calendario escolar. También debe revisar la formación universitaria docente y establecer una prueba nacional habilitante.
Entre 2029 y 2032, debe universalizarse la educación inicial desde los tres años en territorios vulnerables, consolidarse la alfabetización antes del tercer grado, desplegarse Dominicana Aprende Digital y ampliarse el bachillerato técnico articulado con las necesidades regionales.
Entre 2033 y 2036, la meta debe ser alcanzar el promedio latinoamericano en matemáticas, lectura y ciencias, reducir significativamente la proporción de estudiantes por debajo del nivel básico y duplicar la participación en modalidades técnicas, científicas y tecnológicas.
Finalmente, entre 2037 y 2040, la República Dominicana debe aspirar a integrarse al grupo de mejor desempeño de América Latina y el Caribe, no mediante la obsesión con un puesto aislado, sino demostrando progreso sostenido, reducción de brechas y correspondencia entre educación, productividad e innovación.
Conclusión
Chile y Uruguay no avanzaron por una medida milagrosa. Construyeron instituciones, acumularon capacidades, corrigieron políticas y sostuvieron decisiones durante décadas. Chile enseña el valor de colocar el aprendizaje, la evaluación y la carrera docente en el centro. Uruguay demuestra que la tecnología puede transformarse en política educativa cuando existe una institución capaz de integrar conectividad, formación, contenidos y pedagogía. [riseprogramme.org], [repositori….uchile.cl], [worldbank.org], [ceibal.edu.uy]
La República Dominicana ha financiado cobertura, alimentación, infraestructura, transporte y jornada extendida. Esos logros deben protegerse, pero ha llegado la hora de la segunda gran reforma: convertir la escolarización en aprendizaje y el aprendizaje en poder nacional.
El país no necesita copiar a Chile ni a Uruguay. Necesita aprender de su continuidad, disciplina institucional y capacidad de evaluación para desarrollar un modelo propiamente dominicano. Un modelo que forme ciudadanos arraigados en su historia, abiertos al mundo, competentes en ciencias y tecnologías, capaces de defender democráticamente la soberanía y preparados para crear riqueza de mayor valor.
La educación debe ser tratada con la misma seriedad estratégica que la estabilidad macroeconómica, la seguridad fronteriza, la energía, la infraestructura o la política exterior. En el siglo XXI, la principal frontera de una nación no es solamente territorial. También es cognitiva, científica y tecnológica.
Mientras la República Dominicana no cierre su brecha de aprendizaje, su crecimiento será vulnerable y su modernización permanecerá incompleta. Cuando consiga hacerlo, dejará de competir únicamente por costos y ubicación para hacerlo mediante talento, conocimiento, productividad e innovación. Ese será el verdadero salto hacia el desarrollo regional.
Referencias seleccionadas
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