Carlos Pimentel afirma que los avances en Contrataciones Públicas reflejan un mercado más abierto y competitivo.
Santo Domingo, R.D.- El presidente Luis Abinader aseguró que la transformación de las compras del Estado es fundamental para elevar la calidad y eficiencia de los servicios públicos, consolidar la credibilidad institucional y garantizar el bienestar de la ciudadanía, afirmando que detrás de cada uno de estos procesos hay nuevas escuelas, equipamiento de hospitales, más medicamentos e infraestructura vial.
“Una contratación pública funciona cuando aquello que se contrató llega a tiempo, cumple con la calidad esperada y responde a una necesidad real de la gente. Ese debe ser siempre nuestro punto de referencia”, expresó el jefe de Estado.
Estas consideraciones las expresó al participar por segundo año consecutivo en el acto de apertura del II Foro de Contratación Pública: “Fortaleciendo la gobernanza para una gestión íntegra y transparente”, con miras a analizar los avances, desafíos y la implementación de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, y que se celebra este miércoles 19 y jueves 20.
Espero, sobre todo, que estos dos días sirvan para hablar con franqueza, para identificar lo que debemos corregir y para avanzar hacia una contratación pública cada vez más eficiente, competitiva y responsable”.
Para lograrlo, el gobernante instó a contar con servidores públicos capacitados, proveedores responsables, órganos de control con pleno ejercicio de sus funciones y reglas aplicadas con equidad. Dijo, además, que la ley promueve mayor planificación y trazabilidad digital, nuevas modalidades de contratación y mecanismos de supervisión más efectivos.
Finalmente, reiteró que resulta primordial la alianza entre el sector público, la empresa privada, la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales.
Mayor apertura, competitividad y oportunidades
En las palabras de apertura, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, detalló los avances registrados en la entidad y afirmó que reflejan un mercado más abierto, competitivo y con mayores oportunidades para los proveedores, destacando que el 59.8 % de los participantes fueron adjudicados y las pequeñas y medianas empresas recibieron el 44.7 % del monto total adjudicado en 2025, equivalente a unos RD 123,000 millones.
Dijo que las ofertas recibidas aumentaron en más de un 370 %; el Registro de Proveedores del Estado creció un 56 %; las entidades obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones aumentaron un 121 %; la cobertura hospitalaria integrada al sistema se incrementó en 826 % y se incorporaron 195 nuevos municipios y distritos municipales, para un crecimiento superior al 400 %.
Responsabilidad penal
De su lado, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, instó a los servidores públicos a ser íntegros, recordando que el nuevo paradigma legal reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que en el marco actual se permite la acumulación de penas al incurrir en actos de corrupción, entre los que citó el soborno.
“Un acto de corrupción, seguido de otros actos de corrupción, más lavado de activos, puede llevarlo a una condena en la que dure décadas sin ver la libertad”.
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https://t.co/Xmu0ih5CmI— Luis Abinader (@luisabinader) August 18, 2026
Señaló que, con el nuevo Código Penal y las leyes de Compras y Contrataciones, Extinción de Dominio y la de Lavado de Activos, la República Dominicana tiene todo lo necesario a nivel legislativo para una persecución altamente efectiva.
Temas que se van a abordar
Durante estos dos días se abordarán temas decisivos: el régimen de sanciones, la prevención de riesgos, los mecanismos de monitoreo, la solución de controversias, el papel de los órganos de control y la participación de la ciudadanía. La actividad es coordinada por la , a través de su Centro de Estudios e Investigaciones en Contratación Pública (CEICP).
El Pdte. @LuisAbinader encabezó el II Foro de Contratación Pública, donde destacó la Ley 47-25 como un paso hacia compras del Estado más transparentes, eficientes y competitivas. Avanzamos hacia un mercado más abierto, con mayor participación, digitalización y mejores controles. pic.twitter.com/YoN6Pj7PQA
— Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) August 20, 2026
EDITORIAL
Contratar bien es gobernar bien
La Ley 47-25 abre una nueva etapa para las compras públicas dominicanas, pero la transparencia no se decreta: debe demostrarse mediante competencia real, trazabilidad digital, controles independientes y bienes y servicios que lleguen oportunamente a la población.
La contratación pública no constituye un simple procedimiento administrativo ni una sucesión de expedientes, licitaciones y adjudicaciones. Es uno de los espacios donde el Estado convierte los impuestos de la ciudadanía en escuelas, medicamentos, carreteras, equipos hospitalarios y servicios esenciales. Por eso, cuando el presidente Luis Abinader afirma que una contratación funciona cuando lo adquirido llega a tiempo, cumple con la calidad esperada y responde a una necesidad real, coloca el debate en su dimensión correcta: el éxito no se mide por la cantidad de procesos publicados, sino por los resultados que transforman la vida de la gente.
La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas representa, en ese sentido, una oportunidad para superar la visión burocrática que durante décadas redujo la transparencia al cumplimiento formal de requisitos. Un expediente puede aparentar legalidad y, aun así, encubrir ineficiencias, sobrecostos, restricciones injustificadas o decisiones concebidas para favorecer intereses particulares. La nueva legislación debe impedir que la formalidad se convierta en refugio de prácticas contrarias al interés general.
Los avances presentados por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, evidencian una transformación relevante. El aumento de las ofertas, el crecimiento del Registro de Proveedores del Estado, la incorporación de entidades al Sistema Electrónico de Contrataciones y la integración de nuevos municipios y hospitales amplían la cobertura institucional y reducen espacios de discrecionalidad. Especial importancia tiene que las mipymes recibieran el 44.7 % del monto adjudicado en 2025, equivalente a aproximadamente RD$123,000 millones. Ese dato revela que las compras estatales pueden actuar como una poderosa herramienta de democratización económica.
Sin embargo, una mayor cantidad de proveedores no garantiza por sí sola una competencia auténtica. La apertura debe traducirse en igualdad efectiva de oportunidades, especificaciones técnicas imparciales, publicidad oportuna, plazos razonables y mecanismos de reclamación confiables. De poco serviría ampliar los registros si los contratos continúan concentrándose, si las condiciones favorecen a determinados competidores o si las instituciones convierten las excepciones en prácticas habituales.
El verdadero desafío comienza después de promulgar la ley. La administración pública dominicana ha acumulado buenas normas cuya aplicación ha quedado limitada por la debilidad de los controles, la resistencia burocrática, la fragmentación tecnológica y la falta de consecuencias. La Ley 47-25 no puede sumarse a esa lista. Su cumplimiento exige servidores capacitados, proveedores responsables, órganos fiscalizadores independientes y una ciudadanía con acceso a información comprensible, interoperable y verificable.
La trazabilidad digital debe permitir conocer no solamente quién ganó una licitación, sino también por qué ganó, quiénes evaluaron las ofertas, cómo se ejecutó el contrato, cuánto se pagó y si el bien o servicio fue entregado con la calidad convenida. La transparencia moderna no consiste en depositar miles de documentos en una plataforma. Consiste en convertir los datos públicos en instrumentos de supervisión social, periodística e institucional.
También resulta contundente la advertencia de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la acumulación de penas asociadas con la corrupción y el lavado de activos. El país cuenta ahora con un entramado normativo más riguroso, pero su credibilidad dependerá de que las sanciones se apliquen sin privilegios, selectividad ni cálculos políticos. La impunidad no nace solamente de la ausencia de leyes. También se alimenta de investigaciones tardías, controles complacientes y responsabilidades administrativas que se diluyen entre oficinas.
Contratar bien es gobernar bien porque cada adquisición pública expone las prioridades, la competencia técnica y la ética de una administración. Cuando un medicamento no llega, un hospital recibe equipos defectuosos o una carretera se deteriora prematuramente, el problema no queda limitado al expediente contractual. Hay pacientes desatendidos, comunidades aisladas y recursos públicos desperdiciados. La corrupción y la ineficiencia tienen víctimas concretas.
El II Foro de Contratación Pública debe servir, por tanto, para discutir con franqueza aquello que todavía debe corregirse. La participación del sector privado, la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales puede fortalecer el sistema, siempre que esa colaboración no sea ceremonial. El país necesita observación independiente, estudios sobre concentración de contratos, evaluación del desempeño de los proveedores y sistemas de alerta capaces de identificar comportamientos sospechosos antes de que el daño sea irreversible.
La Ley 47-25 abre una nueva etapa, pero ninguna legislación transforma el Estado por sí sola. La reforma será histórica si logra sustituir la opacidad por trazabilidad, la discrecionalidad por reglas equitativas, la concentración por competencia y la impunidad por consecuencias. Si no alcanza esos objetivos, quedará reducida a una promesa cuidadosamente redactada.
La República Dominicana tiene ante sí la oportunidad de convertir las compras públicas en una política de desarrollo, integridad y confianza democrática. Para conseguirlo, cada contrato deberá resistir el escrutinio público y demostrar su utilidad social. Porque el dinero del Estado no pertenece a los funcionarios que lo administran ni a las empresas que compiten por obtenerlo. Pertenece a la ciudadanía, y cada peso debe regresar a ella convertido en bienestar, servicios dignos y progreso verificable.
Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
