La respuesta del presidente Luis Abinader —esperar las cifras oficiales de Aduanas y de los organismos de inteligencia antes de validar estimaciones— no es evasión ni tibieza: es la forma responsable en que un Estado serio enfrenta un presunto fraude sin convertir la denuncia en espectáculo.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
Hay un momento en la vida de las instituciones en que la firmeza no se mide por la estridencia de las declaraciones, sino por la solidez de las actuaciones. La denuncia sobre un presunto esquema de evasión vinculado a mercancías declaradas en tránsito hacia Haití que terminarían comercializándose en el mercado dominicano ha encendido, con razón, la atención pública. Pero conviene separar el ruido de la señal. Y la señal que ha emitido el Poder Ejecutivo es inequívoca: el Gobierno conoce el caso, ha adoptado medidas y las autoridades competentes ofrecerán en los próximos días las cifras y conclusiones oficiales. Eso no es minimizar el problema; es procesarlo con el rigor que exige el Estado de derecho.
El presidente Luis Abinader hizo bien en no validar, desde el micrófono, ni la estimación de mil millones de dólares en supuesta evasión ni el dato de que el 86 % de las mercancías en tránsito carecería de destinatario identificado. No porque esas cifras carezcan de importancia, sino precisamente porque la tienen. Un jefe de Estado no puede transformar una entrevista matutina en tribunal sumario ni sustituir con impresiones lo que corresponde a la investigación técnica de la Dirección General de Aduanas y de los organismos de inteligencia. La prudencia frente a los números no es complicidad: es respeto por la verdad procesal y por el debido proceso. Quien gobierna con seriedad sabe que un dato mal confirmado desde el poder puede hacer tanto daño como el fraude que se pretende combatir.
Igualmente relevante fue la admisión presidencial de que no se trata de una práctica nueva, sino de un fenómeno que el Gobierno viene enfrentando desde hace varios meses. Esa franqueza tiene un valor político y ético que no debe pasar inadvertido. Reconocer que el régimen de tránsito —figura legítima y necesaria en el comercio internacional, amparada en los convenios que ordenan el paso de mercancías entre territorios— ha sido objeto de intentos de desviación equivale a admitir que existe una vulnerabilidad estructural y que se está trabajando para cerrarla. La honestidad institucional consiste, justamente, en no fingir que el problema nació con la denuncia, sino en demostrar que ya se actuaba sobre él antes de que se volviera titular.
Aquí conviene recordar lo que está verdaderamente en juego. El régimen de tránsito internacional es un pilar de la facilitación del comercio y una obligación asumida por la República Dominicana ante el mundo. Su abuso, cuando ocurre, no solo lesiona las arcas del Estado: golpea al productor nacional que sí paga sus impuestos, que sí cumple con sus obligaciones aduaneras y sanitarias, y que compite en desventaja frente a quien defrauda. Por eso la defensa de la soberanía fiscal no es un asunto meramente recaudatorio; es una cuestión de justicia económica y de protección al empresariado formal, al empleo digno y al consumidor, que tiene derecho a que lo que adquiere cuente con los registros sanitarios de rigor. La dimensión sanitaria de esta denuncia —productos presuntamente reempacados, reetiquetados y comercializados sin autorización— eleva el caso de lo tributario a lo que toca directamente la salud pública, y ese componente exige una respuesta interinstitucional coordinada entre Aduanas, la Procuraduría Especializada para la Salud y la DIGEMAPS.
Y precisamente esa coordinación es la mejor prueba de que la institucionalidad funciona. Que la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional levante muestras en establecimientos del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, que la Procuraduría solicite certificaciones a la DIGEMAPS y que Aduanas prepare un informe con el impacto real de sus acciones no es señal de improvisación, sino de un aparato estatal que se articula para responder con pruebas y no con consignas. La República Dominicana de 2026 no puede permitirse combatir el fraude a golpe de emoción mediática; debe hacerlo con expedientes, con trazabilidad y con sanciones que resistan el escrutinio judicial.
Nada de esto significa restar mérito a quien denuncia. El periodismo de investigación cumple una función democrática insustituible cuando enciende alertas y obliga a las instituciones a rendir cuentas. Pero la denuncia inicia el proceso; no lo concluye. Corresponde ahora al Estado convertir el señalamiento en verdad verificada, en cifras auditables y, si procede, en responsabilidades penales concretas.
El compromiso del Gobierno debe ser doble: transparencia total en la presentación de los resultados y contundencia absoluta contra quienes hayan defraudado, sin importar su tamaño ni sus vínculos. Cualquier resultado que no llegue hasta las últimas consecuencias defraudaría la confianza que la ciudadanía deposita en la palabra empeñada.
La República Dominicana atraviesa un ciclo de fortalecimiento aduanero, modernización tecnológica y récords de recaudación que han sido reconocidos regionalmente. Ese progreso obliga, más que nunca, a proteger la integridad del sistema. Defender al Estado en este caso no es defender a nadie del escrutinio: es exigir que la respuesta oficial esté a la altura de la denuncia, que las cifras se presenten con datos y no con estimaciones, y que la ley se aplique con la misma firmeza para todos. El país no pide silencio ni pide ruido: pide verdad institucional. Y esa verdad, cuando la ofrezcan Aduanas y los organismos de inteligencia, será la mejor defensa del Estado dominicano.
#GuasábaraEditor
Titular: Estado, soberanía fiscal y verdad institucional: la ruta correcta frente a la denuncia del tránsito
