Los más de RD$1,100 millones recaudados mediante tarjetas desde junio de 2026 confirman que la modernización aduanera produce resultados cuando la tecnología se convierte en eficiencia, trazabilidad y alivio financiero. Este avance forma parte de la política impulsada por el gobierno del presidente Luis Abinader para construir un Estado más ágil, transparente, competitivo y alineado con los parámetros de las economías desarrolladas.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
La modernización de una institución pública adquiere verdadero significado cuando deja de ser una promesa tecnológica y comienza a resolver problemas concretos. La recaudación de más de RD$1,100 millones mediante tarjetas de crédito y débito, alcanzada por la Dirección General de Aduanas desde la puesta en funcionamiento de este mecanismo en junio de 2026, constituye precisamente una demostración de esa transformación práctica. No estamos únicamente ante una nueva modalidad de cobro, sino frente a un cambio profundo en la relación entre el Estado, los contribuyentes y el comercio exterior dominicano.
El sistema ha procesado más de 8,000 transacciones y permite efectuar los pagos de manera presencial y a través de los canales digitales de la institución. Durante su primer mes de funcionamiento se canalizaron más de RD$364 millones, mientras que en julio la cifra ascendió a RD$482 millones, para un crecimiento mensual del 32 %. Estos resultados fueron presentados por el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, durante el encuentro “Aduanas como aliada estratégica del desarrollo productivo”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana.
El dato adquiere mayor trascendencia cuando se observa dentro de la política de modernización del Estado promovida por el Poder Ejecutivo. La digitalización de la DGA no es una actuación administrativa aislada ni una iniciativa desconectada de las prioridades nacionales. Se inscribe en la visión del gobierno del presidente Luis Abinader de transformar la Administración pública para que responda con mayor rapidez, transparencia, seguridad y calidad a las necesidades de ciudadanos y empresas.
Esa visión fue institucionalizada mediante el Decreto 527-21, que aprobó la Agenda Digital 2030 como estrategia nacional de transformación digital a corto, medio y largo plazo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y ejecución a través de planes de acción coordinados por el Gabinete de Transformación Digital. La agenda contiene siete ejes, 24 objetivos, 116 líneas de acción y más de 100 proyectos dirigidos a fortalecer la gobernanza digital, la conectividad, los servicios públicos, la educación y las capacidades digitales, la economía digital, la ciberseguridad y la cultura de innovación.
Al presentar esa hoja de ruta, el presidente Luis Abinader planteó que la transformación digital debía permitir a la ciudadanía recibir más y mejores servicios públicos, acceder a nuevas competencias y empleos, y participar en una sociedad más conectada. La Agenda Digital 2030 también estableció como objetivos elevar la eficiencia y la transparencia de la Administración pública, incorporar tecnologías a los procesos productivos y crear entornos digitales seguros, confiables y resilientes que impulsen la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible.
Vista desde esa perspectiva, la plataforma de pagos con tarjetas de Aduanas es una expresión concreta de una política nacional. Traduce en una operación cotidiana los grandes principios de gobierno digital: simplificar, integrar, reducir tiempos, ampliar canales, proteger las transacciones y colocar al usuario en el centro del servicio. La transformación del Estado no ocurre solamente cuando se aprueba una estrategia o se inaugura una plataforma; ocurre cuando una empresa puede cumplir una obligación sin interrupciones innecesarias y cuando un ciudadano percibe que la institución pública entiende el valor de su tiempo.
La velocidad con la que el nuevo mecanismo ha sido adoptado contiene un mensaje que no debería pasar inadvertido: los usuarios estaban esperando soluciones ajustadas a la dinámica real del comercio. En una economía que opera bajo presión constante sobre los tiempos de entrega, el capital de trabajo y los costes logísticos, obligar a una empresa a depender de procesos lentos o de opciones limitadas de pago equivale a imponerle una carga adicional. Cada día que una mercancía permanece inmovilizada en un puerto puede traducirse en almacenaje, demoras contractuales, pérdida de oportunidades y reducción del margen operativo.
Para una gran empresa, esos costes pueden ser absorbidos dentro de una estructura financiera más amplia. Para una micro, pequeña o mediana empresa, en cambio, pueden representar la diferencia entre cumplir con un cliente o perderlo, mantener liquidez o descapitalizarse, crecer o quedar atrapada en un círculo de restricciones. La posibilidad de pagar inmediatamente una obligación aduanera mediante tarjeta introduce flexibilidad en un punto crítico del proceso comercial. No sustituye una planificación financiera responsable, pero amplía las alternativas disponibles para evitar que una operación productiva quede paralizada por una dificultad transitoria de tesorería.
Desde su lanzamiento, la plataforma fue concebida para aceptar tarjetas físicas, credenciales digitales y dispositivos móviles, de manera gradual en las administraciones aduaneras y en los servicios digitales. El acuerdo fue suscrito entre la DGA, Visa y las empresas adquirentes CardNET, AZUL y PORTAL, con el propósito de agilizar la recaudación, reducir el uso de efectivo y mejorar la trazabilidad de las operaciones. La institución informó entonces que el 99 % de su recaudación ya se realizaba mediante canales electrónicos y apenas el 1 % por medios tradicionales.
Este avance coincide con una transformación gubernamental más amplia que comienza a exhibir resultados cuantificables. Durante 2025, los Puntos GOB proporcionaron cerca de 1.5 millones de servicios a 1.2 millones de ciudadanos, mientras el portal gubernamental alcanzó dos millones de visitas. El programa Burocracia Cero redujo en un 70 % el tiempo de los trámites priorizados y generó ahorros superiores a RD$2,000 millones para la ciudadanía y el Estado. Asimismo, más de 160 instituciones recibieron certificaciones y recertificaciones NORTIC, y la reestructuración del Centro de Datos del Estado permitió reducir en un 70 % los incidentes tecnológicos, según los resultados divulgados por el Gobierno en febrero de 2026.
Esos datos permiten comprender que el pago con tarjetas en Aduanas forma parte de una transición desde el Estado de la ventanilla hacia el Estado de la plataforma. Se procura sustituir la fragmentación, el papel y la presencialidad innecesaria por servicios integrados, verificables y accesibles. El objetivo no debe ser digitalizar por apariencia, sino eliminar cargas improductivas, reducir la discrecionalidad, hacer trazables las decisiones y acercar la Administración pública a los estándares de servicio utilizados por las economías más avanzadas.
El proceso, sin embargo, está lejos de concluir. El 10 de agosto de 2026, el Gobierno dominicano presentó una hoja de ruta elaborada por el Ministerio de Administración Pública con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El análisis reconoce avances en infraestructura pública digital interoperable, conectividad, identidad y firma digital, así como en el crecimiento del ecosistema de pagos digitales. También identifica desafíos en fragmentación institucional, interoperabilidad, capacidades digitales dentro del sector público, adopción empresarial de tecnologías avanzadas, protección de datos, confianza digital y desigualdades de acceso.
Este diagnóstico ofrece una referencia especialmente pertinente para la DGA. La institución no solo debe incorporar tecnología, sino asegurarse de que sus plataformas dialoguen con otros sistemas públicos, funcionen de manera estable, protejan los datos y sean utilizables por empresas de diferentes tamaños y capacidades. La verdadera madurez digital no se mide por la cantidad de aplicaciones disponibles, sino por la integración del ecosistema, la continuidad de los servicios, la confianza de los usuarios y la capacidad para convertir los datos en mejores decisiones.
La política de innovación de la propia DGA establece lineamientos orientados a mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios aduaneros, así como a fortalecer su adaptación a los cambios tecnológicos y regulatorios del comercio internacional. A ello se suma el Plan Estratégico Institucional 2026-2032, concebido como hoja de ruta para consolidar la transformación de la gestión aduanera y reforzar la competitividad logística del país.
Ese proceso posee antecedentes verificables. La DGA ha reportado más de 700 mejoras al Sistema Integrado de Gestión Aduanera, la automatización de más de 80 servicios y la ampliación del uso de sistemas de inspección no intrusiva en puertos y aeropuertos. Estas acciones evidencian que la modernización no se limita al área recaudatoria, sino que abarca la gestión de riesgos, la facilitación comercial, la estandarización de procedimientos y el fortalecimiento del control.
La recaudación obtenida a través de tarjetas demuestra, además, que facilitar no significa recaudar menos. La falsa oposición entre control y agilidad ha retrasado durante años numerosas reformas públicas en América Latina. En realidad, los procesos más simples, digitales y trazables pueden fortalecer simultáneamente el cumplimiento, la transparencia y la capacidad recaudatoria. Cuando pagar resulta más fácil, seguro y verificable, disminuyen los obstáculos administrativos y aumenta la capacidad institucional de dar seguimiento a cada operación.
Los resultados generales de la Dirección General de Aduanas ofrecen un marco adicional. Durante el primer semestre de 2026, la institución recaudó RD$129,236 millones, cifra que representó un crecimiento del 2.6 % y RD$3,290 millones adicionales respecto al mismo periodo de 2025. Solo en junio, los ingresos ascendieron a RD$24,162 millones, con un incremento interanual del 15.4 %, equivalente a RD$3,225 millones adicionales, y un nivel de cumplimiento del 100.9 %, que supuso un superávit de RD$218 millones. La institución registró también una recaudación diaria de RD$1,880.91 millones, superior al récord de RD$1,853.72 millones alcanzado en 2022. Entre enero y junio de 2026, los contenedores importados bajo régimen de consumo aumentaron un 1.5 % frente al mismo periodo del año anterior.
Estos indicadores ayudan a entender que la tecnología no es un elemento decorativo dentro de la gestión pública. Su valor reside en la capacidad de conectar facilitación, control y recaudación. Una operación digital deja registros, mejora la capacidad de auditoría, reduce el manejo de efectivo y permite obtener información que puede utilizarse para identificar tendencias, anticipar riesgos y distribuir mejor los recursos institucionales.
La digitalización aduanera también se relaciona directamente con la aspiración dominicana de consolidarse como centro logístico regional. La posición geográfica abre oportunidades, pero no garantiza competitividad. Los inversionistas, importadores, exportadores y operadores logísticos necesitan previsibilidad, trazabilidad, seguridad jurídica, tiempos razonables e instituciones capaces de funcionar con la misma rapidez que las cadenas internacionales de suministro. Un puerto moderno conectado con una administración lenta pierde una parte considerable de su ventaja. Por ello, la modernización de Aduanas debe avanzar al mismo ritmo que la infraestructura portuaria, aeroportuaria, tecnológica y de conectividad.
La dimensión internacional es esencial. Una aduana alineada con los parámetros de los países desarrollados no es necesariamente la que incorpora más dispositivos, sino la que utiliza tecnología para concentrar el control donde existe mayor riesgo y facilitar las operaciones de quienes cumplen. Es la que intercambia información de manera segura, aplica normas previsibles, protege la cadena logística y ofrece servicios disponibles más allá de las limitaciones tradicionales de tiempo y espacio. Es, sobre todo, una aduana capaz de asegurar que la agilidad no debilite la fiscalización y que el control no se convierta en obstáculo para la empresa formal.
En esa dirección, el acuerdo de perfilamiento de carga suscrito entre la DGA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para el Puerto de Haina refuerza la prevención, el intercambio de información y la gestión de riesgos en el comercio internacional. La estrategia institucional procura combinar recaudación eficiente, facilitación del comercio, seguridad, cooperación internacional y control inteligente.
No obstante, el entusiasmo institucional debe ir acompañado de rigor. El crecimiento del pago con tarjetas plantea responsabilidades que no pueden minimizarse. La DGA deberá continuar fortaleciendo la ciberseguridad, la protección de los datos, la continuidad de sus plataformas y la atención ante posibles reclamaciones. También resultará esencial ofrecer información clara sobre costes, comprobantes, reversos, tiempos de aplicación y canales de asistencia. La confianza digital no se construye solo con tecnología, sino mediante reglas comprensibles, respuestas oportunas y rendición de cuentas.
Hay, asimismo, una dimensión financiera que exige prudencia. La tarjeta de crédito puede servir como instrumento legítimo de liquidez, pero no debe convertirse en una invitación al endeudamiento improvisado. Las empresas, especialmente las de menor tamaño, necesitan evaluar tasas, fechas de corte y capacidad de pago antes de financiar obligaciones tributarias. La flexibilidad es valiosa cuando ayuda a administrar el capital de trabajo; pierde su sentido si traslada una obligación inmediata hacia una deuda más costosa. La educación financiera empresarial debe acompañar la expansión del mecanismo.
El reto siguiente consiste en medir el impacto más allá de la cifra recaudada. Conviene conocer cuánto se han reducido los tiempos de liberación de mercancías vinculadas a estas operaciones, qué proporción de los pagos corresponde a mipymes, cuáles administraciones concentran el uso, qué incidencias se han registrado y qué nivel de satisfacción manifiestan los usuarios. Publicar periódicamente estos indicadores permitiría evaluar si la innovación está cumpliendo su objetivo económico y social, y no solamente su función transaccional.
La transformación digital del Estado no debe juzgarse por la cantidad de plataformas inauguradas, sino por su capacidad para reducir costes, eliminar fricciones y devolver tiempo productivo al ciudadano. En este caso, más de RD$1,100 millones y 8,000 transacciones son una señal contundente de adopción. Pero el dato más significativo quizá no figure todavía en el balance: las horas que dejaron de perderse, las mercancías que pudieron continuar su ruta y las empresas que encontraron una alternativa para cumplir sin detener sus operaciones.
La experiencia demuestra que existe espacio para una gestión pública más ágil, inclusiva y orientada a resultados. El desafío es convertir este avance en estándar institucional y no en excepción. Cada trámite simplificado, cada operación trazable y cada minuto ahorrado fortalecen la competitividad, pero también la confianza en el Estado.
La DGA ha colocado una herramienta financiera moderna al servicio del comercio y ha traducido una política nacional de transformación digital en una solución concreta para ciudadanos y empresas. En esa convergencia entre la Agenda Digital 2030, la estrategia del Poder Ejecutivo, el Plan Estratégico Institucional 2026-2032 y la modernización de los servicios aduaneros se expresa una visión coherente: construir un Estado que no frene la productividad, sino que la acompañe; que no obligue al ciudadano a adaptarse a su burocracia, sino que adapte sus servicios a las necesidades de la sociedad; y que no se conforme con comparar sus avances con su propio pasado, sino que procure responder a los estándares internacionales de eficiencia, seguridad, interoperabilidad y calidad.
Ahora corresponde consolidar este avance con seguridad, transparencia, evaluación permanente e inclusión digital. Cuando la tecnología pública consigue que cumplir sea más fácil, que producir sea menos costoso y que comerciar sea más rápido, la digitalización deja de ser un discurso. Se convierte en una política de desarrollo, en un instrumento de competitividad y en una prueba de que la modernización del Estado dominicano puede producir resultados tangibles para toda la nación.
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Título: Cuando pagar deja de ser una barrera: Aduanas acelera la economía digital
Frase clave: La DGA recauda más de RD$1,100 millones mediante pagos con tarjetas, impulsando la transformación digital, la eficiencia y la competitividad del comercio dominicano.
