La República Dominicana enfrenta una coyuntura arancelaria sensible con Estados Unidos, pero la respuesta no puede ser la improvisación ni el populismo comercial. En momentos así, la soberanía no se demuestra con estridencias, sino con inteligencia estratégica, capacidad de negociación y defensa serena del interés nacional.
La afirmación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, de que el país “va a terminar muy bien, sin perder un ápice de competitividad”, debe leerse como una señal política relevante. No se trata de minimizar el desafío, sino de encuadrarlo correctamente. Estados Unidos ha impuesto un nuevo arancel de 12.5 % vinculado a exigencias sobre protocolos contra mercancías asociadas al trabajo forzoso. Frente a esa realidad, la República Dominicana no puede responder con reflejos emocionales ni con discursos de ruptura que terminen dañando más al país que a su contraparte.
Estados Unidos no es un socio comercial cualquiera. Es destino clave de nuestras exportaciones, principal emisor de turistas, hogar de una parte decisiva de la diáspora dominicana y fuente fundamental de remesas. Por eso, la relación bilateral debe manejarse con firmeza, pero también con prudencia. La reciprocidad arancelaria puede sonar atractiva en la tribuna, pero aplicada sin cálculo podría afectar importaciones, costos, empleos, inversión y estabilidad. En comercio internacional, no siempre gana quien más grita; gana quien mejor documenta, negocia, corrige y genera confianza.
La competitividad dominicana no ha sido destruida por esta coyuntura. Las exportaciones mantienen dinamismo y una parte importante de los productos enviados a Estados Unidos queda amortiguada por la matriz exportadora y por las condiciones del DR-Cafta. Pero sería un error confundir resiliencia con garantía permanente. El mundo cambió. Hoy el comercio global exige trazabilidad, cumplimiento laboral, seguridad aduanera, sostenibilidad, certificaciones, origen verificable y cadenas de suministro transparentes. Exportar más ya no basta; hay que exportar mejor.
En ese sentido, el Decreto 502-26 debe entenderse como una respuesta necesaria y estratégica. Al fortalecer las facultades de la Dirección General de Aduanas para prevenir, identificar y restringir mercancías vinculadas al trabajo forzoso, el país no solo responde a una presión externa. También actualiza su marco institucional frente a las nuevas reglas del comercio internacional. La lucha contra el trabajo forzoso no debe verse como una concesión a Washington, sino como parte de una política nacional de reputación, comercio responsable y defensa de la producción formal.
La DGA queda colocada en el centro de esta coyuntura. Aduanas ya no es solo una institución recaudadora. Hoy certifica confianza, controla riesgos, verifica cadenas de suministro, facilita comercio seguro y proyecta credibilidad internacional. Cada contenedor, cada certificado y cada proceso aduanero deben hablar el idioma de la transparencia. Si la DGA actúa con rigor técnico, debido proceso y coordinación interinstitucional, fortalecerá la posición dominicana en la negociación con Estados Unidos y en la competencia regional por inversión.
Pero la agenda no termina en el arancel. La República Dominicana debe convertir esta presión en oportunidad. El nearshoring abre una ventana histórica para atraer empresas que buscan producir más cerca de Estados Unidos. Sin embargo, estar cerca de Miami no basta. El país necesita energía competitiva, puertos eficientes, aduanas modernas, seguridad jurídica, talento técnico, financiamiento productivo y una política industrial más sofisticada. Deben priorizarse sectores como dispositivos médicos, farmacéutica, agroindustria, servicios globales, manufactura avanzada, logística de valor agregado, electrónica ligera y tecnologías de información.
La reforma de la Ley de Hidrocarburos también forma parte de esta discusión. No hay competitividad sostenible con una matriz energética vulnerable y dependiente de un mercado petrolero que el país no controla. Modernizar esa legislación, diversificar la matriz, impulsar renovables, fortalecer transmisión, promover almacenamiento y mejorar eficiencia energética no son temas secundarios. Son condiciones básicas para atraer inversión, sostener zonas francas, apoyar mipymes y competir en cadenas globales.
La frase “vamos a terminar bien” debe asumirse como compromiso, no como consigna. Terminar bien significa negociar con cabeza fría, fortalecer controles, proteger el aparato productivo, modernizar la energía, aprovechar el nearshoring y construir una doctrina nacional de competitividad. La coyuntura arancelaria pasará; lo importante será lo que quede después: una República Dominicana más confiable, más productiva y más consciente de su papel en el nuevo tablero comercial.
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