La cifra no es un número: son hogares destrozados, proyectos truncados y rutas que se convierten en cementerios por la inacción colectiva. Más de 1,478 personas muertas y 3,350 lesionadas en lo que va del año, con 979 víctimas en motocicletas, exigen que dejemos de normalizar la tragedia en la RepúblicaDominicana. No basta con discursos institucionales ni con jornadas aisladas; la seguridad vial debe dejar de ser un tema de conmemoración para convertirse en una política pública prioritaria, con metas claras, recursos asignados y rendición de cuentas real. Cada vida perdida es una deuda moral que la sociedad no puede seguir postergando.
La prevención no es solo responsabilidad del conductor: es obligación del Estado, de las empresas, de los urbanistas y de quienes legislan. La apertura de la Segunda Edición de la Semana de Seguridad Vial y la participación de autoridades que explican la Ley 63-17 y el Código Penal 74-25 son pasos necesarios, pero insuficientes si no se traducen en inspecciones constantes, sanciones efectivas y campañas educativas que transformen comportamientos. Exigir cumplimiento de la ley debe ir acompañado de infraestructura segura: ciclovías protegidas, pasos peatonales iluminados, reductores de velocidad bien ubicados y control real del exceso de velocidad. La norma sin su aplicación es un papel que no devuelve vidas.
La cultura vial se construye desde la escuela y desde la calle: programas obligatorios de educación vial en todos los niveles, formación continua para conductores profesionales y campañas creativas que lleguen a jóvenes y motociclistas, quienes hoy concentran gran parte de las víctimas. Las instituciones como AduanasRD y Digesset pueden liderar alianzas público-privadas para financiar simuladores, talleres comunitarios y sistemas de monitoreo que permitan identificar puntos críticos y actuar antes de que ocurra la próxima tragedia. Invertir en prevención es ahorrar vidas y reducir costos sociales y económicos que hoy pagamos con sangre.
No es hora de excusas: proponemos un pacto nacional por la seguridad vial con metas trimestrales, indicadores públicos y participación ciudadana vinculante. Que cada municipio tenga su plan de reducción de siniestros, que las empresas exijan protocolos de movilidad segura a sus colaboradores y que la justicia aplique con firmeza las sanciones previstas para conductas de alto riesgo. Solo así convertiremos la Semana de Seguridad Vial en el inicio de una transformación sostenida, donde las cifras de hoy sean el punto de inflexión y no la crónica de una tragedia anunciada.
