El presidente Luis Abinader declara de alto interés nacional «El combate al terrorismo medioambiental»

La pertinencia de la medida no admite discusión seria. La República Dominicana es un territorio insular de biodiversidad excepcional y, al mismo tiempo, de fragilidad extrema, donde la tala ilegal, la extracción no autorizada de agregados, la minería criminal, la contaminación de cauces y la urbanización desordenada han venido erosionando durante décadas el patrimonio natural que sostiene el agua, la agricultura, el turismo y, en última instancia, la vida. Nombrar a esos actos «terrorismo medioambiental» no es una exageración semántica: es reconocer que quien destruye una cuenca hidrográfica prioritaria, arrasa un bosque o envenena un río no comete una simple infracción administrativa, sino que atenta contra el bienestar colectivo de generaciones presentes y futuras. La declaratoria protege expresamente las cuencas hidrográficas prioritarias, los bosques, los ríos, los humedales, los arrecifes y las reservas de agua, y establece un esquema de coordinación interinstitucional para enfrentar amenazas consideradas estratégicas. El anuncio de que no se entregará «ni un metro» de los parques nacionales marca, además, una línea política clara frente a las presiones inmobiliarias y extractivas que históricamente han asediado las áreas protegidas. [hoy.com.do], [acento.com.do] [acento.com.do]

Conviene, sin embargo, situar esta decisión dentro de una trayectoria más amplia de la actual gestión, porque el decreto no nace en el vacío. Apenas meses atrás, el Ejecutivo había emitido el Decreto 531-25, que declaró de alta prioridad la recuperación de los ríos Ozama e Isabela, y el Ministerio de Medio Ambiente había dispuesto, mediante la Resolución 002-2026, la intervención de urgencia del río Haina, degradado durante décadas por la extracción ilegal de materiales y la deforestación de sus márgenes. A ello se suma que Santo Domingo fue en junio de 2026 la sede de la Asamblea General de la Red Jaguar, el foro regional más relevante de cooperación contra el crimen ambiental organizado, donde el país consolidó su liderazgo a través del Servicio Nacional de Protección Ambiental. La declaratoria de este miércoles, entonces, corona una secuencia de decisiones que revela una voluntad de convertir la protección ambiental en política de Estado, y no en un episodio aislado. Esa coherencia es, en sí misma, una fortaleza que merece reconocimiento. [ambiente.gob.do], [larazon.do] [acento.com.do]

Y no obstante, la historia dominicana obliga a la prudencia y a la exigencia. El propio caso de los ríos Ozama e Isabela es aleccionador: en los últimos sesenta y seis años, seis gobiernos distintos han prometido su rescate mediante decretos, comisiones y planes, y el resultado ha sido, sistemáticamente, la continuidad de los anuncios y la discontinuidad de la ejecución. Desde el Cinturón Verde de Balaguer hasta el Plan Cigua de Fernández, pasando por las promesas masivas de viviendas de Mejía, la ruta del rescate ambiental ha estado empedrada de instrumentos legales que nunca se tradujeron en transformaciones sostenidas. Esa memoria no debe desalentar la nueva declaratoria, pero sí debe vacunarla contra el destino de convertirse en un documento más archivado. La diferencia entre un decreto que cambia la realidad y uno que la decora está en la ejecución, en el presupuesto asignado, en la persecución judicial efectiva y en la continuidad que trascienda los ciclos electorales. [diariolibre.com] [informe56.com]

De ahí que las recomendaciones al Poder Ejecutivo deban formularse con la misma firmeza con que se celebra la medida. La primera es dotar de dientes reales al decreto: la incorporación de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público solo será significativa si se acompaña de fiscalías ambientales especializadas, de jueces capacitados en delitos contra la naturaleza y de sanciones que rompan la sensación de impunidad que ha alimentado la depredación. La segunda es garantizar la trazabilidad y la transparencia: el país necesita un sistema público de monitoreo satelital y de datos abiertos que permita a la ciudadanía verificar, en tiempo real, el estado de sus bosques, cuencas y áreas protegidas, porque la vigilancia social es el mejor complemento de la vigilancia estatal. La tercera es blindar la sostenibilidad financiera de la política, de modo que el combate al terrorismo medioambiental cuente con asignaciones plurianuales protegidas y no dependa de la coyuntura fiscal de cada ejercicio. Y la cuarta, quizás la más delicada, es evitar que el legítimo uso del aparato de seguridad del Estado derive en criminalización de comunidades vulnerables o en persecución selectiva; la fuerza debe recaer sobre las mafias organizadas que lucran con la destrucción, no sobre los pobres que habitan las riberas por ausencia de alternativas.

La República Dominicana ha dado, con esta declaratoria, un paso valiente y necesario en la dirección correcta. Elevar la defensa de la naturaleza a la categoría de seguridad nacional es reconocer una verdad que el siglo XXI impone con crudeza: no hay soberanía posible sobre un territorio devastado, ni desarrollo sostenible sobre ríos muertos y bosques arrasados. El bosque, el río y el arrecife son también patria, y protegerlos es una forma superior de patriotismo. El decreto ha nombrado el problema con la contundencia que merecía; corresponde ahora al Estado y a la sociedad entera asegurar que esta vez las palabras se conviertan en hechos, y que la firmeza del lenguaje no se diluya, como tantas veces, en la corriente de las buenas intenciones. Porque de la suerte de nuestros ecosistemas depende, literalmente, la suerte de la nación.